Acusan a 2 migrantes con TPS de defraudar programa de asistencia por el COVID-19
.jpg "Dos venezolanos con TPS fueron acusados en Miami de defraudar al programa de ayuda por la COVID-19 financiado por el gobierno de EEUU.")
Dos migrantes fueron acusados de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero tras presentar solicitudes falsas a un programa de asistencia financiera por el COVID-19.
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida informó este martes que los acusados son Freddy Urribarri, de 42 años, y Mairilin Muñoz, de 39 años, ambos venezolanos y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) que les permitió permanecer legalmente en Estados Unidos tras su ingreso al país.
Según las autoridades, Urribarri y Muñoz —quienes residían en Dania Beach al momento de su arresto— conspiraron para defraudar al Programa de Protección de Nómina (PPP) mediante la presentación de solicitudes fraudulentas para obtener fondos de ayuda durante la pandemia.
Este programa fue creado para asistir a pequeñas empresas afectadas económicamente por la crisis del COVID-19.
La fiscalía indicó que los acusados enviaron dos solicitudes de préstamo para supuestas empresas unipersonales, respaldadas por documentación fiscal falsa.
También impulsaron una solicitud fraudulenta a nombre de FU&MM General Services, una empresa que controlaban como presidente y vicepresidenta. En dicha solicitud inflaron los ingresos y el número de empleados de la compañía, lo que llevó al prestamista a aprobar un préstamo por aproximadamente $438,000.
Tras recibir los fondos, Urribarri y Muñoz habrían participado en un esquema para ocultar el origen ilícito del dinero.
Muñoz, además, presuntamente realizó transacciones por más de $10,000 con fondos obtenidos a través del fraude.
Ambos también habrían presentado documentos fiscales falsos para respaldar una solicitud de condonación del préstamo PPP, señalaron las autoridades.
El 17 de mayo de 2021, el Fiscal General de Estados Unidos creó el Grupo de Trabajo contra el Fraude por COVID-19, con el fin de movilizar recursos del Departamento de Justicia en colaboración con otras agencias federales para investigar, prevenir y sancionar este tipo de delitos.
Este grupo busca fortalecer la persecución penal de sospechosos tanto nacionales como internacionales, y brindar apoyo a las agencias encargadas de administrar los programas de ayuda, con el fin de detectar y evitar fraudes.
