Deportaciones masivas costarían miles de millones a EEUU impactando a la economía
Deportar de Estados Unidos a 11 millones de migrantes indocumentados no sólo reduciría el Producto Interno Bruto (PIB) hasta en 7.4% sino que podría costar al gobierno y los contribuyentes más de $150,000 millones, según un análisis.
La firma Eagan Immigration analizó el impacto negativo en la economía estadounidense y en los contribuyentes de las deportaciones masivas de migrantes planeadas por la administración del presidente Donald Trump.
“Publicamos este informe en respuesta a la narrativa peligrosa y engañosa que está promoviendo la administración actual. Se está retratando a los inmigrantes indocumentados como una carga para el país, cuando en realidad, su contribución es inmensa. La mayoría no recibe beneficios del gobierno, y son esenciales para la economía y las comunidades”, dijo a el Nuevo Herald la abogada Alexandra Gillett de Eagan Inmigration.
La idea de que deportar a millones traerá un beneficio financiero es completamente falsa. Es una política costosa, no rentable, que ignora los datos concretos sobre cómo los inmigrantes apoyan industrias esenciales y sostienen economías locales y nacionales, afirmó.
El análisis determinó que las deportaciones masivas reducirían el PIB real hasta en un 7.4% para 2028, afectando particularmente a estados como California, Texas y Florida.
Esta reducción se explica, en parte, por el papel que juegan los inmigrantes en la innovación y el emprendimiento: tienen un 80% más de probabilidades de iniciar un negocio que los estadounidenses, más del 40% de las empresas Fortune 500 fueron fundadas por inmigrantes y los inmigrantes han contribuido al desarrollo del 30% de las patentes en industrias.
“En momentos donde enfrentamos desafíos económicos significativos, implementar políticas que reducirían nuestro PIB en más del 7% resulta de efecto devastador y trunca los sueños de millones de familias que llegaron a Estados Unidos buscando una oportunidad”, dijo Lauren Eagan, abogada fundadora de la firma.
Reducción de ingresos fiscales
En cuanto al impacto en los ingresos fiscales habría una disminución sustancial debido a que los inmigrantes indocumentados aportan $96,700 millones en impuestos federales, estatales y locales.
Seis estados recaudan más de $1,000 millones anuales cada uno en ingresos fiscales de inmigrantes indocumentados y entre esos está Florida con $1,800 millones.
La fuerza laboral también se vería impactada. Una deportación masiva eliminaría trabajadores de sectores clave: 1.5 millones en la construcción, 1 millón en la hostelería, 870,400 en la manufactura y 224,700 en la agricultura, de acuerdo con el análisis.
“Estos datos evidencian lo que muchos economistas han señalado durante años: las deportaciones masivas representarían un perjuicio económico sin precedentes para Estados Unidos. Necesitamos soluciones migratorias que reconozcan la realidad económica y las contribuciones fundamentales que los inmigrantes hacen a nuestra nación”, dijo Eagan.
Obstáculos para deportaciones
Llevar a cabo un plan de deportaciones masivas podría enfrentar obstáculos desde el punto de vista legal, dijo Gillett a el Nuevo Herald.
Enfrentaría graves desafíos constitucionales, logísticos y humanitarios, y actualmente “estamos viendo cómo estos problemas se están manifestando en los tribunales”.
Gillett dijo que la Constitución de EEUU garantiza el debido proceso a todas las personas, no solo a los ciudadanos estadounidenses. Esto significa que la mayoría de los inmigrantes indocumentados en el país tienen derecho a una audiencia justa antes de ser deportados.
Existen excepciones. Las personas que llegan a un puerto de entrada o que están sujetas a remoción expedita pueden no tener derecho a una audiencia ante un juez de inmigración, indicó.
“Cualquier intento de omitir o acelerar el debido proceso que se debe a los inmigrantes —independientemente de su estatus— podría enfrentar desafíos legales y ser bloqueado en los tribunales, como ya ha sucedido con otras medidas de aplicación agresiva”, explicó.
Otro de los obstáculos es el posible colapso del sistema judicial migratorio. Actualmente hay más de 3 millones de casos atascados en el sistema de tribunales de inmigración.
Añadir 11 millones más, el número de inmigrantes que se calcula viven en el país sin un estatus migratorio legal, colapsaría por completo el sistema e impediría procesar los casos de manera justa y oportuna, advirtió Gillett.
“La propia administración Trump ha reconocido esto y lo ha usado como argumento para limitar el debido proceso a los inmigrantes indocumentados, pero este derecho está garantizado por la Constitución, sin importar el estatus migratorio”, dijo.
Alternativas a la deportación
Gillett consideró que existen enfoques más efectivos y humanos para abordar la inmigración, que fortalecerían al país en lugar de perjudicarlo.
Ofrecer un camino hacia el estatus legal para personas que han vivido durante muchos años en EEUU generaría beneficios reales.
“Muchos inmigrantes indocumentados tienen hijos ciudadanos, empleos estables y ya pagan impuestos. Regularizar su estatus ampliaría la fuerza laboral, aumentaría la recaudación fiscal y ayudaría a mantener unidas a las familias”, detalló.
También traería estabilidad a las comunidades y apoyaría el crecimiento económico a largo plazo.
Modernizar al sistema migratorio
Gillett se pronunció a favor de una reforma migratoria inteligente al considerar que no se ha realizado una actualización integral de las leyes desde los años 90. “Una reforma migratoria real es urgente y necesaria”.
Necesitamos leyes que ofrezcan una verdadera oportunidad de obtener estatus legal, ya sea temporal o permanente.
En su opinión el sistema actual es excesivamente complejo y en la práctica, las agencias migratorias actúan con poca transparencia y mucha inconsistencia.
Si el sistema fuera accesible para quienes desean vivir y trabajar legalmente en este país, se vería una reducción en la población indocumentada y “nos alejaríamos de la narrativa de ‘crisis’ en la frontera”.
“Necesitamos modernizar el sistema migratorio con cambios legislativos verdaderos que respeten los derechos humanos, satisfagan las demandas del mercado laboral y reflejen los valores de nuestra nación”, expresó la abogada.
Los datos usados para el análisis fueron recopilados de varias fuentes como Peterson Institute for International Economics PIIE; Economic Innovation Group EIG; American Inmigration Council; Immigration Policy Institute MPI; Institute on Taxation and Economic Policy ITEP; Center on Budget and Policy Priorities CBPP; Massachusetts Institute of Technology MIT y National Inmigration Forum.
Esta historia fue publicada originalmente el 14 de mayo de 2025, 1:49 p. m..
