USCIS a 100 días: balance de acciones migratorias y críticas por derechos humanos
Las autoridades de Inmigración aseguran que en los primeros 100 días de la administración de Trump desmantelaron las “desastrosas políticas humanitarias” de la era Biden, que, según argumentan, facilitaron el fraude y permitieron la permanencia de presuntos “delincuentes extranjeros”. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denuncian que las nuevas medidas promueven deportaciones sin el debido proceso y exponen a los migrantes a persecución.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que durante ese período ha estado cumpliendo con el objetivo de la administración de poner fin a los “programas de permisos categóricos”, los cuales —según indicó— contravienen la política migratoria de Estados Unidos.
Esto incluye, precisó, poner fin al “abuso generalizado” de permisos de ingreso por razones humanitarias, eliminando el programa de parole humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, y asegurando que las solicitudes de entrada sean evaluadas caso por caso.
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Aproximadamente 531,000 extranjeros han sido notificados de la terminación de su permiso de permanencia temporal y autorización de empleo y se les ha exhortado a utilizar la aplicación CBP Home de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para informar sobre su salida de EEUU.
USCIS también revocó la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Haití aprobada por la administración anterior, y canceló la extensión de la designación de Venezuela de 2023.
Matthew Tragesser, portavoz de USCIS, dijo que por primera vez en “décadas” se está garantizando que todos los extranjeros en Estados Unidos estén registrados, como lo exige la ley.
“En los primeros 100 días, USCIS puso fin a las desastrosas políticas ‘humanitarias’ de la era Biden, que invitaban al fraude y permitían que extranjeros con antecedentes criminales vivieran y trabajaran legalmente en nuestras comunidades; y facilitó el arresto de delincuentes que intentaban obtener beneficios de inmigración”, declaró Tragesser.
La agencia colabora activamente con otros entes encargados de hacer cumplir las leyes de inmigración y seguridad pública, incluyendo la facilitación de 369 arrestos en oficinas locales de USCIS desde el 20 de enero de 2025.
Entre los esfuerzos de detección y verificación realizados desde esa fecha se incluyen: la finalización de 7,120 investigaciones por fraude de beneficios; la identificación de irregularidades en 4,664 registros; el envío de 462 casos de fraude y 4,672 registros vinculados a seguridad pública al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para su investigación o procesamiento legal.
Se realizaron 2,271 visitas a lugares de trabajo, y se investigó la actividad de 3,568 personas en redes sociales.
USCIS explicó que ha comenzado a monitorear indicios de antiamericanismo en redes sociales, considerando como factor negativo cualquier contenido que indique que un extranjero respalda, propugna, promueve o apoya el terrorismo antisemita, organizaciones terroristas antisemitas, u otra actividad antisemita o antiestadounidense en los análisis discrecionales al evaluar solicitudes de beneficios migratorios.
Otra medida implementada fue la revisión de la base de datos del sistema de Verificación Sistemática de Derechos de Extranjeros (SAVE), con el objetivo de eliminar las tarifas de transacción para los usuarios del gobierno estatal, local, territorial y tribal, agilizar las verificaciones masivas de estatus migratorio e integrar antecedentes penales, plazos migratorios y direcciones en los resultados.
Esto, según la agencia, ayudará a prevenir que extranjeros exploten beneficios públicos financiados por los contribuyentes o voten ilegalmente.
USCIS también suspendió la coordinación de ceremonias de naturalización con las ciudades santuario, que “restringen la capacidad de las fuerzas del orden” para hacer cumplir las leyes de inmigración y mantener a las comunidades estadounidenses “a salvo de los extranjeros indocumentados y violentos”.
“Extranjeros, abogados de inmigración y organizaciones no gubernamentales, tomen nota: los días de explotar nuestro sistema de inmigración han terminado. Los extranjeros que quieran vivir y trabajar en Estados Unidos deben hacerlo legalmente o salir”, afirmó Tragesser.
‘Ataques implacables’
Para la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), estos han sido 100 días de “ataques implacables” contra los inmigrantes. La organización ha presentado más de 100 acciones legales en una lucha que, según afirmó, está librando en el Congreso, en los tribunales y en las calles para detener dichas políticas.
“Durante los últimos 100 días, la administración Trump ha abusado de su poder para silenciar y castigar a quienes no están de acuerdo con ella. Las políticas de crueldad del presidente Trump están destrozando familias y perjudicando a millones, y estamos haciendo todo lo posible para detenerlas”, aseguró.
Entre las acciones legales destacadas, la ACLU presentó una demanda tan solo dos horas después de que Trump intentara negar la ciudadanía por nacimiento a los bebés nacidos en territorio estadounidense, logrando una orden judicial preliminar que bloqueó la aplicación de esa medida ejecutiva, calificada como “manifiestamente inconstitucional”.
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La organización también presentó demandas para impedir las deportaciones aceleradas, evitar que Trump envíe inmigrantes a la Bahía de Guantánamo, poner fin al uso ilegal de la Ley de Enemigos Extranjeros, y detener los esfuerzos del gobierno por cerrar por completo el acceso al asilo en la frontera.
Asimismo, demandó para proteger la atención médica que reafirma el género para jóvenes trans, garantizar que todas las personas puedan obtener pasaportes válidos, y defender a estudiantes y académicos que han sido detenidos y amenazados con la deportación por expresar su discurso —protegido por la Constitución— en apoyo a los derechos palestinos.
“Puede que Trump lleve 100 días en el cargo, pero tenemos más de 100 años de experiencia para detener sus ataques”, afirmó la ACLU.
Arrestos y expulsiones
ICE también informó de las acciones emprendidas durante ese período diciendo que arrestó a 66,463 migrantes indocumentados y expulsó a 65,682, incluyendo “delincuentes” que amenazan la seguridad pública y nacional.
Puntualizó que tres de cada cuatro arrestos fueron delincuentes indocumentados, pero no ofreció detalles.
Esta agencia incrementó significativamente los arrestos y deportaciones con la ayuda de las agencias policiales estatales y locales a través del Programa 287(g). La Dirección de Operaciones de Deportación y Cumplimiento de ICE tiene 579 acuerdos pendientes y firmados con departamentos de policía de todo el país.
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Desde el 20 de enero, se han firmado 444 nuevos acuerdos a nivel nacional.
Todd M. Lyons, director interino de ICE, dijo que los migrantes arrestados incluyen 2,288 pandilleros del Tren de Aragua, la MS-13, la pandilla Calle 18 y otras pandillas. Además, 1,329 fueron acusados o condenados por delitos sexuales, y 498 fueron acusados o condenados por asesinato.
“Hemos deportado a más de 65,000 inmigrantes indocumentados a países de todo el mundo”, declaró Lyons. “Llevamos tan solo 100 días en esta administración y, gracias al presidente Trump y a la secretaria Noem, ICE está utilizando todas las herramientas a su disposición para hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestro país y proteger a nuestras comunidades”.
Durante ese período la oficina de Investigaciones de Investigaciones (HSI) ha arrestado a más de 1,000 trabajadores indocumentados y ha propuesto multas superiores a un millón de dólares contra las empresas que explotan y contratan a trabajadores sin estatus legal.
La semana pasada, HSI desmanteló una red de tráfico de personas presuntamente responsable de traer entre 500 y 700 inmigrantes indocumentados a Estados Unidos cada año, extranjeros que el gobierno estadounidense nunca investigó, según la subdirectora del ICE, Madison D. Sheahan.
Riesgos para los derechos humanos
Human Rights Watch (HRW) ha documentado 100 políticas, órdenes y acciones ejecutivas de la actual administración que, según señala, representan riesgos significativos para los derechos humanos de personas que viven tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo.
“Se desconoce el alcance y el impacto a largo plazo de estas políticas y acciones. Muchas de estas políticas que violan los derechos humanos están en marcha; muchas también enfrentan recursos judiciales interpuestos por los afectados, y su resolución podría tardar meses o años”, indicó en un reporte.
Entre esas políticas, la organización destacó la deportación de personas a lugares donde enfrentan riesgos reales de persecución, tortura y otros abusos graves.
HRW denunció que, sin garantizar el debido proceso, el gobierno arrestó y deportó sumariamente a 137 venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una “ley arcaica” de 1798 que no se había aplicado desde la Segunda Guerra Mundial.
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Estos venezolanos fueron trasladados a El Salvador y encarcelados —“arbitrariamente, indefinidamente e incomunicados”— en una prisión de mala reputación en San Salvador. Las personas recluidas en el penal, conocido como Centro para la Contención del Terrorismo (CECOT), corren el riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos, advirtió HRW.
También se mencionó el caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue devuelto a El Salvador a pesar de una orden judicial que prohibía su regreso, en lo que el propio gobierno reconoció como un error. No obstante, no se ha hecho ningún esfuerzo por remediar la situación.
Asimismo, decenas de personas venezolanas han sido sometidas a procesos de deportación acelerada y enviadas a la base naval de EEUU en la Bahía de Guantánamo, Cuba, donde enfrentan condiciones abusivas y acceso muy limitado a asistencia legal y a sus familiares.
Muchas de estas personas habían huido de Venezuela por las graves condiciones humanitarias y de derechos humanos. Algunas contaban con TPS, que les permitía residir legalmente en Estados Unidos, pero han sido devueltas desde Guantánamo a Venezuela, señaló HRW.
Inmigrantes haitianos en Estados Unidos, algunos con estatus legal, también han sido sometidos a un proceso de deportación acelerada y deportados a Haití. Las deportaciones continúan a pesar del deterioro de la seguridad en el país, incluyendo frecuentes ataques de grupos criminales.
En cuanto al acceso a asilo, HRW dijo que cientos de solicitantes —incluidas familias con niños— provenientes de Afganistán, Camerún, China, Pakistán, Rusia, Uzbekistán y otros países con un historial deficiente en materia de derechos humanos, han sido impedidos por funcionarios de CBP de iniciar procedimientos de asilo.
Posteriormente, fueron arrestados, detenidos y deportados sumariamente a Costa Rica y Panamá. En Panamá, a los solicitantes de asilo se les han negado sus derechos y se les ha detenido en condiciones abusivas, lo que ha obligado a muchos a regresar voluntariamente a sus países de origen, detalló.
“Una orden ejecutiva del gobierno, ‘Protegiendo al Pueblo Estadounidense Contra la Invasión’, afirmó que Estados Unidos se enfrenta a una ‘invasión’ de extranjeros, lo que otorga a los funcionarios estadounidenses la autoridad para retirar el acceso al asilo hasta que termine la supuesta ‘invasión’”, dijo HRW.
HRW advirtió que impedir el acceso a los procedimientos de asilo a personas que temen ser perseguidas en sus países de origen viola el derecho internacional de los refugiados.
Esta historia fue publicada originalmente el 30 de abril de 2025, 0:42 p. m..
