Migrantes expulsados por EEUU a Panamá: ‘A nadie le importó, nadie nos escuchó’
Una afgana que huía de un matrimonio forzado llevaba diez días detenida en Estados Unidos cuando una mañana agentes dijeron su nombre y los de otras personas, los formaron en fila, y ella se sintió feliz porque pensó que serían liberados. Pero los subieron a aviones militares y, al aterrizar, se dieron cuenta de que estaban en Panamá.
La joven, de 21 años, formó parte de los 299 migrantes que Estados Unidos expulsó masivamente a terceros países —específicamente a Panamá— el pasado febrero negándoles el derecho al debido proceso y a solicitar asilo, de acuerdo con un informe publicado este jueves por Human Rights Watch (HRW).
El reporte, titulado “‘A nadie le importó, nadie nos escuchó’: Expulsión de ciudadanos de terceros países desde Estados Unidos a Panamá”, documenta estas expulsiones masivas hacia ese país centroamericano y expone las duras condiciones de detención y los malos tratos que sufrieron tanto en Estados Unidos como en Panamá.
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HRW afirmó que tanto Estados Unidos como Panamá mantuvieron a estas personas detenidas en régimen de incomunicación y bajo condiciones precarias.
Muchas habían huido de persecución por motivos étnicos, religiosos, de género, orientación sexual, vínculos familiares y opiniones políticas, precisó la organización de derechos humanos.
“Estados Unidos envió a personas encadenadas a un país desconocido, sin darles ninguna oportunidad para solicitar asilo”, afirmó Bill Frelick, director de la División de Derechos de Refugiados y Migrantes de HRW. “Tanto Estados Unidos como Panamá tienen el deber de garantizar procesos de asilo justos: nadie debería ser devuelto por la fuerza a un lugar en el que correría peligro y sin realizar una evaluación completa y justa de su solicitud de refugio”.
HRW entrevistó en persona a 48 de las 299 personas expulsadas: 15 hombres, 32 mujeres y un niño provenientes de Afganistán, Angola, Camerún, China, Eritrea, Etiopía, Irán, Nepal, Pakistán, Rusia, Somalia, Sri Lanka y Uzbekistán.
Todas habían cruzado la frontera entre Estados Unidos y México después de la toma de posesión del presidente Donald Trump, el 20 de enero de 2025.
Prohibido pedir asilo
El día de la toma de posesión, Trump calificó que había una “invasión” de “extranjeros” en la frontera sur y ordenó prohibir el acceso al asilo para quienes cruzaran la frontera de forma irregular. Esto a pesar de que la ley estadounidense garantiza el derecho a solicitar asilo a quienes se encuentran en la frontera o en suelo estadounidense, sin importar su estatus migratorio, recordó HRW.
La organización afirmó que todos los entrevistados intentaron solicitar asilo en Estados Unidos. Muchos de ellos hicieron un gran esfuerzo para comunicar a las autoridades estadounidenses su deseo de solicitar asilo y el temor que tenían a ser devueltos a sus países de origen.
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A pesar de ello, ninguno fue entrevistado sobre los motivos por los que huyeron ni se les preguntó si temían regresar a sus países.
“No entendía por qué no me prestaban atención, hasta que un funcionario de migración me dijo que el presidente Trump había puesto fin al asilo, así que iban a deportarnos”, dijo una mujer iraní, de 27 años, que había huido de su país por temor a ser detenida y perseguida por las autoridades tras convertirse al cristianismo.
HRW advirtió que los conversos en Irán enfrentan violaciones graves de derechos humanos y, en algunos casos, la pena de muerte.
La organización detalló que las personas fueron mantenidas detenidas en EEUU bajo condiciones inadecuadas: en habitaciones extremadamente frías, sin posibilidad de contactar a familiares o abogados, sin información clara sobre su situación legal y sin saber adónde serían trasladadas. Muchas fueron esposadas, encadenadas y subidas a aviones militares con destino a Panamá.
En Panamá, las autoridades las mantuvieron incomunicadas, primero en un hotel de Ciudad de Panamá, y luego en una estación de recepción migratoria (ERM) en la provincia del Darién, cerca de la frontera con Colombia.
Les confiscaron los teléfonos, no permitieron visitas y limitaron al máximo el contacto con el exterior.
‘Retorno voluntario asistido’
A principios de marzo fueron liberados, después de que las autoridades panameñas les expidieron un “permiso temporal humanitario” de 30 días, prorrogables hasta 90, y les dijeron que debían aprovechar ese tiempo para gestionar su traslado, ya fuera regresando a sus países de origen o hacia un tercer país.
En abril, Panamá prorrogó estos permisos por 60 días adicionales.
De los 299 expulsados a Panamá, 180 retornaron a sus países de origen, con el patrocinio del programa de “retorno voluntario asistido” de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
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HRW cuestionó la “voluntariedad” de esos retornos, dadas las condiciones de detención y la falta de alternativas reales.
Un ruso gay de 28 años de años, que huyó por persecución debido a su orientación sexual, contó que, pese a expresar su temor a ser arrestado si regresaba, un funcionario de la OIM le dijo: “No tienes otra opción que regresar a tu país”.
Recomendaciones
HRW dijo que Estados Unidos debe poner fin a la expulsión o al traslado forzado de personas a terceros países, debería permitir que las personas expulsadas “injustamente” regresen y soliciten asilo de acuerdo con sus obligaciones internacionales.
“La expulsión de estos solicitantes de asilo desde Estados Unidos fue injusta y se deben tomar medidas para rectificar el maltrato que sufrieron a manos del gobierno estadounidense. Pero ahora Panamá tiene la responsabilidad de protegerlos”, dijo Frelick.
La organización enfatizó que Estados Unidos debe cesar la violación del principio de no devolución, es decir, no regresar a las personas a países en los que puedan enfrentar persecución y tramitar las solicitudes de asilo en su frontera, en lugar de externalizar esta responsabilidad a países con una capacidad limitada para evaluar las solicitudes o proporcionar protección.
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Panamá debe dejar de aceptar a nacionales de terceros países procedentes de Estados Unidos, consideró HRW.
En caso de reanudar los traslados, debe garantizar que solo se realicen bajo un acuerdo formal que asegure la estricta observancia de las garantías procesales y el cumplimiento del derecho internacional, incluyendo procedimientos completos y justos para solicitar asilo, así como el respeto absoluto al principio de no devolución.
Panamá debe garantizar que las personas que ya ha aceptado acoger puedan acceder a procedimientos completos y justos para solicitar asilo, indicó.
Esta historia fue publicada originalmente el 24 de abril de 2025, 1:22 p. m..
