Ley de Amnistía en Venezuela pone en riesgo a migrantes en Estados Unidos
La ley de Amnistía de Convivencia Democrática recientemente aprobada en Venezuela podría tener implicaciones para cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos que han solicitado asilo, TPS y otras formas de protección migratoria, alertaron organizaciones de Miami. La Asamblea Nacional de mayoría chavista aprobó el marco legal la semana pasada por unanimidad y de inmediato fue promulgado por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien dijo que se abría una puerta para que el país se reencuentre y “aprenda a convivir democrática y pacíficamente”.
Pero organizaciones de derechos humanos han alertado que la ley tiene un alcance limitado, es restrictiva y excluyente, perjudicando a venezolanos en el exterior, a militares y algunos opositores.
La advertencia fue realizada por la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX), Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) y el Foro Penal Internacional.
Helene Villalonga, presidenta de AMAVEX, dijo este lunes a el Nuevo Herald que se corre el riesgo de que se interprete que con la Ley de Amnistía los venezolanos que solicitaron protección en EEUU pueden regresar a su país sin enfrentar peligro de persecución.
Cuando en realidad todavía existen leyes castigan a los opositores, a activistas de derechos humanos y a los periodistas como el decreto de Conmoción Exterior en Venezuela, detalló.
Mientras que la ley de Amnistía excluyó a los venezolanos en el exterior que tienen Estatus de Protección Temporal (TPS), solicitudes de asilo, las personas acusadas de participar en rebeliones militares o golpes de Estado y a quienes presuntamente hayan solicitado sanciones o intervención extranjera.
“Nuestra posición el día de hoy es advertir la desventaja que tienen estos venezolanos si son removidos de Estados Unidos porque esta es la declaración absoluta de que persiste la persecución sobre aquellos venezolanos que tienen una base de persecución bajo la solicitud del asilo político y que no se le está reconociendo y corren riesgo de ser removido a Venezuela”, dijo Villalonga.
La activista calculó que estarían en riesgo cerca de un millón de venezolanos en EEUU incluyendo los que tienen TPS, parole humanitario y solicitudes de asilo político. “Ellos no van a tener ninguna protección”, aseveró. Explicó que la existencia de una amnistía no equivale automáticamente a la desaparición de las causas estructurales que dieron origen a la persecución.
Para los venezolanos en Estados Unidos que han solicitado asilo, TPS u otras formas de protección, el punto central es que cada caso migratorio se evalúa de manera individual y con base en evidencia concreta, indicó. “Sin embargo, mientras existan exclusiones públicas y continúe vigente un marco legal que criminaliza conductas de carácter político, no puede afirmarse de manera automática que la persecución haya cesado”, dijo la presidenta de AMEVEX.
Consideró que se necesita con urgencia proteger a los venezolanos dentro de Estados Unidos porque de regresar a Venezuela de antemano son considerados perseguidos políticos. “Y no puede haber ninguna ley que ofrezca justicia plena sin la garantía de las condiciones que hicieron necesarias la migración forzada, el asilo y la protección internacional”.
Militares venezolanos en EEUU en riesgo
José Antonio Colina, presidente de VEPPEX, denunció lo que calificó de grave situación en el caso de los militares que se encuentran en Estados Unidos, algunos amparados bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.
En territorio estadounidense -precisó- hay militares venezolanos con procesos de asilo político y algunos de ellos se encuentran en centros de detección de ICE en varios estados esperando ser deportados a Venezuela.
Colina tiene conocimiento directo de diez casos, dijo a el Nuevo Herald.
“La situación no ha cambiado en Venezuela, los militares no tienen amnistía, por lo tanto, no tiene ningún sentido encarcelarlos aquí para mandarlos a Venezuela o para un tercer país, que en muchos casos puede ser México o Ecuador, sin documentos ni dinero”, dijo.
También denunció que venezolanos con protección contra la tortura, que impide que sean enviados a Venezuela, “porque evidentemente van a ser torturados o sufrir violaciones de derechos humanos”, son detenidos en sus citas con las autoridades de Inmigración.
“Los están enviando de manera arbitraria a terceros países, en este caso México, sin cumplir con el debido proceso. El debido proceso establece que cuando una persona con Convención contra la tortura será deportada, tiene que hacer una entrevista de miedo creíble, si la persona manifiesta temor de persecución al país donde va a ir”, informó.
Un procedimiento que según Colina no están haciendo las autoridades estadounidenses de Inmigración y deportan a esas personas.
“Básicamente, los están tirando en México, lo cual no obedece a una deportación, sino básicamente a una expulsión de Estados Unidos. Entonces, se quedan allá sin documentos, sin dinero, sin forma de comunicarse”, afirmó.
Colina dijo que si bien es cierto que algunos aspectos en Venezuela están cambiando de manera transitoria, no sucede lo mismo en materia de seguridad y de cese de la persecución.
Para el presidente de VEPPEX la solución inmediata de protección a los venezolanos es aprobar la Salida Obligatoria Diferida (DED) que evitaría su deportación.
Amnistía excluyente
Munira Muñoz, representante del Foro Penal Internacional, destacó que la Ley de Amnistía está excluyendo a un grupo considerable de entre 400 a 600 personas, y especialmente los militares están siendo discriminados.
“Es totalmente limitada, restrictiva y excluyente. Sí es un alivio, pero no es para nada la solución. Tenemos el aparato represivo intacto. Hay unas cositas positivas, pero son más las negativas y seguimos con el mismo problema de los presos políticos”, dijo a el Nuevo Herald.
El Foro Penal en Caracas sometió un documento ante Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía de la Asamblea Legislativa exigiendo la revisión de 232 casos de presos políticos no contemplados en la ley.
Muñoz explicó que la amnistía es de orden público y debe aplicarse de oficio, no como es lo que está sucediendo con los venezolanos en el exterior que deben tener un representante legal en Venezuela que vaya a un tribunal y después tienen que ponerse a derecho en esa corte de manera presencial.
Una muestra de cómo está funcionando el proceso se registró este lunes. El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) denunció que los tribunales con competencia en terrorismo se negaron a recibir las solicitudes de sobreseimiento que, conforme a la Ley de Amnistía, pueden presentar las propias víctimas. “El #SNTP asistió y acompañó hoy a un grupo de periodistas en el Palacio de Justicia, quienes introducirían sus peticiones de sobreseimiento, de acuerdo con el artículo 11 de la misma Ley. Ningún tribunal recibió los escritos, aunque se trata de un trámite estrictamente secretarial. Tampoco fueron recibidos en la Unidad de Recepción de Documentos (URD)”, dijo.
Hasta el 22 de febrero el Foro Penal había verificado la excarcelación de 466 presos políticos.
Esta historia fue publicada originalmente el 23 de febrero de 2026, 2:18 p. m..
