Juez ordena que a los detenidos de Alligator Alcatraz se les dé más acceso a sus abogados
Resumen generado por IA y revisado por nuestra redacción.
- Un juez federal determinó que las autoridades deben garantizar comunicación plena entre detenidos y sus abogados.
- La orden exige que la administración DeSantis y el gobierno federal eliminen barreras que impedían el acceso legal.
- La decisión refuerza derechos constitucionales y podría afectar prácticas de detención en los Everglades.
Un juez federal emitió una resolución el viernes que obliga a la administración DeSantis y a las autoridades migratorias federales a ampliar el acceso de los detenidos a sus abogados en el centro de detención Alligator Alcatraz, en los Everglades.
La jueza del distrito de EEUU Sheri Polster Chappell emitió una resolución de 68 páginas que concedió parcialmente una solicitud de medida cautelar preliminar, permitiendo que los abogados visiten a sus clientes durante las horas de visita sin una cita previa programada, aumentando el número de teléfonos disponibles para cada detenido y exigiendo al estado que publique los protocolos para las visitas entre abogados y detenidos. La resolución también convirtió la demanda en curso contra el centro de detención migratoria temporal de la administración DeSantis en una acción de clase.
Sin embargo, Chappell falló a favor del estado en el asunto de las visitas no programadas de los abogados de inmigración al sitio de tiendas. Los abogados de derechos civiles que representan a los detenidos en la demanda habían sostenido que los letrados no podían simplemente presentarse sin avisar durante las horas de visita en el centro, una política disponible en otros centros de detención de inmigración.
El estado presentó pruebas al tribunal en el último momento que mostraban que había cambiado su política y que los abogados no necesitaban programar una cita, un movimiento que Chappell dijo que “tomó por sorpresa a los demandantes y al tribunal”.
Chappell, quien fue nombrada para el tribunal en 2013 por el presidente Barack Obama, cuestionó el momento de las pruebas y los testimonios aportados por los funcionarios gubernamentales. No obstante, aceptó que eran suficientes y resolvió que los demandantes no pudieron demostrar una violación de los derechos de la Primera Enmienda basada en la programación de visitas en persona.
Para responsabilizar al estado y al gobierno federal respecto a su política de permitir visitas no programadas de abogados al campo de detención de los Everglades, ordenó al gobierno “documentar por escrito la política de visitas legales no programadas; publicarla en sus sitios web pertinentes para el público, los abogados y los detenidos; y mantener las políticas publicadas actualizadas”.
La orden garantiza que un abogado pueda presentarse para reunirse con su cliente en el sitio durante las horas de visita todos los días de la semana sin obtener un permiso primero.
La resolución se da en el marco del caso en curso presentado por personas detenidas en el centro —que son representadas por la American Civil Liberties Union y otros grupos de derechos civiles— que acusan al Departamento de Gestión de Emergencias de Florida y al Departamento de Seguridad Nacional de violar los derechos de la Primera Enmienda de los detenidos al acceso a un abogado.
En su fallo, Chappell también señaló que los demandantes tenían probabilidad de éxito en su alegato de que la política del centro de grabar y monitorear las llamadas legales violaba los derechos de la Primera Enmienda de los detenidos.
Encontró que los abogados del gobierno argumentaban que las restricciones al acceso legal y la grabación de llamadas eran por “orden y seguridad”. Los letrados del gobierno habían dicho que “el acceso sin restricciones a los detenidos sin la programación adecuada causaría caos” y que además no contaban con el número de personal necesario para monitorear todas las solicitudes y llamadas.
“Lo que ellos [los funcionarios gubernamentales] no hacen es identificar cómo las llamadas legales sin monitoreo amenazarían el orden y la seguridad de la instalación”, escribió Chappell.
Chappell también consideró que el número de teléfonos accesibles para los detenidos era insuficiente.
“Dos teléfonos celulares son apenas una gota en el océano para una instalación que puede albergar a 3,000 detenidos”, escribió.
Ordenó al estado y al gobierno federal proporcionar al menos un teléfono por cada 25 detenidos para “realizar llamadas legales salientes oportunas, gratuitas, confidenciales, no monitoreadas y no grabadas”.
El tribunal también cuestionó cómo el estado y el gobierno federal daban a conocer sus políticas de acceso legal a los detenidos y a sus abogados.
“Dado que los Demandados o bien no registran sus políticas o no las actualizan cuando ocurren cambios, ¿cómo pueden posiblemente hacer los protocolos accesibles a cualquiera?”, escribió Chappell.
Escribió que el tribunal había revisado los sitios web e incluso buscado en Google para ver qué resultados aparecían sobre “protocolos de acceso de abogados” en la instalación pionera. Dijo que los abogados no podían encontrar ni siquiera “información básica” sobre el centro.
“No hay ninguna información en el sitio web de ICE sobre Alligator Alcatraz —ni una dirección, número de teléfono ni dirección de correo electrónico. Nada”, escribió.
Chappell ordenó al gobierno que “actualice y documente por escrito todos los protocolos para la comunicación abogado-cliente en inglés, español y criollo haitiano, incluidos, entre otros, el manual del detenido, las políticas de visitas legales y las políticas de llamadas legales”.
También ordenó que estas políticas se pongan a disposición del público en los sitios web de U.S. Immigration and Customs Enforcement y de la Florida Division of Emergency Management.
Los hechos subyacentes del caso aún deben ser resueltos, pero la resolución parcial del viernes fue una gran victoria para los defensores de inmigración que habían estado luchando por cerrar el controvertido sitio.
“Cuando una instalación obstruye el acceso oportuno y confidencial al abogado, hace que la representación legal significativa sea prácticamente imposible”, dijo Katie Blankenship, fundadora de Sanctuary of the South y demandante organizacional en este caso. “Eso no es una barrera menor; es una violación directa del debido proceso. La gente queda a la deriva para afrontar procedimientos migratorios que alteran su vida sin la capacidad de comunicarse con sus abogados. Esto es inconstitucional e inaceptable. El tribunal reconoció correctamente que estas políticas son ilegales y están causando un daño grave cada día”.
Chappell fijó una conferencia de estado procesal para el resto del caso en abril.
Esta historia fue publicada originalmente el 30 de marzo de 2026, 10:40 a. m. with the headline "Juez ordena que a los detenidos de Alligator Alcatraz se les dé más acceso a sus abogados."
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