Declaración revela lista de clientes del presidente de la Cámara de Florida, incluyendo Airbnb y Newsmax
Resumen generado por IA y revisado por nuestra redacción.
- La divulgación federal detalla clientes corporativos representados por Daniel Perez durante su trabajo legal privado.
- Entre los clientes figuraban Airbnb, Newsmax y CDR Maguire.
- Perez ganó 1,1 millones de dólares por su trabajo legal privado mientras ejercía como presidente de la Cámara.
Una declaración financiera federal recién presentada ofrece la mirada pública más clara hasta la fecha sobre la práctica legal privada del saliente presidente de la Cámara de Florida, Daniel Pérez, y revela que el republicano de Miami ha representado a un medio de comunicación de extrema derecha y a empresas con intereses financieros significativos ante el estado, incluidas una contratista gubernamental y un gigante de los alquileres vacacionales.
Entre los clientes de Pérez en los últimos dos años estuvieron CDR Maguire, una firma de consultoría propiedad de dos donantes republicanos que ha obtenido más de $120 millones en nuevos contratos gubernamentales desde 2024; Airbnb, cuyos intereses comerciales coincidían con una legislación que murió en la cámara de Pérez en la pasada sesión legislativa; y Newsmax, el canal pro-Trump que pagó $67 millones el año pasado para resolver una demanda por difamación sobre afirmaciones falsas acerca de las elecciones presidenciales de 2020.
Pérez, a quien el presidente Donald Trump nominó recientemente para servir como el próximo embajador de EEUU en Brasil, declaró haber ganado $1.1 millones por su trabajo legal privado durante el último año. Las normas federales sobre divulgaciones éticas exigían que Pérez revelara sus ingresos del año calendario anterior y enumerara a cualquier cliente que le hubiera pagado más de $5,000 en los últimos dos años.
Esa lista de clientes, contenida en una declaración financiera federal presentada el 12 de mayo y hecha pública la semana pasada como parte de la nominación de Pérez para embajador, ofrece una de las cuentas públicas más detalladas hasta la fecha sobre su trabajo legal externo.
La declaración plantea preguntas sobre hasta qué punto los clientes privados de Pérez tuvieron negocios ante el estado mientras él ejercía como uno de los funcionarios electos más poderosos de Florida. Aunque no hay evidencia en la divulgación de que Pérez actuara de forma indebida, y un funcionario federal de ética determinó que la presentación cumplía con leyes y reglamentos, algunas de las empresas que representó Pérez tenían negocios ante la Legislatura o el estado durante su mandato de dos años como presidente.
La naturaleza del trabajo legal de Pérez para cada cliente sigue sin estar clara. La declaración identifica a las empresas pero no describe los servicios que prestó ni si su trabajo involucró asuntos relacionados con el gobierno estatal de Florida.
En un comunicado al Herald/Times, Pérez señaló que “el Estado de Florida tiene un alcance amplio y casi no hay sector o industria —agricultura, construcción de viviendas, medicina— que no tenga alguna intersección con el gobierno estatal”.
“Como abogado, tengo la capacidad de elegir el trabajo que hago y rechazar cualquier trabajo que pueda plantear inquietudes éticas no solo para mí, sino para mi cliente”, agregó.
Uno de los clientes de Pérez, Airbnb, tenía un interés claro en una legislación sobre vivienda debatida recientemente que finalmente murió en la cámara de Pérez.
El Senado votó 38-0 para aprobar un proyecto en febrero que habría facilitado que propietarios en distritos zonificados para viviendas unifamiliares construyeran unidades accesorias de vivienda —comúnmente llamadas ADU o granny flats— en su propia propiedad “por derecho”. La medida habría impedido, en la práctica, que ciudades y condados impusieran trámites burocráticos a los propietarios que buscan construir esas unidades.
El proyecto del Senado, aprobado por unanimidad, también incluía una prohibición estricta del uso de las ADU como alquileres de corta duración —una medida que representaba una amenaza clara para el negocio de Airbnb y otras empresas de alquiler vacacional en puntos turísticos como Miami.
Bajo la dirección de Pérez, la Cámara avanzó su propia versión de la legislación que omitía la prohibición de los alquileres de corta duración. La medida se estancó en el comité y nunca llegó al pleno de la Cámara.
“No tuve ninguna participación con el proyecto de ADU. El presidente del Comité de Comercio de la Cámara, el representante James Buchanan, impulsó la posición de la Cámara en esa legislación”, dijo Pérez en su comunicado, y añadió que su “trabajo legal se ha limitado a transacciones entre partes privadas y a transacciones fuera de Florida”.
La divulgación financiera muestra que Pérez también recibió al menos $5,000 por servicios legales prestados a CDR Maguire en los últimos dos años. CDR Maguire forma parte de las empresas vinculadas a CDR Companies, con sede en Miami, cuyos ejecutivos, Carlos Duart y Tina Vidal-Duart, son aliados del gobernador Ron DeSantis y donantes de su fallida candidatura presidencial.
Tres otras empresas vinculadas a CDR recibieron $210 millones en contratos para los centros de detención de inmigración administrados por el estado que el estado denominó Alligator Alcatraz y Deportation Depot.
CDR Maguire en sí no recibió contratos para detención de inmigrantes, según los registros de contratos estatales, pero la firma de consultoría sí obtuvo $123 millones en otros nuevos contratos gubernamentales durante los últimos dos años. La mayoría de esos contratos fueron con la oficina del gobernador para “preparación y alivio por desastres”, muestran los registros de contratos.
“Con respecto a empresas con contratos con el Estado, la insinuación es risible”, dijo Pérez en el comunicado al Herald/Times. “Los contratos a término estatal están controlados por el poder ejecutivo. Nadie con siquiera una familiaridad superficial con la política de Florida sugeriría que una asociación conmigo beneficiaría a cualquier empresa que busque trabajo de la administración DeSantis”.
La divulgación federal de Pérez se hizo pública como parte del proceso de confirmación del Senado tras su nominación para embajador en Brasil por parte de Trump. Si es confirmado, Pérez sería el principal enviado de la administración Trump a la mayor economía de América Latina y dejaría atrás un mandato de dos años como presidente de la Cámara marcado por luchas internas republicanas con DeSantis y el Senado controlado por los republicanos.
Pérez realizó la mayor parte de su trabajo legal a través del bufete RHF Law Firm, con sede en Miami, que se presenta como un despacho especializado en “litigios comerciales y empresariales, derecho electoral y de ética, y contratación pública”.
Según su sitio web, Pérez es uno de los dos socios únicos del despacho. El otro, Robert H. Fernández, es un designado de DeSantis en la Eleventh Circuit Judicial Nominating Commission y anteriormente se desempeñó como subsecretario general de asesoría jurídica del exgobernador Jeb Bush.
Los ingresos de RHF constituyeron la mayor parte de las ganancias anuales de Pérez, representando casi tres cuartas partes del valor combinado de $1.2 millones correspondientes a los seis sueldos listados en su divulgación federal. También informó haber ganado $121,458 como asesor interno de Doctors HealthCare Plans Inc., una aseguradora privada del sur de Florida especializada en planes Medicare.
Menos del 4% de los ingresos por salario de Pérez provenían de su puesto pagado por los contribuyentes como presidente de la Cámara, que paga $45,000 anuales.
“Florida tiene una legislatura de ciudadanos a tiempo parcial, lo que significa que no solo la mayoría de los miembros trabajan, sino que es parte de la fortaleza de nuestro sistema”, dijo Pérez. “Una legislatura poblada únicamente por jubilados o por personas con riqueza independiente no reflejaría los valores y desafíos que enfrentan las familias de Florida”.
Como parte de sus divulgaciones éticas requeridas por el gobierno federal, Pérez también envió una carta al Departamento de Estado de EEUU detallando las formas en que planea evitar cualquier “conflicto de intereses real o potencial”.
Pérez planea dejar de representar a todos sus clientes actuales de la práctica privada si su nominación es confirmada. También renunciará a RHF Law Firm y a la compañía de seguros de salud para la que trabaja. Parte de los acuerdos incluyen no participar como embajador en ningún asunto vinculado a sus antiguos clientes —como Airbnb— durante al menos un año después de la última vez que los representó.
La declaración financiera es uno de varios documentos que los nominados para cargos diplomáticos deben presentar al gobierno federal para identificar posibles intereses financieros antes de asumir el cargo. Hasta el 5 de julio, el Comité de Asuntos Exteriores del Senado de EEUU no ha programado una audiencia de confirmación para Pérez.
Los senadores podrían interrogar a Pérez sobre sus divulgaciones financieras, su familiaridad con Brasil y una controvertida exención fiscal para diplomáticos aprobada recientemente por la Cámara de Florida de la que Pérez podría beneficiarse. Él se ha negado a responder a las preguntas de los reporteros sobre si habla portugués, el idioma oficial de Brasil.
Max Klaver, redactor del Miami Herald, contribuyó con reportes.
Esta historia fue publicada originalmente el 6 de julio de 2026 a las 9:36 a. m. con el titular "Declaración revela lista de clientes del presidente de la Cámara de Florida, incluyendo Airbnb y Newsmax."
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