Comisión de DDHH de Nicaragua abre filial en Miami
Un evento para anunciar la apertura en Miami-Dade de una oficina de una importante entidad de derechos humanos en Nicaragua terminó en acusaciones, denuncias y gritos de algunos invitados, entre ellos la hermana de una mujer cuya familia ha denunciado que fue víctima de abuso sexual de parte del presidente nicaragüense Daniel Ortega, cuando la muchacha aún era menor de edad.
Representantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), activistas locales y el comisionado condal Xavier Suárez, anunciaron hacia el mediodía en el restaurante los Ranchos de Sweetwater la apertura de una filial de esa entidad, que dará servicios a la comunidad nicaragüense en el sur de Florida.
El representante de la entidad en Miami será Roger Castaño, y las oficinas estarán localizadas en el 6595 de la 36 calle del noroeste, suite 120, en Virginia Gardens.
“Vamos a abrir esta oficina como apoyo al trabajo que la comisión está realizando en Nicaragua y para defender los derechos humanos de los nicaragüenses también aquí en Estados Unidos”, dijo Castaño a el Nuevo Herald.
Un poco después, Martha Flores Castillo denunció que representantes de la CPDH y de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) no brindaron apoyo a su familia cuando acudieron a ellos para dar testimonio del presunto abuso sexual contra su hermana menor por parte del presidente Ortega.
La familia de Castillo ha denunciado que Ortega sostuvo relaciones sexuales con Elvia Junieth Flores Castillo desde que la joven tenía 15 años de edad. Ortega posteriormente habría tenido una hija con Elvia Junieth, quien ahora tiene 25 años, de acuerdo con la información revelada en una serie de reportajes de la periodista Judith Flores en Diario Las Américas.
Sabían del caso
“Mi mama fue a donde ustedes y les contó y no la ayudaron”, dijo Castillo, apuntando hacia el secretario general de la CPDH, Marcos Carmona, y al secretario ejecutivo de la ANPDH, Álvaro Leyva. “Yo sé que ustedes tienen miedo también ... porque en Nicaragua no existe la ley ni la autoridad, no tenemos a quién acudir”.
Tras preguntas de la prensa, Carmona reconoció que la CPDH estaba al tanto del caso de Elvia Junieth desde el 2008, cuando la familia se reunió con las entidades a favor de los derechos humanos para explicar el caso. Tanto Leyva como Carmona dijeron que aconsejaron a la familia a que denunciaran el caso ante la policía.
“Nosotros no podemos tomar el derecho constitucional de los ciudadanos de presentar las denuncias y seguir el debido proceso”, dijo Leyva.
“Cuando vinieron a hablar con nosotros la persona ya era mayor de edad y nunca habló de una violación, dijo que había sostenido una relación [con Ortega] ... no presentaron una acusación formal con nuestra entidad. Nuestro trabajo es acompañar [en un proceso] a los ciudadanos que presentan una acusación formal de violación de derechos pero ellos nunca presentaron una acusación con nosotros”, agregó Carmona, y mencionó ejemplos de otros casos de presuntas violaciones a menores por parte de altos militares de las fuerzas armadas nicaragüenses, que su entidad ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La edad de consentimiento sexual en Nicaragua es de 16 años, y se considera un delito que un adulto o una persona casada sostenga relaciones con un menor de 14 años de edad.
Castillo dijo que ella se refugió en Miami porque la familia teme represalias del gobierno en Nicaragua. Su hermano, Santos Sebastián Flores Castillo, está preso en una cárcel en el país centroamericano, acusado de violación, aunque alega que es víctima de persecución. Mientras, la madre de Castillo, Elpidia Castillo, ha denunciado que su hija fue secuestrada luego de que salieran a la luz las acusaciones.
Otros asuntos
Antes de que el evento terminara en gritos de algunos invitados que reclamaban la falta de esfuerzos serios por parte de las entidades de derechos humanos, y se acusaban unos a otros de haber trabajado o tener negocios con Ortega, Castaño, el nuevo representante de la CPDH en Miami, habló sobre los planes de la organización.
“Queremos establecer una demanda judicial para que el gobierno nos dé la garantía del derecho del voto [en el exterior]”, dijo Castaño, quien explicó que aunque la Constitución de su país garantiza ese derecho, en la práctica no se cumple.
Castaño y Carmona anunciaron que iniciarán una campaña para que “todos los nicaragüenses, sin colores políticos” en el sur de Florida obtengan su cédula de identidad y puedan sufragar.
La CPDH también planea pedir al gobernador Rick Scott un indulto para el matrimonio de Josefa y Ricardo Dávila, una pareja de nicaragüenses que vivía en Sweetwater y fueron sentenciados a cadena perpetua luego de ser acusados de abuso infantil en el 2000.
Ricardo Dávila Jr., quien a los 11 años declaró ante las autoridades que sus padres lo torturaban, viajó en el 2013 a Florida desde Nicaragua para solicitar un perdón para estos.
“Creemos que el castigo fue muy desproporcionado para el delito que supuestamente cometieron”, sostuvo Castaño. “Josefa Dávila está enferma con cáncer ... no está recibiendo los debidos cuidados en la cárcel”.
Esta historia fue publicada originalmente el 23 de octubre de 2015, 8:56 p. m. with the headline "Comisión de DDHH de Nicaragua abre filial en Miami."