Concejal de Doral rehúsa entregar su celular a la corte

El concejal de Doral Pete Cabrera dijo que rehusará entregar su teléfono celular para someterlo a un peritaje dispuesto por una corte de Miami-Dade que procesa la demanda judicial de un empresario de vallas publicitarias contra autoridades de ese municipio.

Cabrera indicó que se resiste a entregar su celular para proteger su privacidad, aunque corra el riesgo de ser detenido y a pesar de que una docena de funcionarios municipales de Doral, entre ellos el alcalde Luigi Boria y otros concejales, ya han acatado la orden.

“Yo no voy a permitir que me intimiden y que invadan mi vida privada”, dijo Cabrera a el Nuevo Herald. “Yo tengo el valor de enfrentarme a intereses especiales”.

Santiago Echemandía, dueño de la demandante compañía local de vallas publicitarias SDE Media LLC, expresó su extrañeza por la reacción del concejal Cabrera.

“No entiendo lo que está escondiendo el concejal”, dijo Echemandía. “¿Cómo es que un concejal electo por el público se niega a cumplir con la orden de una corte?”.

El martes, SDE Media presentó una moción ante un tribunal del Onceno Distrito Judicial de Miami-Dade para que Cabrera cumpla con un previo fallo judicial que lo obliga a entregar su celular y se le imponga una multa de $2,000 por cada día de desacato.

El lío judicial se remonta a fines del 2014, cuando el Concejo de Doral rechazó una ordenanza que meses antes había sido aprobada en primera lectura para reglamentar las localizaciones de las vallas publicitarias en los ingresos a esa ciudad.

Ante eso, SDE Media LLC solicitó información de los registros de las llamadas y mensajes de texto de los celulares de los miembros del Concejo.

De acuerdo con la demanda, entre junio del 2014 y principios de enero del 2015 se registraron más de 400 llamadas y mensajes de textos entre el alcalde Boria, y los concejales Cabrera, Sandra Ruiz y Christi Fraga, así como con Melissa Tápanes, abogada de View Point of South Florida, antigua socia de SDE Media LLC y ahora una de sus más férreas competidoras en el campo de vallas publicitarias.

En la práctica, al ser rechazada la ordenanza, SDE Media quedó impedida de levantar una valla publicitaria en el sector noroeste del cruce de la autopista Palmetto y la calle 36, uno de los más populares puntos de acceso a Doral.

Tápanes no pudo ser contactada para comentar sobre este caso. Una asistente del estudio Bercow Radell & Fernández, con sede en Miami, dijo el viernes que le informarían a la abogada sobre la solicitud de el Nuevo Herald para que comentara sobre este caso, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

El mandato judicial

Luego de que el empresario Echemandía llevara el caso a los tribunales argumentando una “mala fe” por parte de las autoridades, el juez William Thomas dispuso que 12 funcionarios de la Municipalidad de Doral no podían borrar ninguna información de sus celulares.

El grupo lo integran los cinco miembros del Concejo; el administrador municipal Edward Rojas y su asistente Albert Childress; los abogados municipales Dan Espino y Gilberto Pastoriza, así como el director de Planificación y Zonificación, Julián Pérez. El mandato judicial también alcanza a la empleada de la Secretaría Municipal Jennifer Lattifa y al técnico de información tecnológica José Soto.

La medida judicial buscaba garantizar la preservación de evidencia para luego someter los celulares al análisis de sus contenidos.

Durante la sesión municipal del miércoles, el alcalde Boria y las concejales Ruiz y Ana María Rodríguez confirmaron a el Nuevo Herald que habían entregado su celular para que su información sea evaluada.

“Hay que cumplir con la ley y eso es lo que hacemos”, dijo Boria. “Pero creo que [la orden judicial] es un poco amplia”.

En el caso de Fraga, quien está con descanso por maternidad, un representante de la concejal dijo que antes ya había entregado su celular y que siempre ha estado dispuesta a cooperar con el proceso judicial.

A su turno, Cabrera dijo a el Nuevo Herald: “No me importa ir preso, prefiero eso a entregar mi información privada porque estoy renuente a que un interés especial trate de intimidarme”.

En esa misma sesión nocturna, la mayoría del Concejo aprobó el pago de los costos de abogados para enfrentar el caso. La concejal Rodríguez votó en contra de la medida.

El miércoles por la noche Cabrera dijo que posee solo un celular personal y que de su bolsillo paga por el costo del servicio a la compañía AT&T.

Cabrera indicó además que el pasado viernes 22, acudió a una reunión con un técnico de la compañía designada por la corte. De acuerdo con documentos judiciales, la designada para esos peritajes es la empresa Epiq Systems, Inc.

“Yo iba a hacerlo, pero después de que me explicaron lo que iban a hacer, decidí no entregar mi celular”, dijo Cabrera. “Quieren copiar, clonar toda la información de mi celular [...] esta es una violación a mis derechos civiles”.

Cabrera agregó que su actual teléfono celular lo adquirió en octubre por lo que difícilmente registra información de un tema que se remonta a finales del 2014 e inicios del 2015.

El 25 de noviembre, la Tercera Corte de Apelaciones de la Florida rechazó una apelación de la Ciudad de Doral para desestimar la demanda de la empresa de Echemandía. De esa manera, la decisión validó el fallo de julio del 2015 del juez Thomas.

Casi un mes después el magistrado Thomas reiteró la orden para que la empresa Epiq copiara la información de los celulares referida al caso bajo investigación. Epiq sería sujeta a demanda de violar la medida.

Al respecto, Cabrera insistió en que nada garantiza que parte de su vida privada, por razones políticas o de otra naturaleza, queden expuestas públicamente.

“Están tratando de intimidarme y yo no voy a ceder”, recalcó Cabrera.

Según el demandante, los registros obtenidos inicialmente evidencian comunicaciones que levantan sospechas sobre una aparente violación de la Ley de Transparencia –Sunshine Law–, por lo que una manera apropiada de profundizar la investigación es analizando los contenidos de los mensajes de textos que se refieran exclusivamente al caso.

“Cuando una autoridad utiliza su teléfono privado para asuntos públicos, entonces la ley dicta que es parte del récord público”, dijo Echemandía. “La Ciudad está gastando miles de dólares en abogados para defender un caso en el cual la Corte de Apelaciones ya dio su fallo”.

Esta historia fue publicada originalmente el 29 de enero de 2016, 10:11 p. m. with the headline "Concejal de Doral rehúsa entregar su celular a la corte."