Tribunal de apelaciones ratifica multa impuesta a Rivera
Un tribunal de apelaciones de Tallahassee confirmó esta semana una penalidad de ética impuesta al ex representante estatal David Rivera, republicano de Miami que se ha postulado de nuevo a la Cámara de Representantes de la Florida, ahora como millonario recién establecido.
El Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito rechazó “sumariamente” la aseveración de Rivera de que la multa de $57,821.96 recomendada el año pasado por un juez por lo administrativo era impropia debido a “errores de procedimiento” por parte de la Comisión de Ética de la Florida.
“Rivera no denegó las violaciones de ética encontradas por la Comisión, y no encontramos mérito alguno en las reclamaciones de proceso debido que él presentó en su apelación”, escribió el tribunal.
No obstante, el tribunal dejó abierta a Rivera la posibilidad de volver a presentar demanda, si el presidente de la Cámara acaba imponiéndole la multa.
Uno de los argumentos de Rivera había sido que era inconstitucional que el presidente de la Cámara impusiera medidas disciplinarias a un ex miembro de la misma. Las leyes de la Florida requieren que el presidente de la Cámara — y no la comisión de ética ni un juez por lo administrativo — sea quien imponga penalidades a un legislador que se concluya haya violado las reglas de ética. El tribunal dijo que no podía dictar fallo en ese asunto hasta después de que el presidente de la Cámara multe a Rivera, suponiendo que lo haga, porque el proceso disciplinario no estará “completo” hasta que el presidente de la Cámara tome las medidas del caso.
Las leyes estatales “dan al presidente de la Cámara el poder de imponer penalidades, pero ningún estatuto exige que el presidente de la Cámara acepte o tome medidas de ningún tipo siguiendo recomendaciones de la Comisión”, escribió el tribunal. “Y en este caso no hay indicación alguna por escrito de que el presidente de la Cámara se proponga tomar medidas disciplinarias en contra de Rivera, puesto que él ya no es miembro de la Cámara. Como resultado, cualquier fallo que podamos dictar en este paso del proceso judicial sobre la demanda constitucional presentada por Rivera no pasaría de una opinión de consejo impropio”.
El abogado de Rivera, Leonard Collins, quien es también un antiguo empleado de la Cámara, indicó que podría encontrar una manera de poner en tela de juicio la constitucionalidad de la ley incluso si el presidente de la Cámara no toma medida alguna. No está claro si eso incluiría pedir al tribunal de apelaciones que reconsidere si la solicitud de Rivera está dentro del tiempo establecido, por ejemplo, o tratar de llevar el caso ante el Supremo de la Florida.
“El tribunal solamente determinó que no fallaría esta vez sobre la cuestión de constitucionalidad, pero nos sentimos complacidos de que no haya rechazado nuestro argumento”, dijo Collins en un correo electrónico enviado al Miami Herald. “Por lo tanto, consideramos que esta es una victoria significativa, y continuaremos apelando en esta línea”.
El presidente de la Cámara Steve Crisafulli de Merritt Island prestó servicio junto a Rivera del 2008 al 2010. El presidente entrante de la Cámara Richard Corcoran de Land O’Lakes no fue electo hasta el 2010, el año en que el mandato de Rivera llegó a su límite — pero Corcoran trabajó años antes como jefe de despacho para el entonces presidente de la Cámara Marco Rubio. Rubio nombró a Rivera como su jefe de presupuesto, y ambos hombres eran copropietarios de una casa en Tallahassee.
“El presidente de la Cámara está revisando el fallo del tribunal”, dijo la oficina de Crisafulli en un comunicado enviado al Herald. “La Comisión de Ética todavía no ha enviado el caso ante la Cámara de la Florida”.
Como legislador estatal hace más de seis años, Rivera no divulgó apropiadamente sus ingresos y recibió cobros duplicados de los contribuyentes al aceptar un reembolso estatal por un viaje pagado por su campaña política.
Rivera fue elegido luego al Congreso federal, donde prestó servicio del 2010 al 2012. El es de nuevo candidato a la Cámara estatal, donde sus formularios de divulgación financiera más recientes han suscitado cuestionamientos sobre cómo Rivera ha adquirido su nueva fortuna en los tres años que lleva fuera de cargos públicos.
Una investigación criminal aparte identificó a Rivera como “cómplice” en una maquinación ilegal de campaña que se sospecha Rivera orquestó durante las elecciones congresuales del 2012. Él no ha sido acusado formalmente.
Esta historia fue publicada originalmente el 9 de julio de 2016, 5:13 p. m. with the headline "Tribunal de apelaciones ratifica multa impuesta a Rivera."