Administrador de Opa-locka renuncia en medio de pesquisa por corrupción del FBI

.David Chiverton, administrador municipal de Opa-locka a quien el FBI investigó por corrupción y que tomó una licencia laboral esta primavera después de cobrar miles de dólares por concepto de días acumulados por enfermedad y vacaciones, presentó su carta oficial de renuncia a la comisión municipal.

Chiverton, quien sigue de licencia temporal, dijo que su renuncia es efectiva el 1 de agosto. Chiverton, de 51 años se hizo cargo de la administración de Opa-locka en noviembre en medio de graves problemas financieros. Dijo que renunciaba “por razones personales”.

“Quiero seguir adelante”, declaró el jueves al Miami Herald.

Chiverton y otros funcionarios de alto rango y políticos de Opa-locka han sido objeto de investigación por supuestamente embolsillarse miles de dólares en pagos en efectivo por medio de extorsión a dueños de negocios que solicitaban permisos y conexiones de agua. Al preguntársele sobre la pesquisa del FBI, Chiverton declinó comentar, y cuando se le preguntó si había contratado a un abogado, dijo: “Sí, tengo un abogado”.

Otros investigados por el FBI son la alcaldesa Myra Taylor y el comisionado Luis Santiago.

A pesar de la renuncia de Chiverton, la Comisión Municipal de Opa-locka votó el miércoles 3 a 2 no aceptarla, aunque probablemente eso no afecte su decisión. Los que votaron por rechazar la renuncia de Chiverton fueron Taylor, Santiago y el comisionado John Riley. Los que la aceptaron fueron los comisionados Joseph Kelley y Timothy Holmes, el vicealcalde.

Steven Barrett, quien fue vicealcalde en la Comisión en los años 1990, dijo que Chiverton debió haber renunciado hace mucho tiempo. “Era el que ocultaba las cosas que hacían los comisionados” , dijo Barrett el jueves.

Chiverton, quien fue contratado hace cuatro años como administrador municipal adjunto, antes de ser nombrado al cargo superior, ganaba $123,500 anuales.

La renuncia formal de Chiverton ocurre en momentos de tensas discusiones entre el gobierno municipal y el estatal sobre las deudas cada vez mayores de Opa-locka —que llegaron a $8 millones el año pasado— a raíz de la decisión del gobernador Rick Scott de declarar una emergencia financiera y colocar al gobierno municipal bajo el control de una junta de supervisión. La junta, presidida por la inspectora general del gobernador, Melinda Miguel, estaba reunida el jueves con funcionarios municipales de alto rango de Opa-locka para abordar una larga lista de problemas financieros.

Hace dos semanas, la alcaldesa Taylor dijo que quería que Chiverton ayudara al gobierno municipal a crear un plan de recuperación con un presupuesto para el próximo año, que comienza el 1 de septiembre. Pero Miguel dijo que no quería que Chiverton regresara hasta que ella y la Junta estudiaran los pagos que se hizo Chiverton a sí mismo por días de vacaciones y enfermedad que le debían.

Chiverton anunció en mayo que tomaba una licencia laboral, una semana después que el Miami Herald reportó que se había pagado indebidamente a sí mismo casi $40,000.

Chiverton expresó en un memorando que estaba tomando la licencia “por razones médicas” en momentos que el gobierno municipal enfrenta una deuda cada vez mayor, que pudiera llevar a que el estado tome el control de Opa-locka.

Chiverton escribió a la alcaldesa Taylor y a los comisionados que nombraba a su recién contratada administradora adjunta , Yvette Harrell, como reemplazo, citando la autoridad que le da la Carta Municipal. Agregó que ayudaría a Harrell — “hasta donde pueda”— hasta su regreso. Según fuentes, Chiverton ha estado en contacto regular con Harrell y la visitó en su oficina la semana pasada.

Harrell es una abogada de 42 años que trabajó con el asesor jurídico Vincent Brown antes de ser contratada en abril como adjunta de Chiverton.

Después que el Herald publicó el 12 de mayo el reportaje en que mostró que Chiverton desvió indebidamente decenas de miles de dólares a beneficio propio, Miguel le envió un correo electrónico exigiéndole una explicación.

Chiverton le contestó que “debido a emergencias imprevistas” había tenido que cobrar los días acumulados de vacaciones y enfermedad porque a su hija le habían diagnosticado una “enfermedad incurable” y su “anciana madre sufre de varios problemas médicos”.

Agregó que como no hay ninguna norma sobre los administradores municipales nombrados por los comisionados, tampoco hay nada hay “nada que me prohíba o restrinja” de cobrar días de vacaciones y enfermedad”.

En conclusión, dijo: “Mis acciones no fueron una infracción a ninguna norma, procedimiento o práctica sobre personal nombrado”.

El Herald determinó que Chiverton aprobó dos pagos por un total de casi $40,000 a sí mismo en violación de políticas municipales.

Las normas de prestaciones al personal de Opa-locka no sólo indican que “el gobierno municipal no pagará días de enfermedad acumulados a los empleados”, sino que agrega que “no se pagará a los empleados por vacaciones acumuladas mientras sigan empleados”.

Las normas no tienen excepciones para empleados nombrados por la Comisión, como el administrador, el secretario y el asesor jurídico municipales.

En el caso de Chiverton, uno de los pagos, por $14,160 fue por vacaciones no tomadas, y el otro, $24,982, fue por días de enfermedad acumulados, que resultan ser muchos más de los que puede recibir según las normas municipales.

Mientras Chiverton cobraba ese dinero en abril, el gobierno de Opa-locka implementaba un plan que incluía la reducción de las horas de trabajo para la mayoría de los empleados, a 32 horas semanales, y el despido de empleados.

Chiverton dijo en una entrevista anterior con el Herald que otros empleados han cobrado esos beneficios en el pasado “cuando han tenido gastos imprevistos”. “¿Por qué es un problema conmigo?”

Sin embargo, las normas municipales indican que los empleados con menos de cinco años de trabajo en la ciudad están limitados a cobrar una cuarta parte de los días de enfermedad acumulados, y solamente después de retirarse. Chiverton lleva menos de cuatro años como empleado de Opa-locka.

En su caso, lo cobró todo el 27 de abril, exactamente $24,982, que se desglosan en 419 horas de enfermedad, equivalente a 10 semanas.

En un correo electrónico a Chiverton, la inspectora general Miguel señaló que acababa de hablar por teléfono con la alcaldesa Taylor y que ella aprobó que Chiverton cobrara los días de vacaciones y enfermedad.

Taylor dijo “que el pago de estos días no va contra las normas municipales”, escribió Miguel.

Esta historia fue publicada originalmente el 28 de julio de 2016, 5:14 p. m. with the headline "Administrador de Opa-locka renuncia en medio de pesquisa por corrupción del FBI."