La Ciudad de Sweetwater está al borde de la bancarrota

Era la víspera de Halloween, y el alcalde de un minúsculo suburbio de West Dade tuvo que dar algunas malas noticias a sus empleados.

En lugar de recibir un aguinaldo, se pediría a los trabajadores de Sweetwater –aquellos que habían sobrevivido tres turbulentos años de arrestos por corrupción, despidos y cesantías– que pospusieran el cobro de sus dos próximos cheques de nómina para estirar lo que quedaba del dinero de la Ciudad.

Días más tarde, la comunidad obrera justo al norte del recinto Modesto A. Maidique de FIU cayó en mora en un préstamo de $2 millones de Regions Bank. Finalmente, el alcalde Orlando López anunció que tendría que dejar de hacer los pagos requeridos a los fondos de retiro de la Ciudad para poder cubrir la nómina.

Y luego, la semana pasada, López dijo que el dinero de Sweetwater estaba prácticamente agotado.

“Durante casi un año he estado advirtiendo que los recursos de la Ciudad se agotarían en algún momento de este verano”, escribió López el miércoles a los comisionados de la Ciudad. “Lamento no tener más remedio que reconocer que la hora de la verdad ha llegado. Estamos en la ruina”.

Pero ¿está Sweetwater en la ruina, o simplemente en ruinas?

Tras una serie de operaciones encubiertas de corrupción que enviaron a prisión federal al ex alcalde Manny Maroño y revelaron un gobierno plagado de malversación, una pugna por el poder político ha paralizado a la Ciudad, de 20,000 habitantes, y la llevado al borde de la insolvencia. Después de años de malgastar fondos, los siete miembros de la comisión de la Ciudad y el alcalde fuerte actual no consiguen ponerse de acuerdo en nada, desde subir los impuestos a contratar y despedir agentes de policía.

En lugar de llegar a un acuerdo con respecto a un presupuesto para el 2016 , se demandaron unos a otros, pidiendo a un juez que decidiera quién gobernaría la Ciudad y gastando dinero que no tienen en abogados particulares. Durante todo un año, López ha pedido repetidas veces al gobernador Rick Scott que intervenga, declare “emergencia financiera” y designe una junta de supervisión financiera que asuma las decisiones financieras de la Ciudad, como hizo el mes pasado con Opa-locka. Pero la decisión del gobernador se ha visto complicada por el hecho de que varios comisionados han dicho al estado que López está exagerando los problemas de la Ciudad para usar el estado como pretexto para suplantar el poder de la comisión.

En la noche del jueves, durante una acalorada reunión especial convocada a petición del alcalde para solicitar la ayuda estatal, los comisionados criticaron el mandato de López diciendo que era “un fracaso total”. Cuestionaron las proyecciones del alcalde y se negaron de nuevo a pedir la intervención del estado, a pesar de que admitieron hasta cierto punto que la Ciudad puede estar de hecho al borde de la bancarrota.

“Es como si papá y mamá se estuvieran divorciando”, dijo Saúl Díaz, residente de Sweetwater que se postuló el año pasado a la Comisión de la Ciudad. “Y nosotros somos como los hijos, los que pagan las consecuencias”.

La audiencia especial del jueves, que López describió como “una última oportunidad de salvar las apariencias” para los comisionados, no es más que el acto más reciente de un drama político que comenzó durante el deshonesto reinado y caída de Maroño como alcalde y administrador principal de Sweetwater.

Floreció la corrupción

Bajo el largo gobierno de Maroño, la Ciudad parecía estar floreciendo. Los residentes votaron a favor de construir un anexo al Dolphin Mall en el 2010 y comenzó un segundo boom inmobiliario que en seis años acabó aumentando la base de impuestos a la propiedad de la Ciudad en casi 500 por ciento, en $1,200 millones. Los propietarios en la comunidad residencial mayoritariamente de edificios de pocos pisos han disfrutado de una de las tasas de impuestos más bajas del condado hasta el día de hoy.

Pero cuando el FBI develó en el verano de 2013 que Maroño recibía sobornos, destapó una cloaca de corrupción y comenzó una época de caos y decadencia.

Una investigación hecha al departamento de policía concluyó que efectivo, bebidas alcohólicas, armas de fuego y hasta bicicletas estaban desapareciendo del almacén de evidencias de la policía de Sweetwater (que no debe confundirse con un segundo almacén de evidencia, que era secreto.) Miles de dólares en dinero que debería haber entrado por concepto de tarifas de remolque –ligadas a una compañía sospechosa que en cierto momento fue propiedad de Maroño en secreto– también desaparecieron. Cuando el polvo empezó a despejarse, la Ciudad se vio obligada a asumir $1 millón en gastos cuando una auditoría confirmó que el dinero de una subvención para un centro de ancianos había sido gastado indebidamente en gastos tales como un Tahoe para una empleada de la Ciudad que resultó ser la esposa de Maroño.

Cuando el comisionado José M. Díaz fue designado sucesor de Maroño, asumió el mando de una Ciudad que se tambaleaba y que estaba ahora plagada por demandas judiciales. Se distanció del ex alcalde, despidió a varios funcionarios en una campaña de “limpieza”, y dijo que se sentía tan abrumado por el desastre que descubrió que acabó cerrando temporalmente el pequeño departamento de finanzas de Sweetwater.

Díaz advirtió hace casi dos años que la Ciudad podría irse a la quiebra, pero dijo que creía en última instancia que los problemas financieros de la Ciudad eran manejables.

No obstante, muy pocas cosas cambiaron en Sweetwater. Los impuestos se mantuvieron bajos, y los gastos siguieron creciendo, lo cual sólo fue ocultado por medio de no entregar al estado su porción de las multas de cámaras en la luz roja, y cubriendo la nómina con subsidios que deberían haberse usado para pagar una línea de crédito de Regions Bank. Auditores descubrieron muy pronto que Sweetwater se había excedido con mucho de su presupuesto de $17.5 millones y había gastado casi por completo sus reservas en apenas dos años.

“La Ciudad está podrida hasta la médula”, dijo Rick Díaz, abogado que ha representado a múltiples clientes en demandas contra la Ciudad, incluyendo una demanda colectiva según la cual la policía falsificaba acusaciones para confiscar vehículos impropiamente y subastarlos. “Uno quiere pensar que las cosas van a cambiar, y que alguien va a venir y arreglar este desastre, pero no parece que ellos tengan la capacidad, el deseo o el cerebro para hacerlo”.

Y le tocó el turno a López, veterano comisionado de Sweetwater que ganó la alcaldía en mayo del 2015 luego que demandó y descalificó a Díaz de la boleta en base a haber violado la ley de la Florida de “renunciar a postularse”.

Cuando Díaz era alcalde, López alegó que las finanzas de la Ciudad andaban bien. Pero, lo mismo que Díaz hizo anteriormente, el nuevo alcalde de la Ciudad afirma que lo mantuvieron a oscuras con respecto a cómo gastaban el dinero las administraciones anteriores, y que por ello desconocía el alcance de los problemas. El dice que se dio cuenta tras hacerse alcalde que Díaz estaba arruinando completamente la Ciudad.

Advirtiendo que la Ciudad iba en camino de la quiebra, entonces propuso aumentar la tasa de impuestos en un 60 por ciento.

Cuando los comisionados desdeñaron la propuesta de presupuesto de López, él cesanteó a un montón de empleados. En cambio, los comisionados votaron a favor de rescindir las cesantías y exigieron que eliminara lo que llamaron contrataciones no incluidas en el presupuesto, y que se proyectaba costarían a la Ciudad alrededor de $700,000.

***********

Esta historia fue publicada originalmente el 4 de julio de 2016, 2:30 p. m. with the headline "La Ciudad de Sweetwater está al borde de la bancarrota."