Presentan demanda para que se cuenten firmas de votantes

Una coalición de activistas, políticos y sindicatos de trabajadores que busca cambiar los reglamentos de financiamiento a las campañas electorales, anunció el martes que presentó una demanda contra el alcalde condal Carlos Giménez y la supervisora de elecciones de Miami-Dade Christina White.

La intención de la demanda es obligar al gobierno condal a ordenar al Departamento de Elecciones contar las firmas de miles de votantes que buscan incluir la petición en la boleta electoral de noviembre.

Las reglas propuestas limitarían quiénes pueden donar dinero a candidatos a la Comisión y la alcaldía del Condado, y a la Junta Escolar de Miami-Dade. También restringirían la cantidad de dinero que puede ser donada a las cuentas oficiales de los candidatos.

“Queremos que escuchen las voces de miles de personas de este condado y que empiecen a contar las peticiones”, dijo Christian Ulvert, vocera de la Coalición An Accountable Miami-Dade (Un Miami-Dade Responsable), que son representados por el abogado Benedict Kuehne. “Queremos darle al gobierno el beneficio de la duda, pensar que hay una confusión en cuanto a las reglas, pero ya estamos a dos semanas de que presentamos las peticiones. Ya es hora de que empiecen el conteo”.

Los organizadores de la campaña para promover la petición entregaron más de 125,000 firmas en las oficinas del Departamento de Elecciones el 2 de agosto. La entrega de las firmas desató una controversia sobre cuáles son los pasos a seguir.

La carta constitutiva de Miami-Dade estipula que la Comisión condal debe ordenar el conteo de las firmas en los siguientes 30 días desde que son entregadas, para así asegurar que hay suficientes firmas (se requieren 52,000) para incluir el asunto en la boleta.

Pero a una reunión especial la semana pasada no asistieron suficientes miembros – que son 13 – de la Comisión para crear quorum y aprobar el conteo. La Comisión está en receso por el verano y no hay otra reunión este mes por lo que es asunto tendría que esperar hasta las elecciones del 2018. Para que la petición sea incluida en la elección de noviembre las firmas deben ser contadas y verificadas para la primera semana de septiembre.

“Esperamos que los comisionados y el alcalde escuchan la voz del pueblo y tomen acción para que este noviembre, no otra fecha, este noviembre esto esté en la boleta y haya democracia”, dijo Bettina Rodríguez Aguilera, ex alcaldesa de Doral y miembro de la coalición.

Rodríguez recalcó que como alcalde fuerte del condado la “responsabilidad” de hacer que las cosas pasen recae en Giménez. “Esto es una papa caliente y ahí la tiene”, dijo Rodríguez sobre el alcalde. “Vamos a ver si se escucha a los votantes”.

Durante un debate con su contrincante Raquel Regalado el domingo, en el programa This Week in South Florida del Canal 10 ABC, Giménez dijo “yo quiero que esas peticiones sean contadas. Quiero que el asunto esté en la boleta de noviembre”.

“Desafortunadamente no tengo ese poder”, agregó el alcalde.

Los abogados del Condado emitieron una opinión en un memorando el viernes declarando que Giménez no tiene la autoridad para ordenar al Departamento de Elecciones que cuente las firmas.

Representantes de la coalición alegan que quieren hacer que el proceso electoral sea “más equitativo” para todos los candidatos. Las nuevas reglas cambiarían drásticamente la manera en que los candidatos, principalmente aquellos que buscan la reelección, financian sus campañas, que usualmente reciben dinero de cabilderos y contratistas del gobierno condal.

Por otro lado, las reglas podrían terminar dando una ventaja a los sindicatos, que también canalizan mucho dinero a campañas políticas, pero dependen de donaciones individuales.

En el caso de los contratistas, las compañías que realizan al menos $250,000 en negocios con el Condado de Miami-Dade tendrían prohibido donar dinero a los candidatos o a los comités políticos que los respaldan, mientras tengan contratos con el gobierno. Tendrían que esperar dos años para volver a hacer donaciones a esos candidatos.

Los directores y ejecutivos de esas compañías, así como los accionistas con participaciones de al menos 5.0 por ciento de acciones, también tendrían prohibido contribuir con dinero, al igual que sus familiares y cabilderos.

También cambiarían los reglamentos de divulgación de información para que los donantes de campañas, que ya suministran detalles sobre sus ocupaciones y dirección de vivienda, digan además quiénes son sus empleadores. Y las penalidades por violar las reglas también aumentarían a hasta $10,000 por violación.

Esta historia fue publicada originalmente el 16 de agosto de 2016, 5:48 p. m. with the headline "Presentan demanda para que se cuenten firmas de votantes."