Joven autista queda en el limbo tras presenciar impactante tiroteo en North Miami

El mes pasado, Arnaldo Ríos Soto se vio envuelto en un escándalo nacional cuando un agente de la policía de North Miami dio un tiro en una pierna a su cuidador afroamericano mientras el hombre yacía boca abajo en una intersección. Ríos, de 26 años, quien padece de autismo, esquizofrenia y una discapacidad intelectual, estaba jugando con un camioncito de juguete.

El asistente de conducta Charles Kinsey se convirtió de inmediato en un caso más para el movimiento de Black Lives Matter (Las Vidas Negras son Importantes).

Pero, para Ríos, no existe un movimiento que le apoye a él, no hay carteles ni manifestaciones. Si simbolizara algo, sería las décadas de fracaso del estado en brindar servicios comunitarios adecuados a niños y adultos con discapacidades del desarrollo.

Ríos languidecía en un hospital psiquiátrico desde que el incidente hiciera titulares el 18 de julio. El hospital había restringido a sus visitantes, dijo su familia, y se había negado a permitirles que le trajeran camioncitos de juguete, que son tan reconfortantes como un osito de peluche para un hombre grande en estatura pero pequeño en su madurez mental.

Aventura Hospital quería dar el alta a Ríos, cuyas violentas perretas han causado dolores de cabeza al personal. Y él ya había estado en encierro involuntario mucho más tiempo del que requeriría el hospital para ayudarlo. Pero las autoridades estatales no tenían dónde ponerlo. No hay hogares de grupo cerca de donde vive su madre en Miami que puedan manejar su difícil conducta.

La solución del estado: la Agencia para Personas con Discapacidades (APD) trasladó el martes a Ríos al Centro Educacional Carlton Palms, cerca de Orlando, una institución de Mount Dora para personas discapacitadas con problemas complejos de conducta. Es una instalación que funcionarios estatales están tratando de cerrar. Carlton Palms tiene un largo y tendido historial de abuso y negligencia, incluyendo la muerte en julio del 2013 de una chica de Broward por deshidratación como resultado de una infección grave por la que nunca fue atendida.

Y además está a cientos de millas de donde vive su madre, Gladys Soto, quien ha sido su defensora.

Soto dijo que le complace que su hijo esté en un hogar cuyo personal esté entrenado para lidiar con sus arrebatos. Pero se siente perturbada porque no podrá visitarlo a diario, como había hecho en Aventura.

“Ellos no están cuidando a mi bebé como él merece, como un ser humano”, dijo Soto, refiriéndose al estado. “El está discapacitado. Pero él es un ser humano”.

Soto lleva meses luchando con las autoridades estatales. Ella quería que Ríos fuera trasladado a Carlton Palms más temprano este verano, alegando que no hay hogares de grupo en el sur de la Florida con personal adecuado —y con el adecuado entrenamiento— para manejar su difícil conducta. Pero el estado ha estado tratando de sacar pacientes de la instalación, y no de llevarlos, en respuesta tanto a repetidos incidentes de abuso, como a un mandato federal de que el estado cambie la atención a las personas con discapacidades a una base comunitaria.

A través de su abogado, Soto autorizó al Miami Herald para que tuviera acceso a montones de correos electrónicos de la agencia, con detalles que son confidenciales. Los mensajes retratan a una agencia que se esfuerza abnegadamente por ayudar a un paciente difícil y a su devota madre, pero que carece de los más mínimos recursos para ello.

“Esto ilustra el triste estado de cosas presente para este segmento de la población que tiene discapacidades intelectuales”, dijo Jim DeBeaugrine, activista a favor de los discapacitados que dirigió la agencia estatal bajo el ex gobernador Charlie Crist. “Las únicas opciones para este joven son lugares que probablemente no son apropiados para él”.

Agregó” “Está claro que tiene que haber urgencia. Espero que los políticos tomen en serio este problema”.

Funcionarios de discapacidad se negaron a discutir el caso de Ríos. “A la familia Ríos Soto se le ofrecieron varias opciones residenciales a elegir, y acabaron decidiendo que Arnaldo irá con carácter temporal” a Carlton Palms el martes, dijo la vocera Melanie Mowry Etters. “La familia decide a la hora de elegir una instalación donde albergar a su ser querido. Nosotros seguiremos colaborando de cerca con la familia para asegurar que Arnaldo reciba la atención adecuada”.

Ríos mide cinco pies nueve pulgadas y pesa 250 libras. Cuando se siente enojado, o frustrado, o confundido, o si no consigue que las cosas se hagan a su gusto, Ríos puede convertir esas 250 libras en un arma formidable. Además de sus muchas y serias discapacidades, a Ríos también se le ha diagnosticado el trastorno de oposición desafiante, lo cual significa que tiene tendencia a las perretas.

Los problemas de conducta de Ríos han llevado a su ingreso en un hospital psiquiátrico tres veces este verano bajo la Ley Baker del estado. Ha pasado tanto tiempo en pabellones de salud mental, que una trabajadora social dijo que los mismos comenzaban a serle acogedores al paciente. “El mira el reloj de pared y sabe si es hora de merienda o si es hora de ir a dormir, y actúa de acuerdo con ello, yendo al comedor o a su cuarto”, escribió la trabajadora social.

Ríos estuvo ingresado primero en el Mercy Hospital del 6 al 10 de mayo. Estuvo en el Jackson Memorial desde el 14 de mayo hasta que fue trasladado a un hogar de grupo el 6 de junio. “Ni siquiera duró un día allí, y le llamaron a la policía”, con lo cual acabó de regreso en el Jackson, con las manos esposadas, escribió Soto en un correo electrónico a la directora de la APD Barbara Palmer. “Arnaldo no es un delincuente”, escribió su madre. “El es un muchacho que padece de autismo, y que necesita cuidados y atención”.

“Creo que las personas con discapacidades deben ser tratadas con dignidad, como los seres humanos que son, y no como un negocio, y como un modo de que otros se hagan ricos”, escribió Soto en otro correo electrónico a Palmer. “Lo único que quiero es un lugar estable en que puedan atenderlo en un ambiente estable”.

En un correo electrónico del 14 de junio, la trabajadora social que se ocupa de Ríos describió una “reunión difícil” en la cual una trabajadora social del hospital alegó que el Jackson “no debería ser hecho responsable de la burocracia y negligencia de la APD. Desde su punto de vista, la falta de ubicación de Arnaldo era culpa y responsabilidad de APD”.

“Yo les di mi palabra de que para el 21 de junio Arnaldo habría salido del hospital”, escribió la trabajadora social.

Desesperados por encontrar una solución, funcionarios de discapacidad acabaron por transarse por un hogar de grupo de North Miami, propiedad de una proveedora llamada MACtown. El hogar de grupo, según dijo a Soto un trabajador social, era “la única opción apropiada” para su hijo en Miami, aunque los funcionarios tuvieron que reforzar a toda prisa el personal y los fondos del mismo para que pudiera manejar a Ríos y sus arrebatos. Funcionarios de la agencia se felicitaron a sí mismos por el final feliz de una confrontación que los había atormentado a todos los niveles.

“Cuando tenemos que trabajar con un sentido de urgencia y como equipo, nada es imposible”, escribió Palmer el 20 de junio, y dio las gracias a los directores de la agencia en el sur de la Florida por haber resuelto la crisis.

“No me sorprende en absoluto que MACtown se haya portado a la altura de las circunstancias”, escribió el administrador regional de la APD en un correo electrónico, tres días después de que Ríos fuera trasladado al hogar de grupo.

Las cosas no se echaron a perder de inmediato. Demoró alrededor de un mes.

Ríos agarró a una empleada por el cabello y “la arrastró por el suelo”, según un correo electrónico. El tenía “accesos de agresión a diario”. Gritaba constantemente, trataba de destruir las propiedades del hogar, y golpeaba las ventanas con tijeras.

La cosa se vino abajo el 18 de julio. De manera espectacular. Y en la televisión nacional.

Ríos se escapó de su hogar de grupo y se sentó en medio de la intersección, con un camioncito de juguete de color claro en la mano.

Mientras un transeúnte ajeno a los hechos filmaba el incidente con su teléfono celular, el asistente terapéutico de conducta de Ríos, Charles Kinsey, trató de convencer a Ríos por las buenas de que volviera al hogar. Otro transeúnte confundió el camioncito con un arma de fuego y llamó a la policía. Lo que pasó a continuación fue repetido una y otra vez en la televisión nacional: sonaron tres tiros, y una bala disparada por un agente de la policía perforó la pierna de Kinsey.

Ríos, muy angustiado por el tiroteo, acabó en el mismo lugar en que había empezado, en un hospital psiquiátrico, donde su familia dijo que se encontraba en espera de que el estado, una vez más, le encontrara un hogar adecuado. “El está realmente traumatizado”, dijo su madre el lunes al Herald. “Le dan pesadillas todas las noches. El está muy ansioso. Se ha comido todas las uñas”.

“Toda persona que haya sido blanco de un tiroteo en que haya participado la policía habría recibido de inmediato el tratamiento necesario de salud mental para que pudiera seguir su vida”, dijo el lunes el abogado de la familia, Matthew Dietz. “A Arnaldo Ríos no se le dio tratamiento alguno. En lugar de eso, fue encerrado en una institución psiquiátrica donde los objetos que a él le gustaban y que regulaban su conducta le fueron arrebatados”.

Soto “podía haber acordado enviarlo a un hogar que no tuviera el apoyo y la supervisión que su hijo necesitaba”, agregó Dietz. “A fin de cuentas, Gladys Soto no tuvo alternativa de ningún tipo”.

Indignados por el tiroteo y sus consecuencias, activistas a favor de las personas discapacitadas han pedido al Departamento de Justicia federal que investigue tanto al Departamento de Policía de North Miami como al estado, el cual, según alegan, ha brindado tan escasos fondos a los programas para los discapacitados que a menudo personas como Ríos no tienen más remedio que vivir en instituciones segregadas.

“Ni el señor Ríos ni el señor Kinsey hicieron nada que justificara el tiroteo policial que tuvo lugar”, escribió Shira Wakschlag, abogada de The Arc (El Arca) de Estados Unidos, en carta al Departamento de Justicia fechada el 28 de julio. “Las personas con [discapacidades del desarrollo] merecen que se les dé la oportunidad de vivir una vida plena en sus comunidades, donde ellos puedan vivir, aprender, trabajar, y tener relaciones sociales”.

Esta historia fue publicada originalmente el 24 de agosto de 2016, 5:42 p. m. with the headline "Joven autista queda en el limbo tras presenciar impactante tiroteo en North Miami ."