Inmigración

Separados en la frontera y ahora en un limbo legal. ¿Qué le espera a esta familia de inmigrantes en Miami?

Sentada en un sofá cama en el pequeño cuarto donde ahora vive con su hijo en uno de los vecindarios más tranquilo de Miami-Dade, Morena Mendoza mira desde la ventana hacia el jardín. Trata de recordar detalles de las semanas que pasó encerrada en un centro de inmigración en San Diego, sin saber del paradero de Antonio, de 12 años.

De vez en cuando la interrumpen las carcajadas del niño, que está mirando videos en su nueva tableta electrónica.

Mendoza pausa para comentar que hace mucho tiempo no escuchaba a Antonio reírse tanto. Es una vida muy diferente y fuera de los peligros que dejaron atrás en su natal El Salvador, uno de los países más violentos de América Latina.

“Óyele la risa, se ha pasado todo el día en eso”, comentó la madre de 30 años de edad una tarde reciente.

Huyendo del peligro de su país, Mendoza y Antonio cruzaron la frontera de México a Estados Unidos el 27 de abril, luego de unirse a una caravana de inmigrantes que caminaron por meses hacia el norte para pedir refugio. Al entrar a Estados Unidos, se convirtieron en una de las primeras 10 familias de la caravana en ser separadas.

Unas semanas antes, el Secretario de Justicia Jeff Sessions anunció la polémica política de cero tolerancia. Mendoza fue acusada de un delito por haber cruzado la frontera de manera ilegal. Fue enviada a un centro de detención para inmigrantes en San Diego. Antonio termino a más de 2,700 millas, en un albergue para niños inmigrantes en Nueva York.

Pasarían casi tres meses antes de volverse a ver, gracias a la ayuda de varias organizaciones sin fines de lucro que, de costa a costa de Estados Unidos, trabajaron juntas para lograrlo.

Mendoza y su hijo están entre los afortunados. Luego de que el gobierno de Donald Trump abandonara la política de separar a los hijos y padres que crucen la frontera y más de un mes después de que una corte federal ordenara la reunificación de las más de 2,000 familias que habían sido separadas, aun quedan casi 500 niños en custodia del gobierno. En medio de un caos por falta de plan de reunificación, las autoridades no pudieron cumplir con la fecha límite impuesta por la corte y en 366 de los casos se debe a que los padres ya fueron deportados.

Al menos 25 de esos niños que aun están separados de sus padres se encuentran en Miami-Dade, de acuerdo con la agencia legal que los representa.


Mendoza y Antonio lograron reunirse con la asistencia Mi Jente, una organización de asistencia que la contactó mientras estaba en el centro de detención Otay Mesa. En Miami los recibió el American Friends Service Committee que le ofreció un refugio, un poco de asistencia financiera y un representante legal.

Mendoza dijo que mientras estuvo en el centro de detención, a pesar de sus lágrimas y reclamos no le informaron del paradero de su hijo.

“Yo preguntaba y preguntaba y ahí nadie me decía nada. Es lo peor que he pasado en mi vida, lo peor”, contó Mendoza.

En Nueva York, Antonio no podía dormir. Dijo que pensó que nunca más volvería a ver a su madre.

“Pensé que si ella se había ido me iba a adoptar otra familia”, dijo Antonio, que siempre ha sido tímido pero que según su madre, ahora es más callado.

Más de un mes después, cuando se presentó en el tribunal, un juez pidió que comunicaran a Mendoza con su hijo.

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Morena Mendoza y su hijo Antonio, en el patio de la casa donde ahora viven, en uno de los vecindarios más tranquilos de Miami-Dade. C.M. GUERRERO cmguerrero@miamiherald.com

Ahora tienen la oportunidad de permanecer en Estados Unidos mientras su petición de asilo avanza en las cortes de inmigración. Pero incluso para las personas que corren con esa suerte, la batalla es dura, dijeron abogados y activistas.

“Requiere un esfuerzo monumental para ayudar a una sola familia, varias organizaciones y personas trabajamos para poder reunirlos y todavía estamos buscando la forma de ayudar con todo lo que viene para ellos”, dijo Lis-Marie Alvarado una activista de Mi Jente y el American Friends Service Committee. “Imagínate que pasará con las familias que no reciban este tipo de ayuda, son cientos de familias en todo el país tratando de reunirse o de sobrevivir el trauma de la separación”.

Y en muchos casos, las familias o incluso los niños no contarán con representación legal en los tribunales de inmigración, explicó Jennifer Anzardo Valdés, directora del programa de representación legal para niños de Americans for Immigrant Justice (AIJ). Esa agencia sin fines de lucro representa a los menores inmigrantes que se encuentran en albergues del sur de Florida.

“La reunificación familiar es apenas el principio para estas familias. Ahora tienen la tarea de navegar el complejo sistema de inmigración, muchas veces solos y enfrentándose a un fiscal del gobierno que está luchando para que los deporten”, explicó Anzardo Valdés. “En el sistema de inmigración no se asigna un abogado gratuito, ni siquiera a los niños. Esperan que hasta un niño de tres años se represente a sí mismo si no tiene como contratar a un abogado”.


De acuerdo con documentos de la corte, Mendoza fue detenida por agentes de la Patrulla Fronteriza a cuatro millas del puesto de entrada San Ysidro, en California, junto a otras siete personas. Fue separada de su hijo ese mismo día. El 1 de mayo el gobierno anunció el arresto del grupo en un comunicado de prensa titulado “El Departamento de Justicia anuncia las primeras acusaciones por entrada ilegal de sospechosos de ser miembros de la caravana”.

Los registros muestran que Mendoza pasó la entrevista de “miedo creíble”, una revisión inicial que realizan las autoridades cuando las personas indican que temen regresar a sus países antes de ir al tribunal de inmigración.

A finales de junio, el sitio web Voice of San Diego publicó que un fiscal del gobierno decidió desestimar el caso de acusación de delito de Mendoza la misma mañana que debía ir a juicio. El fiscal dijo a un juez federal que notaron problemas en el reporte de su arresto y que, como la mujer había sido separada de su hijo, el gobierno quería reunir a las familias.

Los abogados de Mendoza habían argumentado que los agentes de inmigración la encerraron a pesar de que ella les dijo que no entendía los llamados derechos Miranda, una notificación que los agentes del orden en Estados Unidos deben hacer a toda persona que arresten.

Ahora Mendoza se concentra en su petición de asilo pero aun permanece en incertidumbre. De ser denegada, ella sería deportada a El Salvador.

El representante legal de Mendoza, Lucio Pérez-Reynozo, de American Friends Service Committee, dijo que no podía hablar de los detalles específicos del caso para no afectar el proceso. Sin embargo, opinó que el gobierno actúa de manera errónea al encerrar a gente como Mendoza.

“Vienen aquí a buscar refugio porque sus vidas han estado en peligro constante en países como Honduras, El Salvador, Guatemala. Vienen para salvar a sus hijos y sus hijas de que sean violadas y torturadas allá”, dijo Pérez-Reynozo. “Cuando llegan aquí lo que se encuentran es con la separación de padres e hijos, incluso de bebés que todavía están amamantando. ¿Cómo podemos hacer algo así?”

A nivel nacional, agencia sin fines de lucro están asistiendo a familias como la de Mendoza, mientras que grupos de derechos civiles como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han demandado al gobierno federal para exigir la reunificación familiar.

Representantes del gobierno han dicho que trabajan para reunir a las familias tan rápido como puedan e investigando a algunos de los padres que aún permanecen en custodia, para asegurar la seguridad de los niños. Sin embargo, la tarea de reunificación ha sido asumida en gran parte por las organizaciones de ayuda que intentan localizar a los padres.

En semanas recientes se han reportado escenas de padres e hijos abrazándose en aeropuertos de Estados Unidos y países de Centroamérica. En algunos casos madres y niños rompen en llanto al encontrarse. Pero en otras ocasiones, niños muy pequeños no se acercan o se esconden de sus padres y se niegan a abrazarles. Aparentemente, después de meses separados, no los reconocen.

Mendoza y Antonio se reencontraron en julio en el aeropuerto de Miami. Un video muestra a la madre llorando al abrazarlo. Él intenta consolarla.

Como muchos padres inmigrantes, Mendoza quiere que su hijo estudie y darle las oportunidades que ella no pudo tener. Dijo que sueña con que el chico lleve una vida sin violencia.

Hace unos días, Antonio, quien ya cumplió 13 años, empezó la escuela intermedia.

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