Inmigración

‘Tenemos que luchar aquí’: Caravana de inmigrantes que ya viven en EEUU llega a Miami

El gobierno federal presentó un plan para extender temporalmente el Estatus de Protección Temporal TPS de miles de inmigrantes, en respuesta a una orden judicial que bloqueó los planes del gobierno de Trump de poner fin a esa protección.

El plan del gobierno asegura que más de 300,000 beneficiarios del TPS de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador continuarán teniendo un estatus legal y permiso para trabajar en Estados Unidos mientras la orden judicial permanezca en efecto. La protección continuaría por al menos seis meses más si la orden judicial es revertida por otra corte mediante un proceso de apelación.

Los beneficiarios que habrían sido afectados inmediatamente son los sudaneses, cuya protección estaba pautada para finalizar el 2 de noviembre, seguida por los nicaragüenses en enero. A ambos grupos ahora se les extenderán los beneficios bajo el TPS.

El plan del gobierno es presentado mientras que una caravana de beneficiarios del TPS y activistas de inmigración recorre el país en un autobús, tocando las puertas de las oficinas de los políticos y organizando eventos y conferencias de prensa. Los miembros de la caravana organizada por la Alianza Nacional del TPS, quienes abogan por una solución que otorgue estatus permanente para los inmigrantes, fueron recibidos por organizaciones locales el miércoles en El Pequeño Haití.

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Miembros de la caravana de beneficiarios del TPS y activistas de inmigración que recorre el país, participan en una manifestación en el Little Haiti Cultural Center este miércoles 24 de octubre, tras la llegada de la caravana a Miami. Alexia Fodere For The Miami Herald

A principios de octubre Edward Chen, juez de distrito de Estados Unidos, concedió un recurso judicial preliminar que impide al gobierno y al Departamento de Seguridad Nacional poner fin TPS. Chen emitió la orden judicial como parte de una demanda en California, presentada por abogados que representan a un grupo de beneficiarios del TPS de Haití, Nicaragua, El Salvador y Sudán, que tienen hijos nacidos en EEUU. Un vocero del Departamento de Justicia dijo entonces que la orden del juez Chen “usurpa el papel del poder ejecutivo”.

Los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California, National Day Laborer Organizing Network (NDLON) y un bufete de abogados privado solicitaron el paro temporal, argumentando que la decisión del gobierno de terminar el programa fue motivada por el racismo y afectaría negativamente a las familias inmigrantes.


El miércoles, en una conversación con medios de prensa, abogados y representantes de los grupos que participan en la demanda, dijeron que el plan del gobierno es un alivio temporal. Pero advirtieron que hay que esperar a que las autoridades publiquen los detalles de ese plan en el Registro Federal para tener una idea más clara de cómo se implementará el mismo.

“La orden requiere que el gobierno mantenga el estatus TPS vigente mientras la demanda sigue pendiente en cortes… esto se hará mediante extensiones”, dijo Emi McLean, directora legal NDLON.

“Para aclarar, no es que el gobierno esté reconsiderando, no hay nada humanitario sobre esto. Simplemente fueron obligados por la corte a hacer esto”, dijo McLean, quien recalcó que el gobierno de Trump apeló la orden del juez Chen inmediatamente.

La decisión del juez Chen no incluyó a los ciudadanos de Nepal u Honduras, que también son beneficiarios del programa, ya que el gobierno no había anunciado la terminación del programa para esos países cuando la demanda en California fue presentada. Una demanda separada en Boston representa hondureños, salvadoreños y haitianos. A principio de este verano, otro juez federal bloqueó los esfuerzos del gobierno para desestimar la demanda.

Permiso de trabajo

En el Registro Federal el gobierno deberá publicar un aviso antes del 2 de noviembre, en el que aclaran que los permisos de trabajos y otros documentos de los beneficiarios del TPS permanecen vigentes, aunque la fecha en los mismos esté expirada.


“El permiso existente, junto al aviso del registro federal, debe ser suficiente para demostrar que pueden seguir estando y trabajando legalmente en el país y los empleadores deben aceptar el documento como válido”, explicó McLean a el Nuevo Herald. “Los beneficiarios del TPS pueden, si quieren, ordenar otro permiso de trabajo pero les costaría $485 dólares y sería por un corto período”.

El registro federal primero publicará el aviso para los beneficiarios de Sudán y Nicaragua. Los demás países tendrán un aviso mientras se acerquen las fechas en las que el gobierno planeaba terminar el TPS para esos inmigrantes.


McLean dijo que muchas personas no renovaron su registración al TPS durante la última fecha límite o un tiempo de extensión que fue otorgado luego de que el gobierno anunciara los planes de la terminación gradual del programa. Un gran número de inmigrantes haitianos no renovó la registración, contó McLean.

Ahora, esos beneficiarios tendrán la oportunidad de registrarse nuevamente y beneficiarse de la orden judicial, y los expertos legales aconsejan que lo hagan tan pronto el aviso sea publicado en el Registro Federal.


McLean dijo que su organización publicará más información en la página web www.nationaltpsalliance.org y advirtió a los beneficiarios que acudan a grupos locales de ayuda a los inmigrantes para entender los detalles del plan del gobierno.

Para Umaine Louis-Jean, una inmigrante haitiana que vive en Fort Lauderdale, y Francis García, quien inmigró de Honduras y vive en Las Vegas, Nevada, la orden del juez y el plan del gobierno les dan “la oportunidad de seguir luchando”.

Ambas son beneficiarias del TPS, tienen hijos estadounidenses y están participando en la caravana que recorre el país.

García dijo que la caravana de inmigrantes centroamericanos que atraviesa México con destino a Estados Unidos, resalta la importancia de mantener el TPS vigente.

“Yo veo toda la gente que viene huyendo de nuestros países y pienso que no puedo tomar el riesgo de irme con mis hijos a un país en donde la gente no puede vivir por la pobreza y el peligro”, dijo García. “Por eso tenemos que luchar aquí, en el país donde hemos vivido por más de 20 años y trabajado legalmente”.

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