Inmigración

CIDH denuncia aumento de detenciones, deportaciones e irregularidades en la frontera sur de EEUU

Tras una reciente visita a la frontera sur de Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que las nuevas políticas migratorias implementadas han ocasionado un aumento drástico en las detenciones, deportaciones expeditas sin la debida garantía judicial y devoluciones forzosas de personas al lado mexicano de la frontera, aun cuando están sujetas a procesos migratorios en EEUU.

La CIDH dijo en un amplio informe divulgado este martes que las políticas han derivado en un creciente uso de la detención y rechazos en la frontera. El número de detenciones realizadas por la Patrulla Fronteriza y de Aduanas (CBP) en la frontera suroeste de EEUU ha aumentado un 91 7 por ciento.

De las 760,370 personas detenidas en lo que va del 2019, 69,157 son menores o adolescentes no acompañados y 432,838 son personas que ingresaron al país en familias, de acuerdo con la Comisión, citando cifras de CBP.


En lo relativo a rechazos en la frontera suroeste de Estados Unidos, CBP informó que entre enero y julio de 2019 un total de 102,415 personas han sido rechazadas, mientras que un total de 124,511 personas fueron rechazadas en el 2018.

De las personas rechazadas en 2019, CBP identifica 3,838 como menores y adolescentes no acompañados, 793 como niños o adolescentes acompañados y 41,949 como personas en familias.

La CIDH visitó las ciudades de San Diego y Laredo entre el 19 y 23 de agosto y sostuvo reuniones con CBP, con las autoridades consulares de México, Guatemala, Honduras y El Salvador y estuvo en cortes de migración y en el centro de detención Otay Mesa, donde obtuvo amplio acceso a las instalaciones y pudo entrevistar a personas detenidas.


Mientras que las estadísticas de CBP reportan que en el periodo de ocho meses se registró un aumento del 124 por ciento en detenciones, de las personas detenidas hasta mayo de 2019, 23,944 eran niños y adolescentes no acompañados y 135,812 familias.

Desde 2018, Estados Unidos ha adoptado una serie de políticas en materia migratoria que, según la CIDH, han derivado en detrimento de los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.

Entre esa políticas, la CIDH destacó la adopción en abril de 2018 de la medida Cero Tolerancia y la publicación en enero de 2019 de los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP), conocidos también como la política Permanecer en México.


En virtud de la política Cero Tolerancia, el Departamento de Seguridad Nacional se encuentra autorizado a remitir al Departamento de Justicia a las personas migrantes que ingresen a EEUU de manera irregular, para su procesamiento penal.

Y con Los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP), las personas que solicitan asilo en Estados Unidos son devueltas a México y obligadas a permanecer ahí en tanto esperan la notificación de sus fechas de audiencia ante un juez de Inmigración y el desarrollo de sus procesos de asilo en EEUU.

Durante el transcurso de su visita, la CIDH constató que la implementación de varias políticas migratorias, especialmente de las referidas, tiene un serio impacto para el “goce efectivo de los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y otras personas que buscan recibir protección internacional en Estados Unidos”.


Entre las afectaciones a las que estas personas se enfrentan, la CIDH destaca principalmente la imposición de restricciones a los mecanismos administrativos y de justicia disponibles para el acceso “efectivo al derecho a buscar y recibir asilo; un aumento drástico del uso de la detención migratoria, de manera inmediata y en ocasiones prolongado, como herramienta para separar a las familias, desincentivar la continuación de los procedimientos de asilo y, en general, la migración hacia sus fronteras”.

Además, señaló la ejecución de deportaciones expeditas a través de procesos simplificados sin las debidas garantías judiciales y las devoluciones forzosas de personas al lado mexicano de la frontera, aun cuando se encuentren sujetas a procesos migratorios en Estados Unidos.

En lo concerniente a la política de Cero Tolerancia, la CIDH dijo que si bien en 2018 un mandato judicial frenó las separaciones familiares como un efecto directo de dicha política, durante su visita la Comisión recibió información sobre la continuidad de las separaciones de familias en la práctica.

Al efecto, la CIDH ha identificado que los elementos recurrentes en la determinación sobre la separación de familias se basan en intentar desvirtuar el parentesco del padre o madre, de familiares en distintos grados o de los tutores legales. También, en algunos casos, parten del señalamiento de la presunta participación en actividad criminal del padre o la madre.

Cuotas diarias de recepción de solicitudes de asilo

La CIDH recibió también información referente al sistema de medición o dosificación (metering) consistente en el establecimiento de cuotas diarias de recepción de solicitudes de asilo en puertos de entrada de la frontera sur de Estados Unidos.

La implementación de este sistema ha derivado en la creación y utilización de listas informales en las que se registran los nombres de personas migrantes que solicitan protección internacional. Si bien las listas no son elaboradas por el gobierno estadounidense, en la práctica son utilizadas para organizar el ingreso de personas que buscan presentar la solicitud de asilo en el territorio.

Un informe actualizado sobre el sistema de medición o dosificación realizado por el Robert Strauss Center y el Center for U.S.–Mexican Studies indica que para agosto de 2019, aproximadamente 26,000 personas estarían inscritas en las listas o en espera de registrarse en ellas en 12 ciudades fronterizas en México.

La CIDH destaca que puertos de entrada ubicados en la frontera cuentan con una lista que es manejada por distintos actores. Al respecto, advirtió que el manejo del sistema no es uniforme y adopta particularidades prácticas en cada lugar de la frontera.

Entre los efectos derivados de la implementación de este sistema, la CIDH destaca las importantes restricciones al derecho a solicitar asilo, así como la incertidumbre y la mayor vulnerabilidad a las que son sometidas, debido a las largas esperas en condiciones restrictivas, siendo incluso objeto de prácticas de corrupción.


Por otra parte, la CIDH observa que los MPP han restringido el acceso al derecho a buscar y recibir asilo.

La CIDH también recibió información del estudio Preliminary Data: “Remain in Mexico”, elaborado por el U.S. Immigration Policy Center de la Universidad de California en San Diego, que señala que para el 19 de agosto de 2019, un total de 31,800 personas con procesos migratorios pendientes en Estados Unidos habían sido retornados a México en espera de sus audiencias en EEUU.

En cuanto al origen de las personas, el estudio encontró que 46.9 por ciento son de Guatemala, 44.5 por ciento provienen de Honduras y 3.6 por ciento son de El Salvador.

El estudio muestra que el 93.3 por ciento de estas personas viajan con miembros de sus familias y 97.4 por ciento viajan con niños menores de 18 años y que 96.7 por ciento de ellas tienen familiares o amigos cercanos en Estados Unidos.

“A pesar de estas alarmantes cifras, la CIDH advierte con preocupación que la mayoría de los casos está pendiente; hasta el 23 de agosto de 2019, solo se tiene información sobre un único caso en todo el territorio estadounidense en el que una persona obtuvo el reconocimiento de su condición de refugiada bajo este programa”, indicó en el informe.

La CIDH subrayó que en su visita pudo constatar la instalación de un espacio de procesamiento en el puerto de entrada de Laredo, compuesto por carpas y unidades móviles.

Acceso a la justicia

Las políticas migratorias estadounidenses imponen barreras para el ejercicio del derecho a la justicia de personas migrantes, solicitantes de asilo o refugiadas, determinó la CIDH, y mencionó obstáculos para la presencia física de las personas en sus audiencias en Estados Unidos al ser forzadas a permanecer en México.

También la imposición de nuevas modalidades y condiciones para la entrevista de miedo creíble; barreras para acceder a la asistencia jurídica y acompañamiento para las personas migrantes y solicitantes de asilo en sus entrevistas de miedo creíble en audiencias en cortes, y en el desarrollo de los procesos administrativos y judiciales relativos a su situación migratoria, entre otros aspectos.

Entre las principales causas que originan la situación anterior, la CIDH recibió información relacionada con el corto lapso de tiempo previsto por la ley para que las personas identifiquen y designen a sus representantes legales; el requisito de establecer una dirección en Estados Unidos para la notificación de los procesos; la dilación en los procesos de asilo y la larga espera para la determinación de una fecha de audiencia, en ocasiones en ciudades distintas a las que se encuentra la persona.


Otros aspectos son la ubicación de cortes de migración en centros de detención con acceso restringido dada su administración por empresas privadas, la insuficiencia en la disponibilidad de recursos para brindar asistencia jurídica a las personas migrantes y solicitantes de asilo y la falta de traductores e intérpretes.

Eliminar las deportaciones expeditas

La CIDH formuló 15 recomendaciones entre las que destacan eliminar las barreras y las dilaciones injustificadas en el curso de los procedimientos, así como brindar la asistencia jurídica gratuita para las personas que buscan asilo que incluyan la interpretación y traducción.

Dar fin a las deportaciones expeditas y a las devoluciones automáticas, debido a que no cuentan con una decisión individualizada y debidamente considerada con todas las garantías del debido proceso, priorizando la consideración del principio de no devolución.

Poner fin a la detención migratoria prolongada y adoptar las medidas necesarias para la existencia de medidas alternativas a la privación de libertad que permitan la permanencia en el territorio de personas migrantes y solicitantes de asilo.

Cerrar los centros de procesamiento inicial bajo la supervisión de CBP y poner fin inmediato a la detención de niños, niñas y adolescentes en centros de detención y priorizar el interés superior de la niñez en toda decisión administrativa y judicial que se pronuncie sobre la situación del niño, la niña, adolescente o sus familiares.

La CIDH también sugiere adecuar la legislación nacional a los estándares internacionales, según los cuales migrar no es un delito, en el entendido de que muchas de las personas que integran los movimientos migratorios tienen necesidades de protección internacional y muchas otras se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y requieren de protección especial.

Periodista y editora con especialización en América Latina, judicial, negocios y temas locales relacionados con la comunidad latinoamericana. Gran parte de su carrera la desarrolló en agencias internacionales de noticias. Su trabajo de investigación “Emigrar a la muerte: Venezolanas asesinadas en Latinoamérica” recibió los premios 2019 FSNE y SPJ Sunshine State.
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