Hialeah, ciudad de inmigrantes, se prepara para que sus policías apliquen leyes de inmigración
Hialeah, una de las ciudades con mayor proporción de residentes hispanos en Estados Unidos, podría convertirse en uno de los primeros municipios de Miami-Dade en colaborar oficialmente con la administración de Trump en la aplicación de la ley de inmigración.
El martes, el concejo municipal presentará una resolución autorizando al alcalde Esteban Bovo Jr. a firmar un acuerdo con la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que permitiría a los oficiales del Departamento de Policía de Hialeah realizar funciones limitadas de agentes de inmigración. Esto incluiría el poder de interrogar y arrestar a un inmigrante que crean que está violando la ley de inmigración, así como la autoridad para ejecutar órdenes de inmigración y detenciones de inmigración.
La solicitud del Departamento de Policía de Hialeah para unirse al programa 287(g) de ICE —por el cual la policía estatal y local ayuda al gobierno federal en la aplicación de la ley de inmigración— subraya el cambio en el papel de las agencias locales de seguridad pública bajo la administración de Trump. La aplicación de la ley de inmigración es responsabilidad del gobierno federal, pero el presidente Donald Trump ha dejado claro que las agencias estatales, locales y condales deben desempeñar un papel en los planes para deportar a millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos.
Desde que asumió el cargo, Trump ha tomado medidas para despojar a cientos de miles de haitianos, cubanos y venezolanos de su estatus legal, dejando a grandes sectores de las comunidades inmigrantes de Miami vulnerables a la deportación, incluidos algunos de los nuevos residentes de Hialeah, lo que plantea preguntas sobre cómo se desarrollará una asociación con ICE en una ciudad predominantemente nacida en el extranjero y casi en su totalidad hispana.
En una solicitud dirigida a Bovo y al Concejo Municipal de Hialeah, la abogada adjunta de la ciudad, Barbara T. Govea, dijo que el Departamento de Policía desea firmar el acuerdo con ICE para “brindar asistencia operativa en forma de servicios y recursos de aplicación de la ley para responder adecuadamente a la inmigración ilegal.”
En Florida, la ley estatal exige que “los alguaciles o los jefes de correccionales que operen una instalación de detención del condado” deben firmar acuerdos 287(g) con ICE. A principios de este mes, los alguaciles de Florida anunciaron que todas las cárceles del estado habían firmado dichos acuerdos.
Hasta el 10 de marzo, los departamentos de policía de Coral Gables, Davie, el pueblo de Palm Beach, Palm Beach Gardens y Key West han firmado acuerdos con la agencia federal, al igual que más de dos docenas de otras ciudades de Florida, según los registros públicos.
El martes por la mañana, se espera que la Comisión de la ciudad de Coral Gables discuta el acuerdo 287(g) de su departamento de policía, firmado el 7 de marzo. Los defensores de los inmigrantes organizarán una conferencia de prensa denunciando la colaboración.
La abogada de la ciudad de Gables, Cristina Suárez, y el administrador de la ciudad, Alberto Parjus, no respondieron a las preguntas el lunes sobre si autorizaron o estaban al tanto del acuerdo de la fuerza de tarea, ni explicaron por qué el acuerdo no pasó por al Comisión Municipal para su aprobación. A través de un portavoz de la ciudad, Parjus dijo que el tema se discutirá en la reunión del martes.
Jose Smith, ex abogado municipal de las ciudades de Miami Beach y North Miami Beach, le dijo a el Nuevo Herald que los departamentos de policía operan bajo la jurisdicción y autoridad de la comisión de cada ciudad a través del administrador de la ciudad.
“Si un departamento de policía, o una fuerza de tarea específica dentro de él, se asigna a otra agencia local, estatal o federal, solo puede hacerlo con un ‘acuerdo interlocal’ aprobado por la mayoría de la comisión con una resolución”, dijo Smith.
Nuevos llegados
Tres cuartas partes de los 221.000 residentes de Hialeah nacieron fuera de los Estados Unidos. Una vez un santuario para los exiliados cubanos que huían de la opresión económica y política, la ciudad ahora lucha con la creciente presencia de nuevos inmigrantes de Cuba y otras partes de América Latina. Bovo, quien está a punto de dejar su cargo y asumir un trabajo de cabildeo en Washington D.C., ha destacado la presión sobre los recursos que han causado los nuevos inmigrantes. Un firme seguidor de Trump, Bovo también promovió el cambio de nombre de la principal avenida de Hialeah, Palm Avenue, en honor al presidente Trump en 2023, un año antes de la reelección de Trump, con el apoyo unánime del concejo.
En 2024, Bovo afirmó que hasta 80.000 cubanos habían llegado a Hialeah en los dos años anteriores, destacando que los recursos de la ciudad estaban siendo sobrepasados. Señaló el hecho de que más de 420.000 migrantes habían llegado a los Estados Unidos desde Cuba durante ese período, comparando la afluencia con un “Mariel en esteroides”, en referencia al éxodo masivo de 125.000 refugiados cubanos a Florida en 1980.
En respuesta, el concejo municipal votó en 2024 para rechazar formalmente las “políticas de fronteras abiertas” de la administración de Biden, pidiendo al gobierno federal que imponga medidas más estrictas para frenar el flujo de migrantes hacia el noroeste del condado de Miami-Dade.
La concejal de Hialeah, Mónica Pérez, le dijo al Herald que está de acuerdo con cualquier política que haga a la ciudad más segura, y que apoyó el acuerdo 287(g). Hialeah ha sido clasificada anteriormente entre las ciudades más seguras de Florida, un logro que los funcionarios de la ciudad han destacado.
Muchos de los nuevos migrantes que la administración Trump ha intentado despojar de su estatus legal han llegado a Hialeah y otras áreas del sur de Florida en los últimos años. Los críticos del programa 287(g) afirman que las asociaciones con ICE erosionan la confianza en la policía local. Argumentan que pueden disuadir a los inmigrantes de presentarse como víctimas de crímenes o testigos, y los mantienen en las sombras.
Jose Torres, el oficial ejecutivo del jefe de policía de Hialeah, dijo que todos los oficiales de policía de Hialeah recibirán capacitación para participar en la aplicación de la ley de inmigración, mientras restó importancia a las preocupaciones sobre el posible impacto en los residentes de la ciudad. Torres dijo que las agencias locales colaboran con el Condado Miami-Dade, que ya ha firmado su propio acuerdo 287(g), abriendo el camino para que Hialeah firme el suyo.
“Si alguien es detenido por una infracción de tráfico, pediremos su licencia como siempre lo hacemos. Pero no puedo predecir lo que sucederá en un mes o un año, este acuerdo es nuevo”, dijo Torres.
Esta historia fue publicada originalmente el 11 de marzo de 2025, 10:06 a. m..
