‘Los desaparecen’: Nuevo acuerdo entre Miami-Dade y ICE sobre inmigrantes enciende polémica
Las personas en las cárceles de Miami-Dade en proceso de ser deportadas, podrían desaparecer de las búsquedas por internet de reclusos, debido a un acuerdo propuesto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), respaldado por la alcaldesa demócrata del condado, según advertencias de grupos de defensa de los inmigrantes.
El marco del acuerdo, apoyado por la alcaldesa Daniella Levine Cava, le otorga al ICE el control de los registros públicos relacionados con los reos que permanecen recluidos en cárceles del condado por poco tiempo mientras esperan ser entregados a las autoridades federales.
El acuerdo vigente del condado con ICE para retener a los reclusos buscados para su deportación es obligatorio por las leyes estatales para cárceles de la Florida. Sin embargo, los grupos de defensa afirman que la actualización propuesta por Levine Cava al acuerdo 287(g) vigente con ICE contiene restricciones preocupantes sobre qué registros y datos de reclusos el condado trata como información pública.
Si bien el ICE también mantiene bases de datos de personas detenidas por la agencia, grupos de defensa afirman que no son tan actualizadas ni confiables como los portales de reclusos que mantienen la mayoría de los sistemas penitenciarios locales.
Críticas al acuerdo
“Sería muy difícil para periodistas, defensores y familiares obtener información relacionada con la detención y los arrestos de estas personas”, declaró Thomas Kennedy, portavoz de la Coalición de Inmigración de la Florida.
El viernes por la noche, la administración de Levine Cava declaró que esta preocupación es infundada y que los reclusos del condado siempre permanecerán en el sitio web de la cárcel, que el público podrá revisar para ver quién está bajo custodia. Rachel Johnson, subjefa de gabinete de Levine Cava, afirmó que los nombres de los reclusos se podrán buscar incluso cuando estén bajo custodia de los agentes del ICE, según los términos del acuerdo.
Levine Cava presentó una declaración del Departamento de Correccionales que decía, en parte: “Este acuerdo codifica el acuerdo operativo actual con el ICE, además de otorgar al condado la facultad de solicitar reembolsos del gobierno federal para los reclusos que permanezcan detenidos hasta 48 horas en virtud de una orden de detención migratoria emitida por el ICE”.
El tema en cuestión es el texto del propuesto “Acuerdo de Ordenamiento Básico” con el ICE, que rige los registros públicos en el Departamento de Correccionales del condado, un sistema penitenciario que alberga a unas 1,400 personas diariamente.
El acuerdo, que se someterá a votación preliminar el lunes por la mañana, establece que la información generada bajo la colaboración federal queda “bajo el control del ICE” y solo puede ser divulgada por las autoridades federales. Grupos de defensa afirman que, con un texto similar, otros sistemas penitenciarios de la Florida eliminan los nombres de los reclusos de los portales de búsqueda locales una vez que son detenidos por el ICE, lo que imposibilita que la ciudadanía conozca su estado de custodia.
“En otros lugares, dicen: ‘Estos datos ya no son nuestros’”, dijo Alana Greer, directora del grupo de defensa Community Justice Project en Miami. “Sigues en la misma celda. Pero no apareces en la búsqueda de reclusos. Literalmente los desaparecen”.
Sin embargo, Greer cree que el lenguaje del acuerdo de Miami-Dade debería interpretarse de forma más restrictiva y que no habría razón para que el condado restringiera la información de los reclusos bajo el acuerdo con ICE.
Cuestiones sin aclarar
Tampoco está claro cuánto cambiaría el acuerdo respecto a los procedimientos existentes.
Desde 2017, el Departamento de Penitenciarías ha retenido a los reclusos hasta dos días hábiles cuando enfrentan órdenes de deportación de ICE. El condado comenzó a cumplir con las órdenes de detención de ICE después de la promesa de implementar medidas drásticas contra las jurisdicciones “santuario” al comienzo del primer gobierno del presidente Donald Trump. Miami-Dade se ganó la etiqueta de santuario durante la administración Obama por negarse a cumplir las órdenes de detención a menos que ICE cubriera los costos adicionales de detención en un sistema carcelario donde actualmente cuesta alrededor de $300 diarios retener a un recluso.
Durante los últimos ocho años, Miami-Dade ha absorbido los costos adicionales cumpliendo las órdenes de detención y reteniendo a los reclusos por más tiempo, después de que, de otro modo, quedarían en libertad bajo el cargo local que los llevó a la cárcel.
La lista más reciente de reclusos sujetos a órdenes de detención, que le envió el Departamento de Penitenciarías al Miami Herald a principios de 2025, mostró que alrededor de 8,000 reclusos habían sido objeto de solicitudes de detención de ICE desde 2017, y unas 5,400 personas habían sido puestas en libertad a las autoridades federales de inmigración.
El acuerdo propone un reembolso al condado
El informe también incluía los nombres de reclusos que actualmente se encuentran en prisión por cargos locales, pero que también fueron objeto de órdenes de detención de ICE. Se omitieron los nombres de los reclusos que ya habían sido liberados al ICE, y el informe incluyó un texto que indica que la ley federal vigente prohíbe la divulgación de dichos nombres por parte de las fuerzas del orden locales.
La legislación que ratifica el acuerdo está programada para una audiencia ante el Consejo de Políticas de la Comisión del Condado el lunes a las 9 a.m., antes de ser sometida a votación ante el pleno de la Comisión del Condado, compuesta por 13 miembros, a finales de este año.
El acuerdo también estipula que Miami-Dade puede recibir un reembolso de $50 por cada recluso detenido bajo una orden de detención.
El promotor de la legislación es el comisionado Roberto González, el más conservador de la comisión. En una publicación en redes sociales el viernes sobre el acuerdo, declaró: “Miami-Dade no es ni será un condado santuario. Apoyo un proyecto para aprobar formalmente nuestro acuerdo con el ICE, ya firmado por el alcalde en marzo, como lo exigen las leyes estatales. Hemos cumplido con las órdenes de detención desde 2019. Esto simplemente garantiza nuestro reembolso”.
Traducción de Jorge Posada
Esta historia fue publicada originalmente el 7 de junio de 2025, 5:59 p. m..