Defensores de inmigrantes advierten que acuerdo de ICE con la policía local erosiona la confianza
Más de dos docenas de defensores de los derechos de los inmigrantes se congregaron el martes frente al Centro de Convenciones del Condado de Broward en Fort Lauderdale, donde sheriffs de todo Estados Unidos asistían a su conferencia nacional anual.
“¿Qué hacemos cuando los derechos de los inmigrantes son atacados? ¡Contraatacamos!”, coreaban los manifestantes.
Los defensores de los inmigrantes se reunieron en la esquina noroeste de la calle 17 Sureste y el bulevar Eisenhower, con pancartas y carteles denunciando el controvertido acuerdo 287(g), una colaboración entre las fuerzas del orden locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) que permite a los agentes de policía locales realizar ciertas tareas de control migratorio.
El programa ha sido descrito por el ICE como un “multiplicador de fuerza”.
Entre los manifestantes que se encontraban frente a la Conferencia de la Asociación Nacional de Sheriffs se encontraba Rick White, de 64 años, un retirado asistente del sheriff de Illinois que ahora reside en Boynton Beach. Con una camiseta que decía “Soy inmigrante”, White sostenía un cartel que decía “No hay reyes en Estados Unidos”. Dijo que vino para apoyar a las comunidades inmigrantes en Florida y en su estado natal.
White criticó la iniciativa del gobierno de Trump de involucrar a la policía local en la aplicación de las leyes federales de inmigración, afirmando que esto erosiona la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades inmigrantes. “Estoy aquí para retribuir y oponerme a la separación de familias y a los ataques injustos contra los inmigrantes que simplemente intentan vivir en este país”, declaró al Miami Herald.
A medida que la administración Trump intensifica sus esfuerzos para aumentar las deportaciones, más de 100 agencias del orden público en Florida, incluyendo las 67 oficinas del sheriff del condado, se han unido al programa 287(g). Los departamentos de policía locales no están obligados explícitamente a participar. Sin embargo, el gobernador Ron DeSantis y el fiscal general de Florida, James Uthmeier, argumentan que, bajo la ley de santuario del estado, dicha cooperación es, en efecto, obligatoria.
Los críticos afirman que el programa fomenta la discriminación racial y socava la confianza de la comunidad.
“Se ven como enemigos”
Javier Del Castillo, de 60 años, defensor de los inmigrantes originario de Colombia, sostenía un cartel que decía “Dile no a ICE”. Expresó su preocupación por la posible expulsión de inmigrantes del estado por parte de estas políticas.
“Ya estamos viendo una escasez de trabajadores en la construcción, la atención médica y otras industrias”, afirmó. “Después de que estos sheriffs firmaran acuerdos con ICE, los inmigrantes en Florida se volvieron demasiado temerosos de denunciar delitos”.
“Cuando se firma uno de estos acuerdos, dividen a la comunidad y a la policía”, añadió. “Se ven como enemigos”.
Juan Cuba, director ejecutivo de Sheriff Accountability Action, instó a los sheriffs de todo el país, especialmente en Florida, a rechazar las colaboraciones con ICE y a centrarse en las responsabilidades para las que fueron elegidos: mantener la seguridad de sus comunidades.
Cuba afirmó que ICE tiene cuotas diarias de arrestos y que sus operaciones en escuelas, lugares de trabajo, granjas y obras de construcción están generando un temor generalizado. “Muchos sheriffs de todo el país se han negado a hacer el trabajo de ICE”, declaró. “Desafortunadamente, no en Florida, debido a la presión política del gobernador, quien ha amenazado a los funcionarios locales con la deportación”.
Sheriff disidente
La sheriff Alyshia Dyer del condado de Washtenaw, Michigan, quien asistía a la conferencia, se unió brevemente a la protesta para expresar su oposición al programa 287(g).
“No es nuestro trabajo”, dijo Dyer. “Las fuerzas del orden locales deberían centrarse en la seguridad pública, no en hacer cumplir la ley federal de inmigración”.
Advirtió que convertir a la policía en agentes de inmigración socava la confianza de la comunidad.
“Cuando las personas, tanto inmigrantes como ciudadanos estadounidenses, tienen miedo de llamar al 911 porque podría resultar en detención o separación de sus familias, dejan de denunciar los delitos”, dijo. “Los sobrevivientes guardan silencio, los testigos desaparecen. La gente no se presenta ante el tribunal, y eso pone a todos en riesgo”.
Al calificar la ley 287(g) de “mala política y mala actuación policial”, Dyer afirmó que la medida abre la puerta a la discriminación racial. “Esta obsesión nacional por atacar a los inmigrantes tiene que ver con la política, no con la seguridad”, dijo. “Hice juramento de servir y proteger a todos en mi comunidad, no solo a quienes tienen la documentación en regla”.
Dyer señaló que no es la única con esta preocupación. Muchos sheriff y policías de todo el país comparten esta frustración. Las fuerzas del orden están trabajando para detener la 287(g) y combatir la discriminación racial y la discriminación contra las comunidades negras y latinas.
Dyer recibió una carta en nombre de los organizadores de la protesta de Faithful America, una red de más de 200.000 cristianos progresistas. La carta, firmada por más de 12.000 líderes religiosos y creyentes de todo el país, insta a los sheriff a rechazar los acuerdos 287(g). Quienes apoyan la iniciativa planean entregar copias directamente a los sheriffs de sus comunidades locales.
“Les hacemos un llamado a tomar el camino correcto, a resistir esta presión política y a mantenerse fieles a su misión como servidores de la seguridad pública”, dice la carta. “Cuando los sheriff asumen la labor del sistema federal de inmigración, siembran miedo, no seguridad. Separan familias, en lugar de generar confianza”.
Dyer, quien afirmó que los líderes del estado de Michigan no han presionado a los sheriff para que apliquen la ley de inmigración, criticó lo que llamó una extralimitación federal.
“Es realmente problemático que a nivel nacional se intente obligar a los sheriffs a hacer cosas que van más allá de sus funciones principales, especialmente cuando los recursos ya son escasos. Todos juramos defender la Constitución, y algunas de las medidas adoptadas por la administración Trump no se ajustan a ella.”
Otra carta provino de Escucha Mi Voz, un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes en Iowa que logró organizar a su comunidad en Dubuque para presionar a su sheriff a rechazar el acuerdo 287(g). Los defensores afirman que es un ejemplo de poder popular en acción, y esperan replicarlo en Florida y otros lugares.
Quienes critican el 287(g) lo describen como un mandato sin fondos que desvía recursos locales, socava la seguridad pública y expone a los departamentos de sheriff a posibles demandas por violación de derechos civiles.
Argumentan que los acuerdos convierten a los agentes locales en agentes federales de inmigración, lo que provoca un aumento de la discriminación racial, detenciones de tráfico prolongadas y la erosión de la confianza entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden.
Dyer expresó empatía por los sheriffs de otros estados, como Florida, que enfrentan presiones para aplicar las políticas migratorias.
“Simplemente creo que no es buen gobierno, ni una buena democracia”.
Esta historia fue publicada originalmente el 24 de junio de 2025, 5:58 p. m..
