‘Es simplemente injusto’: Qué significa el fin del TPS para nicaragüenses y hondureños en EEUU
Virginia Guevara llegó a los Estados Unidos desde Tegucigalpa, Honduras, en la década de 1990, antes de que Honduras recibiera el Estatus de Protección Temporal (TPS) tras la devastación causada por el huracán Mitch en 1998.
Guevara, entonces de 48 años, construyó una nueva vida en los Estados Unidos trabajando como ayudante de cocina. Ahora, con 78 años, se enfrenta a una posible deportación a Honduras, un país al que no regresa desde hace décadas, después de que la administración Trump pusiera fin a las protecciones migratorias de más de 51.000 hondureños el lunes.
Su familia está preocupada por lo que ocurrirá en septiembre, cuando venza el TPS para Honduras. Su nieto, Isaac Dubon, teme lo que sucedería si queda detenida en un centro de ICE, tras los informes de múltiples muertes, incluyendo cinco solo en Florida.
“Ella es una mujer de tercera edad con presión alta y diabetes”, dijo Dubon sobre su abuela, quien vive en Oakland Park, en el condado de Broward.
Maria Elena Hernández, inmigrante nicaragüense de 67 años, ha vivido y trabajado en EEUU durante casi 30 años bajo TPS. Ha trabajado 18 años como limpiadora en una universidad y, hace dos años, empezó a recibir beneficios del Seguro Social.
El lunes, Hernández —quien vive en Broward— se sumó al grupo de 2.900 nicaragüenses que se enteraron de que la administración Trump está eliminando su TPS, el mecanismo que otorga protección contra deportación y permisos de trabajo a inmigrantes de países en crisis. En septiembre, podría ser deportada a un país que no visita hace décadas, sin poder controlar sus dos enfermedades crónicas y separada de su familia estadounidense.
Las cancelaciones de TPS para Honduras y Nicaragua anunciadas el lunes entrarán en vigor el 8 de septiembre.
El TPS para Honduras y Nicaragua se otorgó por primera vez en enero de 1999 tras el huracán Mitch. Desde entonces, varios fiscales generales de EEUU y secretarios de Seguridad Nacional han extendido esas protecciones debido a los desafíos de recuperación, desastres posteriores y la creciente crisis económica y política.
Hernández es una de la docena de beneficiarios de TPS de Honduras, Nicaragua y Nepal que presentaron el lunes una demanda federal contra la administración Trump por su decisión de terminar las protecciones para sus nacionalidades. La demanda, presentada en San Francisco, sostiene que el gobierno busca desmantelar el TPS sin importar las condiciones actuales ni las obligaciones legales.
Nepal, también incluido en la demanda, recibió TPS por primera vez en junio de 2015 tras un terremoto de magnitud 7.8 y múltiples réplicas que causaron cerca de 9.000 muertes y desplazaron a millones. En junio, la administración Trump anunció la eliminación del TPS de Nepal, que llegaría a su fin el 5 de agosto.
En total, las cancelaciones de TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal dejarían a aproximadamente 61.000 personas sin estatus legal: 51.000 de Honduras, 7.200 de Nepal y 2.900 de Nicaragua.
“La terminación del TPS me da mucho miedo. Me ha afectado emocional y económicamente, porque perderíamos nuestros trabajos y seguro médico”, afirmó Hernández. “He vivido aquí más de 25 años. Ahora quieren que regrese a Nicaragua, donde hay tantos problemas, al punto que este gobierno recomendó a sus ciudadanos no viajar allí”.
Florida alberga a más del 40% de los nicaragüenses que viven en EEUU, incluidos muchos como Hernández, aunque no todos tienen TPS. Muchos residen en el área de Miami, especialmente en la ciudad de Sweetwater, conocida como “Pequeña Managua” por su alta concentración de residentes nicaragüenses.
Esta es la segunda vez que los TPS de Honduras y Nicaragua generan incertidumbre, tras una iniciativa similar en 2017 durante el primer mandato de Trump, que también apuntó a Sudán, Haití y El Salvador. Ese esfuerzo fue impugnado con éxito en tribunales federales. Ahora, ocho años después, estas comunidades deben enfrentar la misma batalla.
El TPS de El Salvador es la única protección migratoria que la administración Trump no ha cancelado; se mantuvo la extensión otorgada por Biden. Aunque aliado en las políticas de control migratorio de Trump —incluyendo la controvertida deportación de venezolanos a la mega-prisión CECOT—, El Salvador sigue siendo una excepción, mientras que los TPS de Venezuela, Haití, Camerún y Afganistán han sido eliminados.
Harold Rocha, presidente de la Nicaraguan American Legal Defense and Education Fund, dijo que su grupo había previsto la decisión de la administración Trump. La organización formó parte de una coalición que pidió al gobierno Biden una nueva designación de TPS para nicaragüenses recién llegados y aquellos presentes desde 1999.
“Intentamos activamente que la administración anterior otorgara la nueva designación porque temíamos lo que ahora está ocurriendo”, dijo.
Rocha contó que estuvieron cerca de lograrla, pero la administración Biden implementó en su lugar un programa de parole humanitario para reducir el flujo migratorio en la frontera. En ese momento, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, pidió al grupo que pausara sus esfuerzos para evaluar la efectividad del programa.
El programa de parole humanitario, conocido como CHNV (por cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos), permitió que más de 500.000 personas llegaran legalmente a EEUU. Sin embargo, la administración Trump lo suspendió abruptamente.
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Rocha dijo que su organización ahora se está enfocando en educar y orientar a los nicaragüenses que podrían enfrentar deportación tras décadas en EEUU.
“Muchos han sido miembros activos de las comunidades donde vivieron y trabajaron. Son parte integral de esas comunidades. Son esposos o padres de ciudadanos estadounidenses. ¿Cómo pueden dejar eso atrás?”, afirmó Rocha.
Contradicciones
La administración Trump, al terminar el TPS de varios países, ha calificado a esas naciones como lo suficientemente seguras para que sus nacionales regresen. Sin embargo, esto contradice sus propias alertas de viaje.
Nicaragua y Honduras están en el nivel 3 (“Reconsiderar viajar”) del Departamento de Estado, debido a altas tasas de criminalidad, riesgo de detención injusta y falta de juicios justos. Además, EEUU prohíbe viajar al departamento de Gracias a Dios en Honduras por tráfico de drogas.
La demanda presentada en San Francisco por ACLU del Norte de California, el Centro de Ley y Política de Inmigración de UCLA, ACLU del Sur de California, National Day Laborer Organizing Network, y Haitian Bridge Alliance destaca un patrón reaparecido en las eliminaciones previas de TPS.
El texto afirma que la secretaria Kristi Noem citó ciertos avances —como el aumento del turismo y la inversión inmobiliaria— como razones para terminar las protecciones, mientras ignoraba condiciones clave que justificaron el TPS, incluyendo “violencia política” y “niveles asombrosos de criminalidad”.
El aviso de eliminación del TPS para Honduras y Nicaragua otorgó solo 60 días antes del vencimiento, lo cual la demanda cuestiona como ilegal, ya que no brinda suficiente tiempo a personas que han vivido y trabajado durante décadas en EEUU para prepararse ante la pérdida del estatus legal y empleo.
“Quitar el estatus legal a personas que han vivido aquí por al menos 10 años, y en la mayoría de los casos 25, cumpliendo con todas las reglas, no solo es cruel. También es ilegal”, dijo Jessica Bansal, abogada de National Day Laborer Organizing Network. “El gobierno no puede fabricar un resultado predeterminado sin cumplir sus obligaciones legales”.
Según los abogados, en los últimos 20 años, ni siquiera la administración Trump de 2017 dio tan poco plazo a los beneficiarios de TPS con estatus prolongado.
Maureen Porras, vicealcaldesa de Doral e inmigrante nicaragüense desde 1996, calificó la decisión de la administración Trump como “desalentadora”. Citó las protestas de 2018 contra Ortega y la dura represión de ciudadanos como motivo de preocupación ante el regreso de personas al país.
“No creo que las condiciones socioeconómicas y sociopolíticas sean favorables ni seguras para que estas personas regresen”, dijo.
El representante republicano Mario Díaz‑Balart, de Miami, dijo en X que está “profundamente preocupado por quienes no pueden regresar seguros a Nicaragua debido a los peligros que probablemente enfrentarán”. Pidió al gobierno Trump reconsiderar la decisión sobre el TPS nicaragüense.
“Durante años, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha privado al pueblo nicaragüense de sus libertades fundamentales, forzando a miles al exilio en varios países, incluido Estados Unidos”, escribió Díaz‑Balart en X.
La alcaldesa del condado Miami‑Dade, Daniella Levine Cava, calificó el lunes la decisión de poner fin al TPS para ambos países como “un golpe desgarrador” para cientos de miles de inmigrantes en el país, incluidos muchos en Miami‑Dade.
“Durante décadas, los beneficiarios de TPS de Honduras y Nicaragua han vivido y trabajado aquí bajo protección legal, fortaleciendo nuestra economía y enriqueciendo nuestra sociedad”, declaró. “Obligarlos a regresar a naciones aún afectadas por inseguridad e inestabilidad es inhumano y contraproducente”.
La comisionada del Condado Miami‑Dade, Marleine Bastien, instó al Congreso a aprobar una ley que otorgue permanencia a las familias con TPS.
“Una vez más, esta reversión abrupta e imprudente pone a las familias en riesgo de separación y crea temor e inestabilidad innecesarios en ciudades como las nuestras, donde los beneficiarios de TPS son miembros vitales de la fuerza laboral y la economía”, dijo Bastien.
Las preocupaciones de Bastien son profundamente personales para los beneficiarios de TPS hondureños y nicaragüenses de larga data en los condados de Broward y Miami‑Dade, cuyas familias enfrentan ahora la amenaza de separación y pérdida de estabilidad.
El nieto de Guevara, Dubon, dijo que su familia teme que ella pierda todos los beneficios de jubilación que ha ganado.
“Todo lo que ella hizo fue trabajar”, dijo. “Se siente devastada por la posibilidad de perder esos beneficios. Es muy injusto.”
Esta historia fue publicada originalmente el 9 de julio de 2025, 11:29 a. m..
