¿Dónde está Carlos? Una familia americana atrapada en la represión contra la inmigración
Todos los días, Angela Della Valle conduce durante una hora a través de las colinas de pinos amarillos del corazón de Luisiana para visitar a su esposo en el Centro Correccional de Winn, en medio del Bosque Nacional Kisatchie. Esta antigua prisión estatal ahora alberga a detenidos de inmigración. Llega a la puerta principal mientras la luz del sol se filtra entre el follaje del bosque.
Después de pasar el primer control de seguridad, otro guardia inspecciona su coche de alquiler y verifica su identificación. Dentro de las instalaciones, Angela vacía sus bolsillos, un guardia la escanea con un detector de metales, la registra y le pide que separe las piernas.
No le importa. Se pondría un disfraz de pollo si fuera necesario. Lo único que le importa es estar cerca de Carlos, un ciudadano mexicano de 49 años que ha sido trasladado a más de una docena de centros de detención en los últimos cinco meses.
Su único delito: ser indocumentado.
Angela, de 49 años, se ha alojado en 21 hoteles y propiedades de alquiler en tres estados —incluyendo Florida— y en dos territorios estadounidenses desde que su esposo, con quien lleva casada 23 años, fue detenido en estas instalaciones, incluyendo Alligator Alcatraz.
Las familias como la de Angela, Carlos y su hijo Alessandro, compuestas por ciudadanos estadounidenses y miembros indocumentados, se denominan familias de estatus migratorio mixto. Se han visto atrapadas en un torbellino migratorio donde el simple hecho de ser indocumentado se considera un delito. El matrimonio con un ciudadano estadounidense ofrece una vía hacia la ciudadanía, pero solo si se ingresa legalmente al país. Aquellos que son sorprendidos entrando ilegalmente al país podrían tener prohibido regresar por hasta 10 años.
En 2024, el Departamento de Seguridad Nacional estimó que 765,000 no ciudadanos, como Carlos, están casados con ciudadanos estadounidenses y carecen de estatus migratorio legal. Muchos llevan casados más de 20 años.
Es una situación sombría. Bajo la administración Biden, Carlos Della Valle sería un hombre libre. La administración priorizó la deportación de criminales violentos. Bajo la campaña de deportación masiva de la administración Trump, la red se ha ampliado. Los funcionarios de inmigración no solo persiguen a los “peores de los peores”. Carlos y miles de familias de estatus migratorio mixto están siendo separadas.
Después de los controles de seguridad en Winn, Angela atraviesa las rejas de hierro y entra en la sala de visitas. Ella y Carlos se sientan en una mesa de madera rodeada de sillas de plástico. Tienen una hora juntos.
Angela está optimista. En comparación con muchas otras personas que se encuentran en la misma situación, ella tiene suerte. Pudo tomarse un permiso en su trabajo como profesora de secundaria y no tiene que preocuparse por sus hijos en casa, ya que su hijo ya está en la universidad.
La historia de la familia ha conmovido a la comunidad de Downingtown, un pequeño pueblo que antiguamente albergaba una fábrica de papel en el condado de Chester, Pennsylvania. Los residentes han ayudado a recaudar fondos para que Angela pueda acompañar a Carlos. Su historia también inspiró más de 200 cartas que solicitaban la liberación de Carlos.
Carlos Della Valle ha sido transferido 16 veces
Antes de llegar a Estados Unidos, Carlos no podía encontrar un trabajo decente en su estado natal de Guerrero, México. Contó que fue agredido cuatro veces por un cártel de drogas local por negarse a unirse a ellos. En 1997, pidió dinero prestado a su abuela, que vivía en Guerrero, y cruzó la frontera hacia Douglas, Arizona, con la ayuda de coyotes, personas a las que se les paga para introducir inmigrantes en el país.
Posteriormente fue detenido y deportado. Sin saber que reingresar a Estados Unidos después de una deportación es un delito grave, punible con hasta dos años de cárcel, Carlos cruzó la frontera de nuevo. Se mudó al condado de Chester para estar más cerca de unos amigos de su abuela que vivían allí.
Carlos conoció a Angela en 1998. Ella estaba en la universidad y trabajaba por las noches enseñando inglés como segundo idioma. Carlos era uno de sus alumnos. En su clase, notó su sonrisa amable y cómo las demás estudiantes se sentían atraídas por él. Su atractivo físico era un plus, dijo Angela.
Su romance comenzó como una amistad. Jóvenes, ingenuos y desconocedores de las leyes de inmigración, se casaron en 2002 sin consultar a un abogado. La situación migratoria de Carlos era un secreto para sus amigos y para la familia de Angela, de tendencia conservadora. Pero esto no afectó su amor. Nunca fue un factor que preocupara a Angela. Ella solo sabía que quería estar con Carlos.
Luego de su boda, se impuso una dura realidad. El primer abogado que consultaron les explicó que Carlos podría tener que salir del país. Un duro golpe para la pareja. Mantuvieron la esperanza de que el Congreso aprobara una ley que ayudara a resolver su situación.
Carlos mantuvo un perfil bajo. Permaneció cauteloso, sin llamar la atención. Evitaba incluso cometer una infracción de tráfico. Sus vidas giraban en torno a su pequeño pueblo. Angela iba a dar clases. Carlos trabajaba a tres minutos de distancia. Mientras Angela preparaba la cena, Carlos cortaba el césped.
Carlos y Angela evitaban cualquier error que pudiera provocar un encuentro con agentes de inmigración. Pasaron dos décadas intentando regularizar su estatus migratorio, a pesar de la complicación de su entrada ilegal.
Desde 1996, varias administraciones han intentado abordar la separación familiar. El programa “Mantener a las familias unidas” (2024) de la administración Biden tenía como objetivo ayudar a estas familias a regularizar su estatus legal sin riesgo de separación. El programa fue suspendido en noviembre de 2024 tras impugnaciones legales por parte de estados liderados por republicanos, incluyendo Florida.
No importó; la segunda entrada de Carlos complicó su elegibilidad para este programa. Marielena Hincapié, experta en inmigración de la Universidad de Cornell que ayudó a diseñar el programa de Biden, afirmó que familias como la de los Della Valle necesitan que los legisladores federales cambien la ley de inmigración estadounidense para que puedan permanecer juntos.
La administración Trump ha dificultado aún más la situación. Despidió a decenas de jueces de inmigración y despojó de su estatus legal a miles de inmigrantes, privándolos de su estatus de protección temporal y humanitaria.
“Estas son familias profundamente arraigadas, que forman parte de nuestras comunidades, que contribuyen”, dijo Hincapié. “La crueldad, la inhumanidad y la complejidad del sistema de inmigración se están haciendo patentes en las comunidades locales de una manera que la gente nunca antes había experimentado ni comprendido”.
Si bien el estatus de Carlos ensombrecía sus vidas, la familia decidió no vivir bajo esa nube de miedo. Para sus vacaciones anuales de Navidad, habían viajado sin incidentes a lugares como Puerto Rico, California y Florida. Pero en diciembre de 2024, eligieron las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
El día de Navidad, la familia Della Valle concluyó su semana en St. Thomas con una caminata por el sendero Mermaid Chair, de tres millas de longitud, que ofrece vistas a una franja de tierra donde el Océano Atlántico se encuentra con el Mar Caribe. Luego se apresuraron al aeropuerto Cyril E. King en Charlotte Amalie para tomar su vuelo de la tarde a Miami.
Alrededor de las 12:45 p.m., los agentes de la TSA escanearon sus identificaciones. Angela estaba a punto de pasar por el escáner corporal cuando miró hacia atrás y se dio cuenta de que Carlos había desaparecido.
“¿Dónde está mi esposo?”, preguntó a los agentes de la TSA. No respondieron.
Durante más de seis horas, Angela permaneció sentada en el banco de metal gris junto al área de control de seguridad de la TSA, observando a los viajeros quitarse los cinturones y volverse a poner los zapatos. Tenía la mirada fija en la entrada de la TSA, buscando a Carlos entre las familias, muchas de ellas con pijamas navideñas, que pasaban por las máquinas de control.
A medida que la espera se prolongaba, una angustia terrible se apoderó de ella y sintió ganas de vomitar. El mayor temor de la familia se estaba haciendo realidad. Aunque ningún funcionario del aeropuerto respondió a sus preguntas, estaba segura de que habían descubierto la situación migratoria de Carlos.
Empezó a sudar. Quería ir al baño, pero estaba paralizada, por si él reaparecía. Angela llamó a un abogado con el que habían consultado meses antes sobre su situación.
“Tiene una orden de detención del ICE, así que lo mejor es pedir que lo deporten”, le dijo el abogado. “Si algún abogado de allí les dice que puede sacarlo, les va a robar el dinero. Les va a robar el tiempo”.
“Eso no es aceptable. ¿Está diciendo que no luchemos?”, replicó Angela.
Angela agradeció la brutal honestidad del abogado, y que le hubiera contestado la llamada el día de Navidad. Simplemente no podía creer que, después de que Carlos hubiera pasado décadas en Estados Unidos, la solución del abogado fuera enviarlo de regreso a México.
“Hemos llegado demasiado lejos”, se dijo a sí misma.
Alrededor de las 8 p.m., habían perdido todos sus vuelos de regreso a casa. Angela se negó a abandonar el aeropuerto. Envió a su hijo, Alessandro, a un hotel cercano y se sentó junto a las puertas del aeropuerto con su equipaje.
Un agente de inmigración se acercó.
“Probablemente ya lo sepa, pero su esposo tiene una orden de deportación antigua de 1997”, le dijo. “Tenemos que mantenerlo bajo custodia”.
Angela siguió al agente de inmigración para recuperar el equipaje de Carlos. Apenas a una docena de pasos dentro del aeropuerto, vio su maleta y su mochila. Luego, una oficina con la puerta entreabierta.
Mientras el agente de ICE hablaba, Angela, mirando hacia adentro, vio a Carlos sentado en un escritorio con otro funcionario de inmigración. Estaba a punto de ser trasladado a un centro de detención de ICE en St. Thomas.
“¿Quieres luchar?”, le gritó, con los agentes escuchando.
“Sí”, respondió él a gritos.
No es culpable. No es un criminal
Ese viernes por la mañana, dos días después de Navidad, Angela entró en el Edificio Federal Ron de Lugo y el Tribunal Federal de Charlotte Amalie. Se reunió con un abogado. Era un hombre alto y delgado con un traje gris, que llevaba calcetines y sandalias, el típico “hombre de la isla”, pensó ella.
El juez les informó de inmediato que el abogado no había presentado la documentación necesaria. Angela se quedó impactada, pensando: “Esto se acabó”. Las puertas de la sala del tribunal se abrieron y entró una mujer negra con largas rastas. La acompañaba un hombre blanco alto.
“Aquí está ICE”, pensó Angela. “Vienen a por él”.
Pero la mujer, la defensora pública federal Melanie Turnbull, se había enterado del caso de Carlos. Le pidió al juez un breve receso y, a las 6 de la tarde, Carlos fue puesto en libertad bajo fianza de $20,000 y pudo regresar a casa. El siguiente paso: un juicio en agosto para determinar si había entrado al país ilegalmente.
Ocho meses después, Carlos estaba de vuelta en el tribunal. Veinte amigos y simpatizantes habían viajado a St. Thomas desde Pensilvania. Esperaban a que comenzara el juicio. Abrazaron a Carlos. Cuando los miembros del jurado se dirigieron a sus asientos, se sorprendieron al ver la sala del tribunal abarrotada.
Donald Trump era ahora presidente y su administración había lanzado una amplia campaña de represión contra los inmigrantes en todo el país.
Dos amigas de Angela crearon una página de GoFundMe por si las cosas no salían bien.
El presidente de la empresa de adhesivos donde trabajaba Carlos había votado por Trump. Creía en la represión contra la inmigración. Pero no para Carlos. Calificó la vida de Carlos de “ejemplar”. En su carta al juez, le pidió que permitiera que Carlos permaneciera en Estados Unidos.
Carlos, dijo, merecía ser ciudadano estadounidense.
“Estoy seguro de que el presidente Trump tenía en mente a personas como Carlos cuando hablaba de cómo serían los nuevos inmigrantes. Él no pertenece a ese elemento criminal que ha llegado aquí”, escribió el director de la empresa.
Carta tras carta, la comunidad del condado de Chester escribió sobre Carlos:
Tras un juicio de dos días, un jurado declaró a Carlos no culpable de reingreso ilegal a Estados Unidos, conmovido por 200 cartas de su comunidad. Descubrieron que Carlos había trabajado durante más de dos décadas en una empresa donde ahora era gerente de planta. Pagaba sus impuestos. Era un buen ciudadano.
Las celebraciones apenas habían cesado cuando un agente de inmigración apartó a Carlos y a Angela.
Aunque Carlos acababa de ser declarado no culpable de reingreso ilegal, no importó. Bajo la nueva administración, seguía siendo culpable de ser indocumentado.
“Carlos, lo siento”, les dijo la agente del ICE. “No tienes estatus legal y vas a ser detenido”.
Les concedió una última noche juntos.
A la mañana siguiente, Carlos, vestido con jeans y una camisa de cuello azul y blanco, se presentó en el centro del ICE en St. Thomas con su abogado y se entregó. Angela y varios amigos observaron cómo registraban a Carlos.
Los agentes de inmigración dijeron que Carlos sería trasladado a Puerto Rico esa misma tarde; Angela regresó rápidamente a su hotel.
Preparó una pequeña mochila para él, llenándola con lo necesario: ropa interior, artículos de aseo, camisas, zapatos.
No le importaba a cuál de los dos centros de detención de inmigrantes en la isla sería llevado Carlos. Solo sabía que tenía que tomar el siguiente vuelo a San Juan, Puerto Rico.
Ping-pong de detención
Todos los días, durante una semana, Angela esparaba frente a las instalaciones de detención de ICE en Guaynabo, una ciudad a pocas millas de San Juan. Se sentaba en el pavimento de concreto durante horas bajo el abrasador sol de agosto, con la esperanza de que le permitieran ver a Carlos. Las visitas no estaban garantizadas.
Los guardias le ofrecieron una sombrilla, pero ella la rechazó. “Quería que vieran nuestro sufrimiento”, recordó.
“Queremos que sepas que nos duele lo que estamos viendo. No nos gusta esto”, le dijo uno de los guardias a Angela. “Intentamos no demostrarlo”.
Una semana después, el 19 de agosto, Carlos desapareció.
Angela ingresó su número de identificación de extranjero en el localizador de ICE, una herramienta que muestra la ubicación de un detenido. Solo decía que Carlos estaba bajo custodia de ICE. No sabía si eso significaba que había sido deportado o trasladado.
Llamó a su abogado. Llamó al consulado mexicano.
El consulado le dijo a Angela que Carlos había sido trasladado a Florida.
Angela se enteró de que a menudo trasladaban a los detenidos de San Juan a un nuevo centro de detención temporal en los Everglades de Florida.
Inmediatamente empacó sus cosas en su apartamento alquilado en San Juan y voló a Miami. Se registró en el Miccosukee Casino and Resort, a las afueras de los Everglades.
Dos días después, su abogado encontró a Carlos en el centro de detención temporal de Florida Alligator Alcatraz.
Angela se dirigió inmediatamente al lugar. Pasó junto a las luces azules y rojas de los vehículos de la policía estatal estacionados en la entrada antes de llegar al puesto de control.
Le dijo al guardia que estaba allí para visitar a su esposo. Él miró su rostro pálido y sus ojos verdes y supuso que su esposo era un empleado. El guardia le preguntó en qué departamento trabajaba su esposo. Angela le dijo que su esposo era un detenido.
Él le negó la entrada.
“Este lugar es tal como dicen”, le dijo Carlos a Angela durante una llamada desde las instalaciones. El centro de detención improvisado, rodeado de cercas de alambre, tenía a los detenidos durmiendo en literas marrones bajo luces fluorescentes brillantes y permanentes. Los detenidos decían que vivían en condiciones insalubres.
Las instalaciones de los Everglades habían atraído la atención nacional por su nombre y por el consejo del presidente Trump a los posibles fugitivos: “No corran en línea recta”... para evitar ser devorados por un caimán.
Carlos fue trasladado 10 veces dentro de Florida. Como una pelota de ping-pong humana, fue trasladado de un lado a otro del estado de Florida, de Miami a Orlando y luego al condado de Baker.
Angela siempre lo seguía de cerca. A finales de septiembre, Carlos fue transferido a Winn, uno de los centros de detención de ICE más grandes de Luisiana. Esta zona del país es conocida como el “Corredor de la Detención”, ya que alberga 14 de los centros de detención de inmigrantes más grandes de Estados Unidos.
En el otoño del 2024, investigadores federales comenzaron a investigar Winn tras recibir más de 100 denuncias de violaciones de derechos civiles. Las acusaciones incluían que un guardia exigió a un detenido que “se arrodillara y suplicara” por sus documentos legales, el confinamiento de algunos detenidos en un congelador y un incidente en el que 200 detenidos en sus celdas fueron rociados con gas pimienta.
Aunque las denuncias eran impactantes, el traslado a Winn significó que Angela pudiera ver a Carlos con más frecuencia. Visitarlo en Florida era casi imposible, ya que siempre le negaban el acceso.
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Ese septiembre, Angela se mudó a una casa de alquiler en Natchitoches, Luisiana, a casi 30 millas de Winn.
Mientras tanto en el condado Chester, Pennyilvania, las iglesias locales organizaron vigilias pidiendo el regreso de Carlos. En los jardines de las casas, la gente colocó carteles con el mensaje “Traigan a Carlos a casa”. La campaña de GoFundMe recaudó más de $90,000 en donaciones.
El Día del Descubrimiento de América, Carlos llamó.
“Algo va a pasar. Dicen que estoy en una lista”, le dijo a Angela.
Carlos estaba siendo trasladado a Texas para su deportación.
Después de un vuelo de Alexandria, Luisiana, a Brownsville, Texas, los agentes fronterizos les dijeron a Carlos y a los demás detenidos que cruzaran la frontera a pie hacia Matamoros, México. Algunos obedecieron. Carlos se negó. No quería renunciar a su familia tan fácilmente.
Los agentes fronterizos trasladaron a Carlos a un centro en Port Isabel, Texas.
Angela, una vez más, lo siguió de cerca.
Tres días después, Carlos estaba de regreso en Winn.
Papá detenido
El constante ir y venir, la espera, el miedo a que Carlos fuera obligado a mudarse a México, estaba pasando factura, no solo a Angela, sino también a su hijo, Alessandro.
El semestre de otoño comenzó difícil para Alessandro. Con su padre detenido, tuvo que madurar rápidamente. Estaba solo.
“No puede ser más difícil”, dijo el joven de 20 años mientras conducía de regreso para el día de la mudanza de su tercer año en la Universidad de Pittsburgh. “Pero se pone aún más difícil”.
Por primera vez, Angela y Carlos no estaban allí. Siempre lo habían acompañado a la universidad para ayudarlo a colgar las cortinas y arreglar su habitación. Se sentía vacío durante el viaje en coche. Intentó poner música para ahogar la sensación, pero el vacío persistía.
Cuando llegó el fin de semana familiar, Alessandro estaba solo. Durante tres meses, no vio a sus padres. Solo hablaba con ellos por teléfono.
En noviembre, decidió ir a Luisiana. Mientras Alessandro conducía con su madre hacia Winn, se sorprendió por lo grande que era el lugar. Se lo había imaginado más pequeño. La prisión parecía crecer a medida que se acercaban.
Las capas de alambre de púas. Pasar por detectores de metales. Ser cacheado por los guardias. Todo eso asustó a Alessandro. Estaba muy nervioso.
“Se siente como una prisión”, pensó Alessandro cuando las barras metálicas corredizas que llegaban a la sala de espera de visitas se cerraron de golpe detrás de él.
Él y Angela se sentaron en las mesas estilo escuela primaria, con la mirada fija en las puertas por donde entran los detenidos para ver a sus familias.
Alessandro tenía miedo. Imaginó que su padre tendría un aspecto demacrado.
Carlos entró por la entrada de detenidos a la zona de visitas. Alessandro comenzó a llorar.
Su padre se veía delgado y pálido. Carlos había perdido mucha masa muscular en comparación con el hombre que Alessandro recordaba. Su padre tenía ojeras profundas. Carlos no había dormido en días.
Alessandro abrazó a su padre fuertemente. Se sentía como en casa. Algo que no había sentido en meses.
Angela observaba la escena. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras intentaba contener el llanto. Estaba destrozada al pensar en todos los momentos padre-hijo que Carlos y Alessandro se habían perdido, cosas como los problemas con la novia.
Se tomaron de la mano durante toda la visita. Carlos le dijo a Alessandro que necesitaba algunos retoques en su nuevo corte de pelo. Se había cortado su largo y rizado cabello negro. Hablaron de la escuela, del reciente reencuentro de Alessandro con su exnovia, de cómo le iba a Carlos en el centro de detención. La hora llegó a su fin.
Angela estaba enojada. Furiosa con el sistema de inmigración que le había robado tiempo a su familia.
Los tribunales de inmigración eran lentos. No importaba qué argumento legal se presentara. Su esposo seguía detenido.
Ese fin de semana, a Angela le costó estar presente con Alessandro. Lo llevó a un zoológico en Alexandria, un pequeño pueblo de Luisiana. Mientras recorrían el zoológico, no dejaba de pensar: “Carlos debería estar aquí”.
Carlos llamó. Se dio cuenta de que estaban en el zoológico y le dijo que llamaría más tarde. Angela quería seguir hablando. Eso molestó a Carlos. Quería que ella disfrutara cada momento con su hijo, algo que él no podía hacer.
Un grupo de hombres acababa de ser deportado de Winn. Uno de ellos tenía cuatro hijos.
“No les importó”, pensó Angela sobre la decisión de ICE de deportar al hombre. Podría haber sido Carlos.
Angela está frustrada. No entiende por qué a su esposo lo trasladan de un lado a otro como si fuera mercancía. No es un criminal. Fue declarado inocente de cualquier delito relacionado con la inmigración.
La incertidumbre sobre el destino de Carlos y su posible deportación es a veces lo único en lo que piensa Angela.
Se debate entre ser una buena madre y una buena esposa.
La sombra de Carlos
El 20 de noviembre, Angela estaba sentada en su casa alquilada. Su hijo estaba en la universidad. Carlos estaba en Winn. Todos se conectaron a una videollamada. Era una audiencia judicial para evitar que Carlos fuera deportado a México. Aún no había agotado todas sus opciones legales, incluyendo la solicitud de asilo.
“Podríamos estar en casa para el Día de Acción de Gracias”, pensó Angela. Tenía esperanzas.
“¿Por qué cree que todavía corre peligro si regresa a México?”, le preguntó el juez a Carlos.
Angela observaba. Carlos le dijo al juez que llevaba casi 28 años en Estados Unidos. Temía que la gente viera a su familia y pensara que eran ricos.
“Tengo una esposa americana blanca e hijo”, le dijo Carlos al juez. “Me van a encontrar. Me van a matar o a extorsionar”.
Habían presentado a la corte investigaciones y artículos periodísticos que detallaban la violencia que Carlos podría enfrentar si regresaba a Guerrero, México.
En la primavera de 2025, se descubrieron 11 cuerpos en Tecoanapa, Guerrero, tras un enfrentamiento entre grupos criminales locales. En otra ciudad, el alcalde fue decapitado. El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte a los viajeros estadounidenses que no visiten Guerrero, citando la presencia de cárteles y grupos terroristas.
La agencia ha asignado el nivel de alerta más alto, “nivel 4”, que recomienda “no viajar”.
“Existe riesgo de violencia en el estado por parte de grupos terroristas, cárteles, pandillas y organizaciones criminales”, indica la advertencia.
Los abogados del gobierno discreparon. Dijeron que el temor a la violencia descrito era demasiado general.
Aproximadamente 25 minutos después, la audiencia terminó.
El juez estuvo de acuerdo con el gobierno. Restableció la orden de deportación para Carlos. Les dijo a los abogados de Carlos que podían apelar su decisión.
“Lo siento mucho. Les deseo suerte. Feliz Día de Acción de Gracias”, recordó Angela que dijo el juez.
Carlos podría ser deportado en cualquier momento.
Su abogado apeló la decisión del juez. La apelación aún está en trámite en los tribunales.
El abogado de la familia se negó a hablar con el Herald.
En respuesta a preguntas del Herald sobre el caso de Carlos, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, declaró que la administración Trump “no va a ignorar el estado de derecho”. Dijo que los “inmigrantes indocumentados” como Carlos deberían deportarse voluntariamente y recibir una recompensa de $2,600. Esto le daría la “oportunidad de regresar a Estados Unidos por la vía legal para vivir el sueño americano”.
La portavoz de la agencia no comentó sobre el hecho de que Carlos había sido declarado inocente anteriormente del cargo de reingreso ilegal.
La representante estadounidense Maria Elvira Salazar, republicana de Miami, presentó un proyecto de ley el año pasado que podría ayudar a Carlos. El proyecto de ley permitiría a inmigrantes como él, que han estado en Estados Unidos durante más de 5 años, solicitar la residencia legal, pero ha avanzado poco desde su presentación.
Angela vive en un estado de ansiedad constante, alarmada cada vez que suena el teléfono. Podría ser que Carlos haya sido deportado. Está preparada para viajar a dondequiera que él vaya.
Su plan es sencillo: Alessandro debe terminar sus estudios. Angela pasará unas semanas en México antes de regresar a Downingtown para cuidar su casa.
Angela también ayuda a otras familias. Si la cuenta de la cantina de un detenido tiene pocos fondos Carlos a veces le pide a Angela que deposite dinero en la cuenta.
La lucha de Angela por su familia se ha convertido en una historia conocida en los círculos de inmigrantes.
A finales de diciembre, Angela se comunicó con un amigo de Carlos que había estado detenido en Winn. El hombre había sido deportado a México y quería que Carlos supiera que se había reunido con su familia.
Le dijo algo que hizo que Angela sintiera que todos sus esfuerzos habían valido la pena.
“Eres una sombra detrás de Carlos y la mejor medicina para él es verse”, le dijo.
Esta historia fue publicada originalmente el 31 de enero de 2026, 1:19 p. m..