Cuba

Cuba impone más controles e impuestos al sector privado y censura a los artistas

Un hombre se corta el cabello en una barbería privada hoy, martes 1 de agosto de 2017, en La Habana. Cuba paralizó temporalmente la entrega de licencias a restaurantes privados y casas de renta turísticas, entre otras actividades.
Un hombre se corta el cabello en una barbería privada hoy, martes 1 de agosto de 2017, en La Habana. Cuba paralizó temporalmente la entrega de licencias a restaurantes privados y casas de renta turísticas, entre otras actividades. EFE

Los cubanos podrán ser dueños de un solo negocio privado, según establecen nuevas medidas publicadas el lunes en la Gaceta Oficial de Cuba.

El gobierno anunció que descongelará al incipiente sector privado en la isla —paralizado desde agosto del año pasado— y comenzará a emitir licencias para abrir nuevos negocios, pero estableció mayores controles a través de un paquete de medidas que pretenden evitar la evasión fiscal, la acumulación de la riqueza y le otorgan a los órganos del Estado control directo sobre el llamado "cuentapropismo" en la isla.

Las medidas no entrarán en vigor inmediatamente sino en un plazo de 150 días, para asegurar su implementación adecuada, según indicó el periódico oficial Granma.

Si un cubano es dueño de una paladar, no podrá alquilar su vivienda, por ejemplo, pues ningún cubano podrá tener más de una licencia para ejercer el trabajo privado.

“Hay trabajadores que tienen una cafetería y al mismo tiempo tienen licencia de manicure o de fregador de auto, o de productor-vendedor de calzado. Eso no es posible. En la práctica, es un dueño que tiene muchos negocios, y esa no es la esencia y el espíritu del TCP [trabajo por cuenta propia], que consiste en trabajadores ejerciendo cotidianamente su actividad”, dijo la viceministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera al sitio oficial Cubadebate.

Cerca de 9000 personas, la mitad en La Habana, estarían afectadas por esta medida, según indicó la funcionaria.

Las regulaciones establecen, además, que todos los trabajadores por cuenta propia deben abrir una cuenta en la banco, a través de la cual deben pasar todas las operaciones de su negocio. Y los llamados "boteros", que trabajan como taxistas particulares, deben presentar comprobantes para justificar todos sus gastos deducibles.

Otras medidas ponen freno a la contratación de trabajadores en el sector privado. El trabajo por cuenta propia actualmente emplea al 13 por ciento de la fuerza laboral del país, unas 591 456 personas.

El gobierno decidió eliminar la exención de impuestos a los negocios que tenían hasta cinco trabajadores e impuso unas cuotas de pago que aumentan con cada trabajador contratado. También dispuso el aumento de las tasas mínimas de contribución mensuales en varias actividades.

Funcionarios del gobierno cubano citados por el diario oficial Granma, dijeron que las medidas intentan aumentar la recaudación fiscal y evitar el fraude, pero los economistas habían advertido que más impuestos a la contratación de empleados podría frenar el desarrollo de ese sector, en un contexto en el que se espera debe ocurrir una reforma monetaria que podría dejar en la quiebra a casi la mitad de las empresas estatales.

A través de una disposición especial, el gobierno mantuvo la suspensión de nuevas autorizaciones en las actividades de "elaborador vendedor de jabón, betún, tintas y otros similares; vendedor mayorista de productos agropecuarios; vendedor minorista de productos agropecuarios; carretillero o vendedor de productos agrícolas en forma ambulatoria; comprador-vendedor de discos y operador de equipos de recreación para los equipos rústicos".

Un cambio significativo es que quienes alquilan sus viviendas a turistas y nacionales, también podrán hacerlo a empresas cubanas o extranjeras, "solo a los efectos de los servicios de alojamiento".

Como consecuencia del "reordenamiento" del trabajo por cuenta propia, algunas actividades quedaron recogidas en la misma licencia—por ejemplo, todo lo relacionado con servicios de belleza—, al tiempo que se separaron las licencias para "servicio gastronómico en restaurantes, servicio gastronómico en cafetería, servicio de bar y recreación".

Estos cambios redujeron el número de 201 a 123 tipos de licencias para actividades autorizadas.

Para aumentar los controles, cada actividad autorizada queda bajo la supervisión de un ministerio estatal, además de los órganos municipales y provinciales del Poder Popular, los que pueden intervenir para fijar precios. El nivel de control llega a tales extremos que la Gaceta Oficial publica una tabla con una clasificación de la calidad de los baños públicos y las tarifas para su arriendo a los llamados "cuidadores de baños públicos, taquillas y parques", una de las actividades autorizadas para trabajar por cuenta propia.

Las regulaciones constituyen las primeras medidas significativas anunciadas por el gobierno de Miguel Díaz-Canel, pero ya habían sido diseñadas y estaban siendo discutidas durante meses por distintas instancias del gobierno, según indica un borrador de las regulaciones obtenido por el Nuevo Herald. El anuncio llega cuando la economía cubana debe paliar las pérdidas ocasionadas por la crisis en Venezuela y el deterioro de las relaciones con los Estados Unidos.

Un nuevo decreto incluido en el paquete aprobado también podrá ser utilizado por el Ministerio de Cultura para frenar el trabajo de artistas y músicos e imponer más censura en el país.

El decreto 349 del 2018 establece multas y decomisos, así como la posible pérdida de la licencia a quienes contraten músicos para realizar conciertos en bares y clubes privados así como en espacios estatales sin la autorización del Ministerio de Cultura o de las agencias de trabajo estatales.

Muchos de los artistas en géneros urbanos como el reguetón y el hip hop, géneros críticos y controversiales que han generado dolores de cabeza al gobierno cubano, no tienen permisos estatales para actuar en público. No obstante, muchos actúan en lugares privados o en lugares estatales en los que han contado con la ayuda de algún funcionario.

Asimismo, el decreto penaliza a los pintores o artistas que comercialicen sus obras sin autorización estatal.

El decreto también permite imponer sanciones a quienes proyecten "audiovisuales" que contengan violencia, pornografía, "uso de los símbolos patrios que contravengan la legislación vigente", lenguaje sexista o vulgar y "discriminación por el color de la piel, género, orientación sexual, discapacidad y cualquier otra lesiva a la dignidad humana".

El gobierno también sancionará a entidades estatales o negocios privados que difundan música o realicen "presentaciones artísticas en las que se genere violencia con lenguaje sexista, vulgar, discriminatorio y obsceno".

Ni los libros se salvan de la censura.

Personas "naturales y jurídicas" no podrán vender libros que tengan "contenidos lesivos a los valores éticos y culturales".

Siga a Nora Gámez Torres: @ngameztorres

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