Cuba

Proyecto de nueva Constitución de Cuba es un “fraude”, dicen opositores

Un grupo de opositores y activistas cubanos presentó en Miami un código de derechos y libertades para “educar” a los cubanos, a propósito de la aprobación de un anteproyecto de Constitución en la Asamblea Nacional de Cuba.
Un grupo de opositores y activistas cubanos presentó en Miami un código de derechos y libertades para “educar” a los cubanos, a propósito de la aprobación de un anteproyecto de Constitución en la Asamblea Nacional de Cuba. el Nuevo Herald

“Fraude”, “trampa”, “ilegítimo” son algunas de las palabras empleadas por opositores dentro y fuera de Cuba para describir el proyecto de la nueva Constitución aprobado recientemente por la Asamblea Nacional.

El texto incluye un reconocimiento a la propiedad privada y abre un camino legal al matrimonio igualitario, pero mantiene la imposibilidad de reformar el sistema político socialista y establece la subordinación del Estado al Partido Comunista.

“La idea del matrimonio igualitario va a ser aprobada...como parte de esta estrategia de querer insertar a Cuba [en el mundo] de una manera falsa, con este disfraz de modernidad”, comentó la activista Ailer González en un debate publicado en You Tube por el proyecto opositor Estado de Sats desde La Habana.

“Lo inaudito de esto es que, sin embargo, las libertades fundamentales de los cubanos continúan siendo sesgadas”, agregó.

A partir de lo que se conoce del texto por los debates televisados de la Asamblea Nacional y los reportes en la prensa estatal, el borrador de Constitución no incluye garantías a las libertades de expresión, asociación o sindical.

Tampoco establece el voto directo para elegir a los principales cargos del gobierno ni provee de garantías para la participación de los emigrados en la vida del país, demandas que habían sido realizadas por distintos grupos dentro y fuera de la isla.

“En estos momentos en que el general Raúl Castro, al mando del Partido Comunista de Cuba, anuncia arbitrariamente una nueva Constitución, nosotros, opositores a ese régimen de partido único, denunciamos la ilegitimidad del proceso y de toda ley que vulnere los derechos fundamentales”, indica un código de derechos y libertades presentado la semana pasada en el Interamerican Institute for Democracy in Miami. Originalmente redactado por el Comité Pro-Derechos Humanos, el documento ha sido refrendado por varias organizaciones de exiliados y disidentes que viven en la isla.

El proyecto de nueva Constitución es “un fraude que la dictadura cubana quiere imponer en nuestro país”, declaró la activista Rosa María Payá, promotora de Cubadecide, la campaña que busca la realización de un plebiscito independiente en el que los cubanos puedan pronunciarse sobre el sistema político en la isla. “Esto es una gran trampa, no la reconocemos, no es legítimo y la comunidad internacional no debía prestarse a este juego.”

Gran parte de las críticas que está recibiendo el nuevo proyecto parten de cómo fue redactado y el mecanismo diseñado para su aprobación.

Según se desprende de los reportes de la prensa estatal, todo el proceso ha sido controlado por el Partido Comunista y la Asamblea Nacional solo participó cuando el proyecto ya estaba avanzado.

“El Proyecto [de Constitución] es el resultado de la labor iniciada por un Grupo de Trabajo, presidido por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, que creó el Buró Político [del Partido Comunista] el 13 de mayo del 2013”, reportó el diario estatal Granma. Se desconoce quiénes formaron parte de este grupo.

Cinco años después y luego de recibir la aprobación del Comité Central del Partido, la Asamblea Nacional aprobó en junio la creación de una Comisión “encargada de preparar el proyecto de Constitución”, que fue presentada en el parlamento un mes y medio después. Castro, quien traspasó el gobierno en abril a Miguel Díaz-Canel, también preside esa Comisión.

En su discurso por el 26 de julio—una fecha en la que el gobierno conmemora el asalto liderado por el fallecido Fidel Castro a un cuartel militar —Raúl Castro dio más detalles sobre el proceso de “consulta popular” que sigue. El borrador debe ser discutido por ciudadanos entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre, y los criterios recogidos supuestamente serán tomados en cuenta por la Asamblea, encargada de la redacción final del texto.

“Se iniciará un trascendental ejercicio político y democrático cuyo éxito dependerá en primer lugar de la participación activa y comprometida de los cubanos bajo la conducción del Partido Comunista y el concurso de la Unión de Jóvenes Comunistas y las organizaciones de masas, en el cual debe lograrse que cada ciudadano comprenda la necesidad y el alcance de los cambios que debemos introducir en la constitución de modo que se garantice el carácter irrevocable del socialismo y la continuidad de la revolución”, declaró Castro.

La ausencia de los ciudadanos en el proceso de redacción del texto es uno de sus principales “déficits democráticos”, opinó el opositor Manuel Cuesta Morúa, quien está impulsando las “Mesas de Iniciativa Constitucional” con el objetivo de elaborar un paquete de propuestas legislativas para presentar a la Asamblea Nacional.

“El gobierno tuvo la opción de abrir la conversación sobre la soberanía, sobre el papel del ciudadano y su capacidad para definir el contenido de la Constitución y no lo hizo”, añadió.

La decepción por la ausencia de una asamblea constituyente que redactara el texto se hizo evidente también en sectores de izquierda que habían estado estudiando el tema constitucional desde que Castro anunció la realización de una eventual reforma en el 2011.

“En el diseño institucional vigente, solo la ANPP [Asamblea Nacional del Poder Popular] tiene facultades constituyentes”, escribió el abogado Julio César Guanche en la revista digital OnCuba. “El hecho acarrea un problema grave: la Constitución transfiere la soberanía desde el pueblo hacia la Asamblea. La considera como el Poder Constituyente, cuando debe serlo la ciudadanía”.

Un grupo de expertos y académicos de izquierda reunidos alrededor de la revista Cuba Posible había estudiado una posible reforma constitucional desde el 2009 y elaboró un catálogo de derechos, que consigna “conquistas sociales alcanzadas por el pueblo cubanos”, así como el derecho a la democracia, a la verdad y la memoria histórica, entre otros. La mayoría de estas propuestas también fueron obviadas por quienes redactaron el anteproyecto de Constitución.

El texto final debe ser aprobado en un referendo popular. Algunos miembros de la disidencia en Cuba, como el opositor Guillermo Fariñas, están pidiendo directamente a los ciudadanos que voten no. Pero varios opositores y activistas no creen que este ejercicio de votación pueda ser una oportunidad para descarrilar una iniciativa que el gobierno cubano considera prioritaria para la supervivencia del socialismo.

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La activista cubana Lia Villares

“Esa Constitución no nos representa. No se trata de redactar una nueva, se trata de quitarla”, opinó la activista Lia Villares, que está de visita en Miami. “Nada de lo que la dictadura redacte, incorpore o cambie a ese documento va a decir algo nuevo. La cuestión no es votar sí o no, la cosa es que los cubanos no tenemos derecho a elecciones libres”.

“Cuando el pueblo cubano vote sí, en este referendo falso del cambio-fraude castrista, va estar votando para mayor esclavitud; y si el pueblo cubano vota no, va estar votando exactamente para lo mismo”, pues se mantendría la constitución actual y la supremacía del Partido Comunista”, señaló el escritor y activista Orlando Luis Pardo Lazo.

El referendo, agregan los activistas, también carecería de validez.

“Ese supuesto referendo que se hará no cumple con las garantías procesales porque no hay observación electoral independiente, porque no hay presencia de la comunidad internacional, porque no hay acceso al padrón electoral”, dijo Payá. “No hay libertad de expresión, no hay posibilidad de hacer campaña, no es creíble ningún referendo bajo estas condiciones”.

El borrador de nueva Constitución impone más obstáculos a iniciativas ciudadanas como el Proyecto Varela, liderado por el fallecido Oswaldo Payá, padre de Rosa María. El Proyecto Varela es una propuesta legislativa para garantizar libertades civiles como el derecho a la libre expresión, a la libertad de prensa y a la libertad de asociación. Para ello, Payá presentó el respaldo de más de 10,000 firmas de electores, como lo requiere la constitución actual.

El proyecto de nueva constitución sube esa cifra a 50,000 firmas de electores.

Activistas y opositores subrayan que el borrador, tal y como está, no cumple las expectativas de los cubanos dentro y fuera de la isla.

“Tengo muy claro que no debe reducirse a cambios de vocablos o incorporación de unas pocas demandas como el llamado matrimonio igualitario”, comentó Yoandy Izquierdo, editor de la revista independiente Convivencia e integrante del centro de estudios del mismo nombre. El centro llevó a cabo una investigación para elaborar una propuesta de un nuevo marco jurídico y constitucional para Cuba que incluye 45 proyectos de ley.

“Para que no vuelva a ser una maniobra impopular o cosmética, la reforma constitucional debe incluir las peticiones y propuestas de todos los ciudadanos libres que estamos dispuestos a proponer nuevos caminos de coexistencia próspera, pacífica democrática y civilizada para Cuba”, comentó Izquierdo.

“Deben ser tenidas en cuenta las propuestas de los dos pulmones de la única nación cubana: la Isla y la Diáspora, que durante muchos años han tenido como punto de encuentro y consenso la redacción de una nueva Constitución que sea incluyente, pluralista y respete la verdadera libertad de los cubanos”, concluyó.

Siga a Nora Gámez Torres en Twitter: @ngameztorres
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