Cuba

La Casa Blanca evalúa permitir que cubanoamericanos demanden por propiedades confiscadas en la isla

A la izquierda, una foto de 1941 de la terminal y almacenes del Puerto de Santiago de Cuba, operados por La Marítima Parreño. La propiedad fue confiscada por el gobierno cubano en 1960. A la derecha, una vista parcial de las mismas instalaciones en el 2016.
A la izquierda, una foto de 1941 de la terminal y almacenes del Puerto de Santiago de Cuba, operados por La Marítima Parreño. La propiedad fue confiscada por el gobierno cubano en 1960. A la derecha, una vista parcial de las mismas instalaciones en el 2016. Cortesía de Javier García-Bengochea

En un gesto que indica que está considerando cambios significativos en la política hacia Cuba, el gobierno de Donald Trump aplazó la decisión de permitir o no demandas en cortes de Estados Unidos contra compañías que ahora se benefician de propiedades que fueron confiscadas por el gobierno cubano.

El Secretario de Estado, Mike Pompeo, aplazó por 45 días a partir del 1 de febrero la decisión de suspender o no el Título III de la ley Helms-Burton o Ley Libertad de 1996, una provisión que permite a estadounidenses y ciudadanos naturalizados que nacieron en Cuba demandar en cortes de EEUU a personas o compañías que se encuentren “traficando” con una propiedad confiscada por el gobierno cubano después de 1959.

“Esta extensión nos permitirá llevar a cabo una revisión cuidadosa del derecho a actuar en virtud del Título III a la luz de los intereses nacionales de los Estados Unidos y los esfuerzos para acelerar la transición a la democracia en Cuba e incluye factores como la brutal opresión por parte del gobierno cubano de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y su apoyo indefendible a los regímenes cada vez más autoritarios y corruptos en Venezuela y Nicaragua”, escribió Pompeo en una notificación enviada al Congreso el miércoles.

“Pedimos a la comunidad internacional que intensifique los esfuerzos para responsabilizar al gobierno cubano por los 60 años de represión de su pueblo. Alentamos a cualquier persona que haga negocios en Cuba a que reconsidere si está traficando con propiedades confiscadas e incitando a esa dictadura”, añadió Pompeo.

La decisión llega después de una intensa deliberación en la que por primera vez desde que se aprobó la ley en 1996, se evaluó no suspenderla.

“Por primera vez, el Título III de la Ley de Libertad ha sido suspendido por menos de seis meses. El uso de cuarenta y cinco días presenta la posibilidad de un siniestro panorama comercial, económico y político para la República de Cuba, los países miembros de la Unión Europea y los miembros de la Organización Mundial del Comercio” opinó John Kavulich, presidente del U.S Cuba Trade and Economic Council.

Según Kavulich, la administración de Trump ha jugado politicamente con la incertidumbre para crear ansiedad. “Precisamente la intención”, añadió.

El Título III de la ley Helms-Burton o Ley Libertad de 1996 permite a estadounidenses y ciudadanos naturalizados que nacieron en Cuba demandar a personas o compañías que se encuentren “traficando”, con una propiedad confiscada por el gobierno cubano después de 1959. La definición de “traficar” es amplia e incluye desde tener acciones hasta administrar o beneficiarse comercialmente de actividades relacionadas con esa propiedad confiscada.

El Departamento de Justicia certificó 5,913 reclamaciones de ciudadanos y compañías estadounidenses pero un número indeterminado de cubanoamericanos que perdieron sus propiedades en Cuba podrían también presentar demandas en cortes de EEUU si se implementa el Título III.

El valor de las reclamaciones certificadas, con un seis por ciento de interés anual, es de alrededor de $9 mil millones.

Hasta ahora, el Título III ha sido suspendido cada seis meses por todos los presidentes desde 1996, incluido Trump, en parte para evitar conflictos legales con aliados estratégicos, como Europa y Canadá, quienes criticaron el carácter “extraterritorial” de la ley.

John Bolton, el asesor del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en ingles), dijo a el Nuevo Herald en noviembre que la administración estaba “considerando seriamente” la propuesta de no suspender el Título III, realizada por varios miembros cubanoamericanos del Congreso.

Sus declaraciones no pasaron inadvertidas en La Habana.

Durante su más reciente intervención pública, a inicios de este mes, el exgobernante y actual primer secretario del Partido Comunista, Raúl Castro, criticó en su discurso por el 60 aniversario de la revolución cubana a “altos funcionarios de la actual administración” de EEUU, quienes “dicen estar dispuestos a desafiar el Derecho Internacional, contravenir las reglas del comercio y las relaciones económicas internacionales y aplicar más agresivamente medidas y leyes de carácter extraterritorial contra la soberanía de otros Estados”.

El representante republicano por la Florida Mario Díaz-Balart dijo que la decisión “sin precedentes” del gobierno de Trump debe servir como una señal para aquellos que continúan violando la ley de los Estados Unidos mediante el tráfico de propiedades confiscadas... La decisión de hoy es un paso firme en la dirección correcta”.

Le ley Helms-Burton, que contiene medidas para fortalecer las sanciones a Cuba así como excepciones adicionales al embargo, fue firmada por el presidente Bill Clinton tras el derribo de dos avionetas civiles de la organización de exiliados cubanos en Miami Hermanos al Rescate por aviones militares cubanos. El hecho, ocurrido en aguas internacionales, causó la muerte a tres ciudadanos y un residente de EEUU.

El asesor de seguridad nacional de EEUU, John Bolton, habla con la redactora de el Nuevo Herald Nora Gámez Torres sobre la política hacia América Latina en la Freedom Tower en Miami el 1 de noviembre de 2018.

En las últimas semanas, miembros de la administración debatieron cómo podría implementarse el Título III. Algunos expertos adujeron que su implementación parcial para discriminar quiénes pueden demandar —una de las opciones estudiadas—, iba en contra de protecciones constitucionales o no tenía un fundamento en el lenguaje empleado en la ley Helms-Burton. Funcionarios en el Departamento de Estado también mostraron preocupación por las posibles consecuencias de la decisión: quejas de países europeos y otros aliados ante las Organización Internacional del Comercio, tensiones en las Naciones Unidas y conflictos bilaterales, comentaron fuentes familiarizadas con las discusiones.

Tras la aprobación de la ley Helms-Burton en 1996, Canadá, uno de los principales inversionistas en la isla a través de compañías como Sherrit, aprobó sus propias leyes para desconocer cualquier sentencia escudada en la ley Helms-Burton y permitir a sus nacionales que respondan con demandas en los tribunales canadienses.

Esta semana, el secretario de Estado Mike Pompeo revisó el tema, a petición del NSC. El Departamento de Estado ha tenido la autoridad para hacer esta determinación y suspender el Título III de la ley desde enero del 2013, cuando el entonces presidente Barack Obama delegó este asunto al secretario de Estado.

La implementación del Título III implicaría otros precedentes legales “interesantes”, dijo el abogado Jason Poblete, entre ellas el hecho de permitir que personas que no eras ciudadanas de EEUU en el momento de perder sus propiedades puedan demandar en las cortes del país. El Título III también establece que las cortes no pueden rehusarse a considerar las demandas.

Es difícil estimar cuántos cubanoamericanos sin reclamaciones certificadas estarían dispuestos a presentar demandas, un proceso largo y costoso.

“Es probable que solo haya docenas de juicios, porque los reclamantes deben poder demostrar su propiedad, que la adquirieron antes de 1996 a través de una transferencia con licencia o exenta; que hay un extranjero traficando con su propiedad, el cual debe además debe tener presencia económica en los EEUU”, dijo Nick Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba en el exilio. Los demandantes deben cumplir requisitos adicionales: sus propiedades no pueden ser residencias, deben valer más de $50,000 y no puede estar siendo empleadas actualmente por misiones diplomáticas. También deben poder pagar la alta tarifa para presentar la demanda y contratar a abogados calificados, agregó Gutiérrez.

Poblete, un abogado en Washington que representa a varios clientes que tienen en su poder reclamaciones certificadas, cree que la posibilidad de demandar en las cortes, si bien o es la solución ideal, sería otra opción para sus clientes.

“Litigar no es el objetivo del programa de reclamaciones, pero en este momento los titulares de reclamaciones tienen muy pocos recursos para defender sus derechos de propiedad”, dijo Poblete. “Si tenemos la opción de defender los derechos de propiedad de nuestros clientes con el Título III, sería otra opción que les ofreceríamos”.

“Por supuesto que presentaré una demanda”, si se implementa el Título III, dijo Javier Bengochea, un neurocirujano de Jacksonville, cuyos primos, la familia Parreño, eran propietarios de las principales instalaciones y terminales portuarias de Santiago de Cuba a través de su compañía La Marítima Parreño. La compañía fue confiscada sin compensación por Castro en 1960.

Bengochea es ahora titular de una reclamación certificada en relación con el puerto de Santiago, un sitio principal de actividades de las compañías de cruceros de Estados Unidos.

El Título III, agregó en un correo electrónico, “refleja fielmente si no la intención, el lenguaje real del derecho internacional con respecto a la compensación por propiedades expropiadas. Estos casos no pueden ser escuchados en un país como Cuba donde el poder judicial no es independiente“.

Haber perdido propiedades en Cuba, confiscadas por el gobierno cubano, no ha frenado los negocios de algunas compañías estadounidenses en la isla, sobre todo a partir del restablecimiento de las relaciones. Compañías como Colgate, Delta y Western Union tienen negocios o están presentes en Cuba.

Marriot International, poseedor de la segunda reclamación certificada de más valor (cerca de $182 millones ) obtuvo autorización de los gobiernos de EEUU y de Cuba para administrar un hotel en La Habana en el 2016, el Four Points by Sheraton. En ese momento, el acuerdo generó especulación sobre qué peso habría tenido la reclamación en poder de la compañía para lograr que el gobierno cubano cediera la administración del hotel.

La administración de Obama se reunió tres veces con representantes del gobierno cubano para discutir sobre el tema de las reclamaciones pero no hubo progreso pues el gobierno cubano exigió ser compensado por los daños causados por el embargo. Tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, las relaciones se han enfriado, sobre todo a partir de los extraños incidentes que enfermaron a 26 funcionarios de EEUU en La Habana. Como resultado, la embajada de EEUU en La Habana quedó reducida al personal mínimo. Aún no se han identificado a los responsables y el gobierno cubano ha negado su participación.

“Si el Título III pudiera llevar a Cuba a la mesa de negociaciones [para resolver los reclamaciones], podría ser una buena idea”, dijo Poblete, “pero dudo que temas bilaterales pendientes puedan avanzar a menos que los cubanos lidien con el problema de la embajada y tomen medidas para asegurar la seguridad de los diplomáticos estadounidenses”.

El corresponsal de McClatchy Franco Ordoñez contribuyo a este reporte.

Siga a Nora Gámez Torres en Twitter: @ngameztorres

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Nora Gámez Torres estudió periodismo y comunicación en La Habana y Londres. Tiene un doctorado en sociología y desde el 2014 cubre temas cubanos para el Nuevo Herald y el Miami Herald. Su trabajo ha sido reconocido con premios de Florida Society of News Editors y Society for Profesional Journalists.


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