Cuba

Dueños de propiedades confiscadas en Cuba están listos para pelear en las cortes

EEUU permitirá demandar por bienes confiscados por el régimen cubano

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, anunció el 17 de abril de 2019 que el gobierno estadounidense implementará el Título III de la Ley Helms-Burton, permitiendo así demandas contra empresas beneficiadas con propiedades confiscadas en Cuba.
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El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, anunció el 17 de abril de 2019 que el gobierno estadounidense implementará el Título III de la Ley Helms-Burton, permitiendo así demandas contra empresas beneficiadas con propiedades confiscadas en Cuba.

Un grupo de compañías de cruceros, entre ellas varias con sede en Miami, podrían estar en las primeras a ser demandadas por emplear instalaciones portuarias que fueron confiscadas a estadounidenses por el gobierno de Fidel Castro después de 1959.

El Secretario de Estado Mike Pompeo, anunció recientemente que la administración de Donald Trump pondrá en efecto a partir del 2 de mayo el Título III de la ley Helms-Burton, una provisión que permite presentar demandas en cortes federales para buscar compensación por propiedades que fueron confiscadas por el gobierno de Castro.

Mickael Behn y Javier Bengochea, herederos de reclamaciones relacionadas con propiedades confiscadas en los puertos de La Habana y Santiago de Cuba dijeron a el Nuevo Herald que han notificado a varias compañías de cruceros de su intención de demandarlas para buscar compensación en las cortes federales, probablemente de la Florida.

Los dos estuvieron como invitados en un almuerzo en Miami en el que el asesor de seguridad John Bolton anunció una serie de medidas para aumentar la presión económica sobre el gobierno cubano.

“Las voy a demandar a todas,” dijo Bengochea en relación a las compañías de cruceros que atracan en el puerto de Santiago de Cuba, al oriente del país. La terminal principal y varios almacenes fueron confiscados a su familia en octubre de 1960.

El Nuevo Herald revisó una lista de compañías de cruceros que según Behn usan las instalaciones de Havana Docks, una compañía dirigida por su abuelo que poseía tres muelles y varios edificios que fueron confiscados en noviembre de 1961. Las instalaciones son utilizadas actualmente como terminal de cruceros en el puerto de La Habana. En el 2018, la administración de la terminal fue concedida a una empresa turca, Global Ports Holding (GPH).

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Miembros del ejército de Fidel Castro anuncian la nacionalización de Havana Docks a su presidente, Willian C. Behn. Cortesía

En la lista se encuentran 10 compañías estadounidenses, entre ellas varias con sede en Miami, como Carnival, Royal Caribbean y Norwegian.

Ni Carnival ni Norwegian contestaron a una solicitud de comentario para esta historia. Royal Caribbean envió el siguiente comunicado: “Estamos revisando las declaraciones recientes [de la administración de Donald Trump] para evaluar su impacto en nuestros huéspedes y en nuestra compañía. Por ahora, estamos navegando por nuestros itinerarios en Cuba según lo programado y mantendremos a nuestros huéspedes actualizados si algo cambia”.

Una comisión del Departamento de Justicia (Foreign Claims Settlement Commission) certificó 5,913 reclamaciones de ciudadanos y compañías estadounidenses por cerca de $1.9 mil millones —con un valor actual de $8.5 mil millones con intereses. Pero de acuerdo con el reporte final de la Comisión, solo 817 reclamaciones tienen un valor original que supera los $50,000, un requisito en la ley Helms-Burton para poder presentar demandas.

Adicionalmente, el Título III permite que cubanoamericanos que no estaban naturalizados en el momento de perder sus bienes, también puedan demandar. Según un estimado del Departamento de Estado realizado en 1996, el número de demandas por expropiaciones a ciudadanos cubanos podría llegar a 200,000, aunque la complejidad técnica y el costo de presentar estas demandas podría disminuir significativamente este número. A diferencia de los que poseen reclamaciones ya certificadas, los cubanoamericanos tendrían también que demostrar en la corte la titularidad de la propiedad, explicó Pedro Freyre, abogado de Akerman LLP, una firma que tiene como clientes a algunas empresas con negocios en Cuba.

En una llamada con periodistas, la subsecretaria de Estado para América Latina, Kimberly Breier, no descartó la posibilidad de que se abra un nuevo proceso para certificar las reclamaciones de los cubanoamericanos.

“Podrían ser [certificadas] si la ventana estuviera abierta”, dijo Breier.

Algunos expertos consideran que la implementación del Título III no es un esfuerzo genuino del gobierno de EEUU para resolver el tema de las confiscaciones.

“Ha habido intentos de contactar a la Administración de Trump por parte de representantes de quienes tienen reclamaciones certificadas; no ha habido ningún interés por parte de funcionarios de alto nivel de reunirse con ellos de manera continua, lo que significa construir un proceso de solución”, comentó John Kavulich, presidente del U.S.-Cuba Trade Council. “No hay interés sustancial por parte de la Administración de Trump de negociar un entorno para los que poseen reclamaciones certificadas”.

Mientras tanto, las compañías con presencia en Cuba llevan tiempo preparándose para entender el riesgo que corren.

“Sí hay mucha preocupación” entre las empresas que tienen negocios relacionados con Cuba, dijo Aymee Valdivia, abogada de la firma Holland & Knight, que representa a compañías europeas y estadounidenses, como Starwood —ahora parte de Marriot—, que administra el hotel Four Points by Sheraton en La Habana.

Las cerca de 60 compañías estadounidenses con negocios relacionados con Cuba lo hacen bajo autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que administra varios programas de sanciones del Departamento del Tesoro. Pero una licencia de OFAC podría no ser suficiente para proteger a estas empresas de las demandas.

A una pregunta de el Nuevo Herald sobre la protección que ofrecen las licencias a las compañías con negocios en Cuba, la subsecretaria de Estado Breier se limitó a responder en la llamada con los periodistas: “No habrá ningún tipo de exenciones”.

“Eso es correcto”, opinó Behn. “Las compañías de cruceros tienen una autorización para ir a Cuba pero no necesariamente tienen que usar las instalaciones del puerto de La Habana que fueron confiscadas a mi familia”.

Varios expertos y abogados consultados por el Nuevo Herald coinciden en que una vez autorizadas las demandas, gran parte de los litigios versarán sobre la interpretación de la propia ley Helms-Burton. En particular, compañías de cruceros, aerolíneas y cadenas hoteleras estadounidenses miran con preocupación cómo las cortes federales interpretarán lo que se entiende como “viajes autorizados” o legales, pues la ley excluye de su definición de “tráfico” a las “transacciones y usos de bienes relacionados con viajes legales a Cuba, en la medida en que dichas transacciones y usos de bienes sean necesarios para la realización de dichos viajes”.

Como algunas de las actividades de estas compañías no existían en 1996, cuando el ex presidente Bill Clinton firmó la ley, los jueces tendrán que evaluar la intención con la que se escribió la legislación originalmente, comentó Kavulich.

Si son demandadas, las compañías podrían también llegar a acuerdos para compensar a los dueños y no llegar a las cortes, lo que ya ha ocurrido en casos de compañías europeas. La reclamación certificada que posee Behn por la expropiación de Havana Docks tiene un valor original de casi $9.2 millones, que alcanza los $45 millones cuando se adiciona el interés del 6 por ciento anual autorizado por la Comisión. El Título III permite demandar por daños hasta tres veces por ese valor, por lo que la cifra total rondaría los $125 millones, estimó Behn.

En el caso de las compañías europeas y canadienses, sus gobiernos ya han dicho que se opondrán a la aplicación extraterritorial de la ley estadounidense. En varios de estos países existen leyes para responder a una demanda bajo la ley Helms- Burton con otra demanda, lo que promete ser un largo camino de litigios. Otra posibilidad, comentó Valdivia, es que las compañías que sean demandadas o corran riesgo de serlo presionen colectivamente al gobierno de Cuba para que se siente a la mesa a discutir el tema de las compensaciones.

Durante el gobierno de Barack Obama, representantes de EEUU y Cuba se sentaron a discutir en varias ocasiones el tema de las confiscaciones, pero el diálogo no llegó a ninguna parte pues el gobierno cubano insistió en pedir compensaciones por los daños causados por el embargo.

El gobierno cubano ya ha dicho que no responderá a ninguna demanda amparada por la ley Helms Burton y que no reconoce la jurisdicción de las cortes de EEUU.

Siga a Nora Gámez Torres en Twitter: @ngameztorres

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