Cuba

“Un día histórico”: presentan en Miami demandas por tráfico de bienes confiscados en Cuba

Seis décadas después que Fidel Castro confiscara miles de propiedades a cubanos y estadounidenses sin ofrecer compensación, dos estadounidenses presentaron demandas este jueves en el tribunal federal de Miami contra la compañía de cruceros Carnival, a la que acusan de beneficiarse de propiedades que el gobierno comunista cubano les robó.

Por primera vez desde que se aprobó la la Ley Libertad —conocida como la Ley Helms-Burton— en 1996, el presidente Donald Trump decidió no suspender el derecho a demandar para solicitar compensación por bienes expropiados en Cuba, un gesto destinado a presionar al gobierno de La Habana por su apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela, y que ha sido acogido favorablemente por un sector importante de la comunidad de exiliados cubanos.

El derecho a presentar demandas entró el vigor el jueves.

“Nos dijeron que era una causa perdida, y aquí estamos”, dijo Javier Bengochea, quien reclama ser el dueño legítimo del puerto de Santiago de Cuba.

Bengochea y Mickael Behn, quien posee una reclamación certificada por varios muelles y almacenes en el puerto de La Habana, presentaron la demanda contra Carnival “por ser la primera compañía que traficó con nuestras propiedades”, dijo Bengochea, “y merece la infame distinción de ser demandados” bajo la Ley Helms-Burton.

Carnival fue la primera compañía en incluir a Cuba como parte de sus itinerarios en 2016, en pleno apogeo del deshielo promovido por el entonces presidente Barack Obama.

Los demandantes dijeron a el Nuevo Herald en una entrevista anterior que seguirían otras demandas contra el resto de las compañías de cruceros que viajan a la isla y usan sus propiedades.

En una conferencia de prensa frente al tribunal federal de Miami, Behn rompió a llorar al recordar como su abuelo, William C. Behn, presidente y principal accionista de Havana Docks, lo perdió todo en Cuba. “Él fue un patriota”, dijo entre lágrimas.

“Es un día histórico”, agregó el abogado Rodney S. Margol. “Mis clientes van a poder solicitar la justicia que se les ha negado durante tanto tiempo”.

Las dos demandas alegan que Carnival usa instalaciones en los puertos de la Habana y Santiago, las principales ciudades del país, sin autorización de sus legítimos dueños y a sabiendas de que existían reclamaciones sobre esas propiedades.

El abogado Robert Martínez explicó que sus clientes tienen derecho a una compensación equivalente al triple del valor actual de esas propiedades en el mercado, lo que podría ser “una cifra muy alta”.

Martínez fue abogado en un caso relacionado con el derribo de las avionetas de la organización Hermanos al Rescate por cazas cubanos, que fue lo que precipitó la firma de la Ley Helms-Burton en 1996.

“Me fui de Cuba en 1960. Es emotivo para mí y no es de mi propiedad”, dijo Martínez.

Carnival no contestó a una solicitud de declaración para este reportaje.

George Fowler, uno de los abogados de Carnival y vicepresidente de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), dijo a el Nuevo Herald que las demandas no irían a ninguna parte porque la Ley Helms-Burton incluye una excepción para proteger las actividades comerciales relacionadas con los viajes autorizados a Cuba. Los cruceros poseen, además, una autorización del Departamento del Tesoro. Pero los demandantes creen que la ley no autoriza a estas compañías a “traficar” con bienes expropiados.

“La ley es clara, si el viaje fue permitido, la Helms-Burton no se aplica”, dijo Fowler, quien trabajó para lograr la aprobación de la ley en 1996. “No era la intención de la Ley Helms-Burton ir contra compañías americanas con negocios legales en Cuba. Ellos pueden intentarlo, pero yo he estado aquí por 40 años, y les digo: buena suerte”.

La administración no ha ofrecido muchas explicaciones sobre la implementación de la ley y varios funcionarios se han limitado a responder que la ley no contempla excepciones, cuando los periodistas han preguntado sobre la protección que ofrecen las licencias del Departamento del Tesoro a las compañías con negocios en Cuba.

La comunidad de exiliados cubanoamericanos está siguiendo atentamente lo que pase con estas primeras demandas, que podrían fijar precedentes y abrir la puerta a cientos de nuevas reclamaciones de cubanos naturalizados que perdieron sus bienes en Cuba. El Departamento de Justicia ha certificado cerca de 5,000 reclamaciones de ciudadanos estadounidenses pero la Ley Helms-Burton permite que los cubanos naturalizados también puedan solicitar compensación.

“Es un gran día”, dijo Orlando Gutiérrez, uno de los fundadores del Directorio Democrático Cubano, una de las organizaciones del exilio cubano que coordinó una campaña en Miami contra los cruceros a Cuba. “Es un paso hacia la justicia y envía un mensaje muy claro contra todos los que quieran justificar el tráfico con propiedades que nos fueron robadas en Cuba”.

Siga a Nora Gámez Torres en Twitter: @ngameztorres

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