Cuba

Demandan por $10 millones a Meliá por hoteles en propiedades confiscadas en Cuba

Vista del Hotel Meliá Cohiba.
Vista del Hotel Meliá Cohiba. EFE

Los descendientes del empresario Rafael Lucas Sánchez Hill han presentado a comienzos de junio una demanda en España contra el grupo hotelero español Meliá. La demanda coincide con la activación del Título III de la Ley Helms-Burton por la Administración de Donald Trump el pasado 2 de mayo.

Los Sánchez Hill, quienes residen en Estados Unidos, piden como indemnización unos $10 millones por las tierras que le fueron expropiadas por el gobierno de Fidel Castro en 1960 y de las que Meliá se beneficia al administrar varios hoteles construidos allí por los militares cubanos, dice la demanda.

Según un reportaje del diario español El Confidencial, se trata de la primera demanda presentada en España contra compañías de ese país por administrar bienes expropiados en Cuba.

La Ley Helms-Burton permite a los dueños de propiedades confiscadas por la revolución castrista demandar a quienes “trafiquen” con esas propiedades. Anteriormente los Sánchez Hill habían negociado con Meliá y estuvieron cerca de un acuerdo por $5 millones, pero al ver lejana la posibilidad de la activación del Título III, la empresa redujo la indemnización a $3,000 y no hubo acuerdo. La demanda hacia el grupo español se realizará en las cortes de ese país, por lo que no estará bajo el título III de la Ley Helms-Burton.

La familia Sánchez Hill huyó de Cuba después de que le fuera expropiado el Central Santa Lucía LC y los terrenos de más de 40,000 hectáreas que lo circundaban. El patriarca de la familia había construido el central en 1857 después de mudarse a Holguín desde Matanzas, pero la ley 890 de 1960, firmada por el entonces presidente Osvaldo Dorticós, los dejó sin nada.

En los terrenos expropiados, los militares cubanos construyeron en las últimas décadas los hoteles Meliá Sol Río de Luna y Mares, Paradisus Río de Oro, Costa Verde, y Playa Costa Verde, entre otros.

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, anunció el 17 de abril de 2019 que el gobierno estadounidense implementará el Título III de la Ley Helms-Burton, permitiendo así demandas contra empresas beneficiadas con propiedades confiscadas en Cuba.

La familia reclama en un tribunal de Palma de Mallorca que la compañía los indemnice por una cantidad equivalente a los beneficios que hayan obtenido de los hoteles durante los últimos cinco años, explica El Confidencial. También reprochan a la empresa su actitud hacia los reclamos.

“El carácter ilícito de dicha confiscación es conocido por Meliá, quien durante los últimos 20 años ha hecho caso omiso a las reclamaciones de aquellas empresas y familias a costa de las que se lucra”, dice la demanda, según el rotativo español.

Meliá es la compañía extranjera que más hoteles administra en Cuba, con unos 34 establecimientos. Le sigue Iberostar, con 20 hoteles. Estas compañías han sido muy criticadas por grupos de derechos humanos y opositores al régimen de La Habana por las condiciones en las que realizan sus inversiones en la isla. Hasta 2008, los cubanos tenían prohibido hospedarse en los mismos hoteles que los extranjeros y los salarios de los trabajadores en los hoteles internacionales es de apenas unas decenas de dólares al mes.

“En estos 31 años lo hemos tenido muy claro: que la apuesta por Cuba es incondicional. Nosotros creemos que es totalmente injusto, todas estas medidas”, dijo sobre la activación del Título III de la Helms-Burton a la televisión estatal cubana el vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer.

“Frente a eso, seguimos con nuestra hoja de ruta: seguiremos colaborando estrechamente con las autoridades cubanas en el desarrollo de la industria turística de este país, que creo que es modélica en todos los sentidos”, añadió. Para el 2020 la compañía proyecta llegar a 38 hoteles y más de 15,000 habitaciones.

Escarrer visitó la isla junto a la ministra española de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, quien intentó dar un mensaje de tranquilidad a los inversionistas españoles en la isla. “Nuestra voluntad es seguir invirtiendo en Cuba y que nuestras empresas tengan la voluntad de contribuir al desarrollo de la isla”, dijo la ministra, quien fustigó al ejecutivo de EEUU y pidió a la parte cubana pagar $300 millones que adeuda a los empresarios españoles.

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