Cuba

FBI: Cuba no es un lugar seguro para llevar fondos ilícitos desde EEUU

Casa Amador, one of the homes acquired by Orelvis Olivera Amador in Havana.
Casa Amador, one of the homes acquired by Orelvis Olivera Amador in Havana.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) advirtió este lunes que Cuba no es un lugar seguro para llevar fondos ilícitos desde Estados Unidos y aseguró que EEUU intentará recuperar bienes incautados en ese país a delincuentes con residencia o ciudadanía estadounidense.

En una nota de prensa, la agencia recoge el caso del cubano Orelvis Olivera Amador, quien estafó más de $7.3 millones al Medicare, el programa de cobertura médica para mayores de 65 años administrado por el gobierno de EEUU, e invirtió parte de su dinero en la isla.

La Justicia cubana incautó los bienes y cuentas bancarias a nombre de los familiares y testaferros de Olivera. Estados Unidos pretende recuperar parte de esos bienes como indemnización por el fraude al seguro médico, explicó el comunicado.

“Las personas que creen que Cuba ofrece un lugar seguro para las ganancias financieras ilícitas deben entender que el gobierno actual de esa nación no ofrece tal garantía”, dijo Christopher Starrett, agregado jurídico interino del FBI en Cuba.

Olivera, natural de Sancti Spíritus, en el centro de la isla, fue condenado en Miami a seis años de prisión y tres de libertad condicional en el 2014. La corte del Distrito Sur de la Florida lo obligó a pagar en restitución más de $5.7 millones.

“Al amparo del Decreto-Ley No. 149, el patrimonio ilegítimo confiscado sumó 6,4 millones de pesos en moneda nacional”, reportaron medios locales cubanos. Entre las propiedades adquiridas por Olivera Amador en la isla y ahora incautadas están cuatro viviendas y un auto. Además, el Estado cubano decomisó una cuenta bancaria con 4,516 CUC y otras dos en moneda nacional con 151,228 pesos. Junto a eso la Policía incautó 4,090 CUC en efectivo y 550 euros.

El FBI resalta en su nota que la mayor parte del dinero obtenido ilegalmente por Olivera fue invertido en Cuba con la esperanza de que, al estar en ese país, no podría ser decomisado en caso de una condena en Estados Unidos.


El agente especial del FBI Noel Gil, quien trabajó en el caso, desestimó que Olivera llevara su dinero a Cuba por afinidad ideológica con el régimen comunista de La Habana. Según reportes de prensa, el efectivo fue trasladado a la isla en 26 viajes de Olivera, así como en viajes de su madre y su sobrina.

El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, anunció el 17 de abril de 2019 en Miami que la Administración de Donald Trump implementará totalmente la ley Helms-Burton y que restringirá los viajes y las remesas que se envíen a Cuba.

“En abril de 2019, el gobierno cubano condenó a Olivera in absentia y lo sentenció a 10 años de prisión por blanqueo de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos públicos y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, de conformidad con la condena que recibió en Estados Unidos y con las inversiones que tenía en Cuba”, dijo el FBI.

El FBI cree que Olivera no es el único individuo a quien le han incautado bienes en Cuba luego de haber sido condenado en EEUU.

El fraude de cubanoamericanos a los seguros y tarjetas de crédito para después invertir en la isla ese dinero ha sido reportado en varias ocasiones. En el 2016 fue muy difundido el caso del reguetonero Gilberto Martínez Suárez, conocido como “Gilbert Man”, quien después de estafar centenares de miles de dólares en un fraude con tarjetas de crédito huyó a la isla y construyó una lujosa residencia en Guanabacoa, a las afueras de La Habana.

Gilbert Man fue condenado a 17 años de prisión por lavado de activos, falsificación fiscal, evasión de impuestos, sustracción de electricidad, cohecho, privación de libertad (secuestro) y actividad económica Ilícita.

Christopher Starrett, agregado jurídico interino del FBI en Cuba, dijo que la principal enseñanza de este caso de malversación al seguro médico es que el gobierno cubano puede incautar a los delincuentes los fondos robados en Estados Unidos. “Ningún delincuente debería confiar en que podrá reclamarlos una vez hayan sido incautados”, dijo.

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