Artista Hamlet Lavastida es liberado y forzado al exilio. Cientos siguen detenidos en Cuba
El artista cubano Hamlet Lavastida, a quien la seguridad del Estado cubano mantuvo preso desde junio, fue liberado este fin de semana pero obligado a exiliarse con su pareja, la escritora Katherine Bisquet, otra destacada líder del movimiento pro democrático de artistas de la isla.
Pero más de 500 cubanos siguen detenidos en relación con las manifestaciones contra el gobierno que sacudieron a la nación caribeña el 11 de julio. Algunos enfrentan duras sentencias que podrían encerrarlos en la cárcel por muchos años.
“La policía política nos impuso el exilio de ambos como única opción para la excarcelación de Hamlet,” escribió Bisquet en un comunicado publicado el domingo en Facebook cuando ya se encontraban en Europa, de camino a Polonia, donde Lavastida tiene un hijo. “En varias ocasiones escuché decir a más de un agente que a ellos no les convenía que Hamlet estuviese preso y que, debido a esta ‘racionalidad política’, decidían excarcelarlo bajo la condición de la salida del país de ambos”.
Bisquet calificó el plan de “macabro”.
Lavastida, artista visual cuyo trabajo toca la represión estatal y el autoritarismo, fue detenido el 26 de junio, luego de regresar de una residencia artística en Berlín. No fue acusado oficialmente, pero estuvo detenido en la temida sede de la seguridad del Estado en Villa Marista, donde agentes en ocasiones lo culparon de incitar las manifestaciones del 11 de julio, dijo Bisquet al Herald en una entrevista anterior.
Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia junto con otros artistas y disidentes detenidos en relación con las manifestaciones.
En su declaración del domingo, la escritora dijo que Lavastida fue llevado directamente al aeropuerto José Martí el sábado por la tarde desde una casa de seguridad del estado adonde lo trasladaron el 20 de septiembre. A ella también la llevaron directo desde su casa, en la que había estado confinada desde mayo bajo vigilancia policial.
Bisquet no pudo despedirse de sus padres.
“Desde el comienzo de su insólita detención, y durante los 90 días que permaneció en privación de su libertad bajo un proceso de investigación infundado, yo, Katherine Bisquet, escritora y activista, he sido blanco de acoso, coacción, privación ilegal de libertad (prisión domiciliaria por 65 días), tortura psicológica, detenciones ilegales y amenazas de procesamiento por parte de la Seguridad del Estado”, agregó.
El Herald confirmó que Lavastida y Bisquet llegaron a Polonia el domingo, pero no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios. En su publicación de Facebook, Bisquet dijo que la pareja no se siente derrotada, sino que tenía “muchas cosas que construir”.
“Nosotros no seremos piezas de nadie, no seremos las reliquias de un poder que se vanagloria del control que poseen sobre las vidas de tantos cubanos,” escribió. “En estos últimos meses algo ha cambiado. Un pueblo ha gritado con la voluntad de cambiar las cosas. Hoy esos cubanos han estado salvándome y han estado salvándose ellos mismos”.
Manifestantes siguen detenidos
Menores de edad, madres, estudiantes, artistas, disidentes, cientos de cubanos comunes fueron detenidos durante las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio y en los días posteriores. Dos meses y medio después, al menos 533 siguen en prisión, incluidos diez jóvenes de dieciocho años o menos, según una lista pública compilada por un grupo de activistas encabezados por Cubalex, una organización que brinda asistencia legal a los críticos del gobierno cubano. Hasta la fecha, han documentado 1,079 detenciones.
Los fiscales del gobierno han reconocido públicamente que 67 personas han sido condenadas en juicios sumarios. Aún así, los funcionarios se han negado a proporcionar más detalles, incluido el número total de arrestos realizados en relación con las protestas.
La embajada de Cuba en Washington, D.C., no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Cubalex y otros activistas han verificado que al menos 35 personas han sido condenadas a entre ocho meses y un año de cárcel. Pero algunos enfrentan la perspectiva de languidecer en una celda de una prisión cubana durante muchos años.
Según un documento de la fiscalía revisado por el Herald, Roberto Pérez Fonseca, de 38 años, enfrenta cargos de agresión por supuestamente arrojar una piedra a un oficial de policía y podría ser sentenciado a 12 años durante un juicio programado para el martes. Los fiscales dicen que el oficial no resultó herido, por lo que los familiares creen que no es por eso que han solicitado tan dura condena.
En cambio, creen que su verdadera ofensa fue ayudar a romper una imagen del difunto Fidel Castro.
Varios videos publicados en las redes sociales de una protesta antigubernamental el 11 de julio en San José de las Lajas, localidad cercana a La Habana donde comenzaron las primeras manifestaciones, muestran a un grupo de personas tratando de destruir lo que supuestamente era un cartel o una foto del difunto líder cubano. Cuando tuvieron éxito, la multitud vitoreó y coreó “Libertad”.
La calidad de los videos publicados no es suficientemente buena para determinar si la imagen era de hecho de Castro, o distinguir claramente los rostros de los involucrados, muchos de los cuales usaron máscaras faciales. Sin embargo, fue un momento que se hizo viral y acaparó titulares, y que también podría costar a Pérez Fonseca, padre de dos hijos y jugador de pelota vasca, quedarse en prisión por mucho tiempo.
“Ha sido acusado falsamente; mi hermano no estaba tirando piedras. Los videos de lo que sucedió ese día en San José lo muestran manifestándose pacíficamente ”, dijo al Herald su hermano Alberto Ortega Fonseca, quien vive en Vancouver, Canadá.
Ortega dijo que la familia presentó testigos que declararon que su hermano no arrojó piedras a la policía, pero que los testimonios fueron borrados de su expediente.
“Al final, no importa si tiró la piedra o no”, dijo Ortega. “No se le acusa de destruir la imagen [de Castro] porque no pueden tener juicios políticos por la opinión pública. Pero su problema es que él está en ese video viral y los involucrados serán condenados de todos modos, me dice la gente de San José”.
Al igual que Lavastida y muchos otros detenidos del 11 de julio, incluido el artista Luis Manuel Otero Alcántara y el disidente Félix Navarro, Pérez Fonseca contrajo el COVID-19 en prisión, y su familia no fue notificada hasta mucho después.
Un proceso arbitrario
En una conferencia de prensa en julio con corresponsales extranjeros, el presidente de la Corte Suprema de Cuba, Rubén Remigio Ferro, dijo que protestar no es un delito en Cuba.
“Manifestarse, lejos de constituir delito, constituye un derecho constitucional de las personas. La libertad de prensa, de opinión, de creencia, incluso de filiación política o ideológica, eso no constituye delito”, dijo el funcionario.
Pero el panorama que se desprende de los documentos legales revisados por Cubalex y la información brindada por los familiares de los detenidos muestra un proceso que parece arbitrario en varios sentidos.
La directora de Cubalex, la abogada cubana Laritza Diversent, dice que muchas personas han sido arrestadas basándose únicamente en los testimonios de agentes de la policía. Pero según la ley cubana, las autoridades aún deben investigar y proporcionar pruebas.
“En muchos casos, no tienen una justificación para mantenerlos en prisión”, dijo. “Otro problema común es que no están dando acceso a los abogados defensores a los expedientes de sus clientes, por lo que no saben cuáles son los cargos”.
La Conferencia Cubana de Religiosos católicos, que abrió una línea de ayuda para las familias de los detenidos, dijo que han notado que las autoridades han negado la mayoría de las peticiones de un “cambio de medida”, como la liberación inmediata, sin considerar las pruebas presentadas.
En un comunicado, también dijeron que los abogados no han podido ver o entrevistar a sus clientes en múltiples casos y que los detenidos tienen “comunicación limitada” con sus familias. En general, dijeron que las investigaciones avanzan con lentitud, con “escasas pruebas de los presuntos delitos”.
Si bien la mayoría de los arrestados participaron en manifestaciones mayoritariamente pacíficas, los cargos y las sentencias no han sido uniformes. Los fiscales del gobierno han utilizado al menos 17 cargos diferentes contra los manifestantes. En su mayoría, han sido acusados de “desorden público”, “difamación” y “manifestaciones ilícitas”, todos cargos destinados a restringir la libertad de expresión en la isla. Muchos también enfrentan acusaciones relacionadas con la resistencia al arresto, como “desacato”, “resistencia”, “desobediencia” o “agresión”. Pero las autoridades también están utilizando el incumplimiento de las medidas relacionadas con el COVID-19 para procesar al menos a 70 manifestantes bajo cargos de “propagación de una epidemia”.
La información proporcionada por los fiscales del gobierno y la policía a las familias de los detenidos y recopilada por los activistas también pone en tela de juicio la versión oficial que subraya que las protestas fueron principalmente violentas.
De los más de 1,000 arrestos, Cubalex ha verificado que 12 personas están acusadas de robo y una de hurto. Sesenta están acusados de causar “daños”. Un grupo reducido enfrenta cargos más severos de “crímenes contra la seguridad del Estado”, que pueden llevarlos a la cárcel por 20 años.
Algunas de las acusaciones descritas en documentos legales revisados por Cubalex y el Herald sugieren que los fiscales del gobierno, muchos de ellos militares, y los investigadores policiales que supervisan los casos han estado improvisando para tratar de precisar los delitos presuntamente cometidos.
Andy Duque Quindelán, de 25 años, fue detenido en Sagua la Grande, localidad de la provincia de Villa Clara, alrededor de las 2 de la tarde del 11 de julio. Según la fiscalía, fue detenido por su vinculación con “un grupo con matiz contrarrevolucionario nombrado Patria y Vida con el propósito de incitar a delinquir” y usar las redes sociales para “calumniar y ofender al presidente ”. Patria y Vida no es el nombre de un grupo sino de una canción que se convirtió en un himno antigubernamental.
El joven fue acusado formalmente de “asociación para delinquir”, “instigación a delinquir”, “desacato” y “propagación de una epidemia”. Fue puesto en libertad después de pagar una fianza.
Maikel Puig Bergolla, de 41 años, padre de dos hijos y trabajador de una empresa estatal de mantenimiento de carreteras en Güines, un pueblo cercano a La Habana, no ha tenido tanta suerte. Sigue en prisión bajo investigación por acusaciones que siguen cambiando, dijo al Herald su esposa, Shayli Nuñez Pérez. Ella ha agotado los canales oficiales y ha visitado varias agencias gubernamentales, incluidas las fiscalías de Mayabeque y La Habana, para decir una sola cosa: que su esposo ni siquiera participó en las manifestaciones.
“Fui a todas las entidades atención a la ciudadanía, no ir para plantear la situación de mi esposo es admitir la mentira de ellos,” dijo en una entrevista telefónica. Núñez afirma que ella y su esposo vieron a los manifestantes pasar por su casa, pero no participaron en la protesta, así que se sorprendieron cuando la policía vino a arrestarlo al día siguiente, el 12 de julio. Las autoridades no le dijeron dónde estaba su esposo durante un mes.
En la entrevista y en una petición de hábeas corpus compartida con el Herald, Nuñez relató cómo las autoridades siguieron cambiando las acusaciones contra su esposo.
Primero fue acusado de saquear una tienda del gobierno, pero los fiscales militares retiraron los cargos por falta de pruebas. Luego, citando el testimonio de un oficial de policía, los fiscales afirmaron que su esposo era un líder de la protesta que fue llevado a una estación de policía el 11 de julio. Pero Núñez también lo impugnó porque él fue detenido en su casa al día siguiente. Luego lo vincularon con otro joven acusado de asaltar un patrullero. Nuñez afirma que su esposo no lo conocía y que esta persona ya fue liberada porque no estaba en Güines en el momento de las protestas. Finalmente, cinco agentes de la policía declararon que arrojó piedras a un vehículo de la policía, pero no han presentado ninguna prueba, como por ejemplo el video de la patrulla policial.
“No hay video; no hay otros testigos ”, dijo Pérez. Debido a la pandemia, ella renunció a su trabajo en el hospital local por temor a infectar a su hijo de nueve años, que sufre de hipertensión arterial crónica. Ahora, ella se ha quedado sola para cuidar de él y de su otra hija.
“Esto es muy difícil; es inhumano ”, dijo. “No vemos la luz al final del túnel”.
Esta historia fue publicada originalmente el 27 de septiembre de 2021, 4:57 p. m. with the headline "Artista Hamlet Lavastida es liberado y forzado al exilio. Cientos siguen detenidos en Cuba."