Venezuela

Nueva tormenta financiera se abalanza sobre Venezuela

Maduro llama ‘fracasadas’ las políticas de EEUU hacia Latinoamérica

El gobernante venezolano Nicolás Maduro dijo que las políticas de EEUU y su presidente, Donald Trump, hacia países como Cuba, Venezuela y Nicaragua son "fracasadas", durante un evento celebrado el 1 de noviembre de 2018.
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El gobernante venezolano Nicolás Maduro dijo que las políticas de EEUU y su presidente, Donald Trump, hacia países como Cuba, Venezuela y Nicaragua son "fracasadas", durante un evento celebrado el 1 de noviembre de 2018.

El régimen de Nicolás Maduro podría enfrentar reclamos de pago por más de $60,000 millones en las cortes internacionales en los próximos meses, luego que tenedores de bonos de una emisión de $1,500 millones decidieran activar la cláusula de aceleración de pagos, dijeron analistas.

De producirse, la marejada de reclamos podría generar aún mayores dificultades financieras a la quebrada nación petrolera, que ya enfrenta demandas y riesgos de embargos en las cortes estadounidenses por incumplimiento en los pagos, además de las sanciones aplicadas por el gobierno de Estados Unidos.

“Si [el régimen venezolano] no logra conseguir una rápida situación a este problema, la decisión de los tenedores de bonos de activar la cláusula de aceleración de pagos podría iniciar el efecto de bola de nieve”, dijo Russ Dallen, socio gerente del banco de inversión Caracas Capital.

Los tendedores de los más de $60,000 millones en bonos de la República de Venezuela y la estatal Petróleos de Venezuela, los cuales han mostrado una mayor paciencia que el resto de los acreedores, han comenzado a perder la fe en la capacidad del régimen de desarrollar una hoja de ruta que conduzca al país fuera del incumplimiento de la deuda.

Venezuela tiene en circulación emisiones de bonos mayores que la de los $1,500 millones —con vencimiento en el 2034—, cuyos tenedores decidieron acelerar el pago de la totalidad del monto.

Pero la gran mayoría de los contratos de bonos contienen la cláusula de incumplimiento cruzado, donde la activación de la cláusula de aceleración de una emisión autoriza a todos los tenedores de bonos de las restantes emisiones a hacer lo mismo.

“Esto podría desatar una estampida de acreedores” dirigiéndose a las cortes internacionales a presentar demandas y solicitudes de embargos contra Venezuela para tratar de recuperar parte de sus inversiones, dijo Dallen.

El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó el 17 de diciembre al mandatario colombiano, Iván Duque, de dirigir planes militares contra la llamada revolución bolivariana y pidió a la Fuerza Armada de su país prepararse para defender y atacar.

Parte de esto ya se vio con los esfuerzos de la empresa minera canadiense Crystallex de embargar los activos de Citgo, filial estadounidense de Petróleos de Venezuela, por las operaciones que le fueron expropiadas en Venezuela por el fallecido presidente Hugo Chávez.

Dallen dijo que son relativamente escasos los activos que Venezuela aún tiene en el exterior en contraste con las masivas obligaciones que ha dejado de pagar.

Una avalancha de reclamos y solicitudes de embargo podría dificultar aún más las operaciones internacionales de PDVSA.

Algo de esto pudo verse en mayo cuando la petrolera ConocoPhillips embargó los activos de la estatal venezolana en el Caribe para hacer cumplir un laudo arbitral de $2,000 millones relacionado con la nacionalización de los proyectos de Conoco en Venezuela en 2007.

Esa acción alteró por varias semanas los envios de petróleo de PDVSA, que subitamente perdió el acceso a los tanques de almacenamiento que tenía en las islas del Caribe.

Al final, PDVSA se vio obligada a buscar un arreglo con ConocoPhillips comprometiéndose a pagar los $2,000 millones adeudados.

El régimen de Maduro ha entrado en lo que ha llamado un “incumplimiento selectivo” sobre los pagos de sus deudas, formulando unos pagos y otros no. Para este año, el total incumplido suma unos $8,000 millones, entre intereses y capital vencido, de los cuales solo $140 millones son de la emisión 2034.

Pero los pacientes tenedores de bonos parecen haberse dado cuenta de que la pasividad no es necesariamente la mejor estrategia bajo las actuales circunstancias.

“Vieron que eran aquellos acreedores que lograban generar el mayor ruido y los mayores dolores de cabeza al régimen los que estaban logrando conseguir algún tipo de pago”, explicó Dallen.

Mark Stancil, abogado que representa a algunos de los tenedores de la emisión 2034, dijo que cinco fondos de inversiones son los que están exigiendo que Venezuela pague la totalidad del principal y los intereses vencidos.

“Desafortunadamente, la República ha dejado de pagar estos bonos y han entrado en default”, dijo Stancil en declaraciones brindadas a la agencia de noticias Reuters.

“Mis clientes en consecuencia han ejercido sus derechos contractuales para proteger sus intereses —y los de sus inversionistas— de cara al fracaso de la República de cumplir con sus obligaciones”, agregó.

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