Venezuela

Más torturas y ejecuciones extrajudiciales: el saldo de Maduro en derechos humanos en 2018

La Guardia Nacional reprime a manifestantes en El Paraíso

La Guardia Nacional reprime a manifestantes que se concentraban el 23 de enero de 2019 en la plaza Madariaga de El Paraíso para protestar contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
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La Guardia Nacional reprime a manifestantes que se concentraban el 23 de enero de 2019 en la plaza Madariaga de El Paraíso para protestar contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

El régimen de Nicolás Maduro aceleró su metamorfosis hacia una sangrienta dictadura en el 2018, incrementando el uso de la tortura, de los letales grupos paramilitares y de las ejecuciones extrajudiciales para mantener a la sociedad bajo un puño de hierro, dijo el miércoles el gobierno estadounidense.

En su informe anual sobre los derechos humanos, el Departamento del Tesoro indicó que el país sudamericano padeció un incremento de las violaciones de los derechos humanos el año pasado, tendencia que cobró fuerza después del fallido ataque con drones del pasado 4 de agosto en Caracas.

El informe también hizo referencia a dos muertes atribuidas a las fuerzas represoras del régimen que estremecieron la opinión pública nacional: la ejecución extrajudicial del policía insurgente Oscar Pérez y el misterioso fallecimiento del concejal Fernando Albán bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

La evaluación anual también advirtió sobre las difíciles condiciones en las que se encuentran los presos -incluyendo a los encarcelados por razones políticas- dentro de los centros penitenciarios del país.

“Las condiciones de las prisiones, por lo general, son duras o amenazan la vida debido al hacinamiento extremo, escasez de alimentos, condiciones sanitarias y atención médica inadecuada, la violencia sistémica y la pobre infraestructura”, resaltó el documento.

“Pandillas armadas controlan de hecho algunas prisiones en las que se encuentran encarceladas”, dice el informe y agregó que las peores condiciones se encuentran en los centros de detenciones temporales, usados antes de inciar los juicios, como las cárceles dentro de las estaciones de policía.

El informe resaltó que 147 personas menores de 20 años fueron asesinadas en el área metropolitana de Caracas entre enero y agosto. De ese total, 65 asesinatos fueron cometidos por la policía.

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), agrupación creada por Maduro en el 2017 para sofocar a las “pandillas terroristas” que participaban en las protestas contra el régimen emprendidas ese año, continuó siendo una de las unidades más mortíferas, abarcando casi un tercio de la totalidad de las ejecuciones extrajudiciales, dijo el informe.

Pero las ejecuciones extrajudiciales también fueron atribuidas a otras entidades, incluyendo los cuerpos policiales nacionales, estatales y municipales, así como las fuerzas armadas y las agrupaciones paramilitares conocidas en Venezuela como “colectivos”.

“Resistencia a la autoridad”

Los asesinatos cometidos por la policía a menudo son clasificados en los registros como actos de “resistencia a la autoridad”.

Al analizar la situación de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el informe resaltó que esas prácticas son comunes en Venezuela, aún cuando las organizaciones no gubernamentales que operan en el país resaltan que cientos de casos no son denunciados a instituciones gubernamentales porque las víctimas temen represalias.

El informe resaltó, citando informes de prensa, que las personas arrestadas son frecuentemente sometidas a palizas y tratos inhumanos de mano de varias organizaciones policiales y militares del país.

Los casos de trato cruel a menudo involucraron la negativa de las autoridades de permitir que reos reciban atención médica y la práctica de mantener a reos bajo aislamiento por prolongados períodos de tiempo. Esta última práctica es más frecuente entre los presos políticos.

El estudio también resaltó la existencia de informes de ONGs que denuncia que los reos son frecuentemente sometidos a violaciones sexuales y a amenazas de muerte por parte de las autoridades.

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Un soldado venezolano es socorrido por sus compañeros tras el supuesto ataque con drones en el discurso de Maduro en Caracas el 4 de agosto del 2018. Xinhua AP

Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto Casla para el Estudio de América Latina, y el abogado de derechos humanos Juan Carlos Gutiérrez, presentaron 357 casos de abuso físico, presunta tortura y violencia por parte de las fuerzas de seguridad contra presos políticos ante la Corte Penal Internacional.

De ese total, 190 casos incluían denuncias de violación o de abuso sexual.

Las detenciones arbitrarias continuaron en Venezuela, aún cuando éstas disminuyeron en comparación con el total registrado en el 2017.

Eso se debió a que durante el 2017 el país vivió una nueva jornada de protestas a nivel nacional, que no ocurrieorn en el 2018. No obstante, datos brindados por organizaciones no gubernamentales muestran un total de 498 de detenciones de ese tipo.

Adicionalmente, el Departamento de Estado alertó sobre un incremento en las medidas tomadas por el régimen para amordazar la libertad de expresión en el país, incluyendo operaciones diseñadas para bloquear las señales de estaciones privadas de radio y de televisión y limitando el acceso a los medios.

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