Mientras el sistema de salud venezolano colapsa, el gobierno silencia y despide a médicos
Venezuela parece haber encontrado una solución para la pésima situación en que se encuentran sus hospitales: silenciar a los críticos.
En días recientes, varios médicos han sido despedidos, perseguidos o amenazados por dar la alarma sobre los graves problemas que afectan a los servicios médicos. La ofensiva ocurre en momentos que la crisis de la salud pública se ha convertido en campo de batalla clave en la lucha por sacar del poder a Nicolás Maduro.
Keyner Celis, un médico de 25 años del Hospital José María Benítez, en el estado Aragua, dijo que se cansó de ver morir a los pacientes porque los desfibriladores no funcionaban o por la falta de medicamentos contra las convulsiones. Pero cuando hizo pública su frustración, fue despedido, aunque el hospital tiene una grave escasez de personal.
“Estamos arañando la tierra y no tenemos nada con qué trabajar”, dijo Celis. “Tenemos pacientes que deben esperar cinco a seis meses para operarse porque no tenemos insumos básicos, no tenemos medicinas”.
Celis dice que en su hospital mueren todos los días entre cinco y ocho personas debido a la falta de insumos y materiales.
“Algunas veces tenemos que operar con la luz de nuestros teléfonos móviles porque no hay electricidad”, dijo.
Los problemas del sistema de salud pública de Venezuela no son nada nuevo, ni tampoco es la presión sobre los médicos. La Federación Médica de Venezuela dice que por lo menos 26,000 profesionales han salido del país en los últimos 12 años debido a los salarios miserables y la hiperinflación. Y los que se han quedado muchas veces quedan atrapados entre su juramento hipocrático y un sistema de administración politizado que considera todas las críticas como una traición al gobierno.
La batalla por los servicios médicos se ha caldeado más durante los últimos dos meses, desde que Juan Guaidó, de 37 años y presidente de la Asamblea Nacional, fue reconocido por Washington y 50 naciones más como el único presidente de Venezuela.
Uno de los argumentos clave de Guaidó es que 20 años de gobierno de partido único, primero bajo Hugo Chávez y ahora Maduro, han llevado a una crisis humanitaria sin precedentes que está a la vista de todos en los decrépitos hospitales. Por su parte, Maduro alega que no hay crisis y que la oposición está amplificando los problemas para allanar el camino a un golpe militar bajo el pretexto de una “intervención humanitaria”. También alega que las sanciones de Estados Unidos a los sectores financiero y petrolero del país han costado al país más de $30,000 millones, que hubieran podido usarse para importar alimentos y medicinas.
Pero para que su caso tenga fuerza, el gobierno tiene que silenciar las voces disidentes, dijo José Manuel Olivares, un neurocirujano y legislador de la oposición que ahora vive exiliado en Colombia.
En las últimas dos semanas, dos médicos han sido despedidos, la policía busca a otro y un tercero enfrenta amenazas de despido. Olivares dice que todos tienen una cosa en común: entregan información a la Encuesta Nacional de Hospitales, un informe periódico que arroja luz sobre el estado del sistema de salud pública.
“Tal parece que están tratando de desmantelar nuestra red”, dijo Olivares en Bogotá.
La encuesta más reciente, publicada en febrero, identificó que aproximadamente la mitad de todos los médicos dijeron que no tienen insumos básicos en los hospitales y salas de emergencia, y 35 por ciento de las salas de operación no tienen los instrumentos y medicamentos que necesitan.
El trabajo de esas personas es crucial porque Venezuela ha dejado de entregar información oficial. Mientras que la mayoría de los países, por ejemplo, emiten informes epidemiológicos semanales, Venezuela no ha emitido ninguno desde el 2016. Las tasas de mortalidad infantil y estadísticas de homicidio también son algo parecido a un secreto de estado. El Ministerio de Salud de Venezuela no respondió a llamadas telefónicas para pedirle declaraciones al respecto.
Feder Álvarez, un médico de 33 años, ha perdido su empleo tres veces por hablar sobre la situación del sector, más recientemente en el 2016, después de quejarse de que la máquina de radiografías y el laboratorio del hospital donde trabajaba en Aragua no funcionaban desde hace ocho años.
Álvarez dijo que los casos de malaria, sarampión y VIH se han disparado, y el gobierno no dice nada al respecto.
“Para el régimen es más fácil perseguirnos que escuchar lo que tenemos que decir sobre las condiciones en que trabajamos”, dijo.
La semana pasada, una comisión técnica de derechos humanos de las Naciones Unidas visitó hospitales y cárceles para ver los problemas de primera mano. Pero los médicos se quejan de que la comisión se lleva una versión altamente selectiva y esterilizada de la realidad. Algunos de los hospitales que visitó la comisión fueron pintados y se les entregó medicinas y suministros que por lo general escasean mucho. Los médicos que critican el sistema tampoco han podido hablar con la comisión.
Provea, un grupo venezolano de derechos humanos, dijo que “el maquillaje que la dictadura aplica a hospitales y prisiones” antes de las visitas de la comisión “muestra la indolencia y la crueldad de este gobierno de facto”.
Después que un médico, Ronnie Villasmil, logró compartir sus preocupaciones con la comisión, le allanaron su casa y tuvo que ocultarse. También lo despidieron y lo expulsaron del programa de posgrado que cursaba, dijo Álvarez.
“Hoy tuve que huir como un delincuente, y mi madre llora por mí”, escribió Villasmil el sábado en Twitter. “Pedir respeto y dignidad para mis pacientes es un acto de humanidad, no un delito”.
La precariedad en los hospitales se hizo evidente durante el apagón de 72 horas que afectó el país hace pocos días. Olivares dijo que la red de médicos reportó que 55 por ciento de los hospitales no tenían generadores que funcionaran y 73 por ciento se quedaron sin agua porque las estaciones de bombeo quedaron sin electricidad. Al menos 26 personas murieron durante el apagón cuando las máquinas de respiración artificial, incubadoras y ascensores —necesarios para llevar los pacientes a las salas de operación– dejaron de funcionar, dijo.
Neomar Balza, de 32 años y cirujano especializado en manos, trabajaba en el principal hospital público de Venezuela, el José Pedro Carreño, en Caracas, hasta que fue despedido hace unos días. Incluso allí, considerado el hospital modelo del país, hay muchos problemas, dijo Balza.
En particular, recuerda cuando un niño llegó con una emergencia y no lo pudieron atender porque el laboratorio radiológico no estaba funcionando. Al niño le hicieron un estudio radiológico al día siguiente pero falleció cinco días más tarde. Balza culpa a la demora. Impulsado por la frustración, organizó una conferencia de prensa en febrero con otros médicos. Dos semanas más tarde lo despidieron, dice, y guardias del hospital le dieron una golpiza.
El martes recorría Caracas en busca de antibióticos para su hijo, otra víctima del colapsado sistema de salud.
“No quieren que la gente conozca lo que ya es el secreto peor guardado del país”, dijo de la falta de información sobre los hospitales.
Esta historia fue publicada originalmente el 20 de marzo de 2019, 7:00 a. m. with the headline "Mientras el sistema de salud venezolano colapsa, el gobierno silencia y despide a médicos."