Fuerzas de Maduro cometieron ‘atrocidades’ en la frontera con Colombia, denuncia HRW
Las fuerzas de seguridad venezolanas cometieron “abusos aberrantes” contra la población durante el operativo contra grupos armados en la frontera con Colombia, incluyendo la ejecución de campesinos, torturas de residentes acusados de colaborar con los rebeldes y detenciones arbitrarias, denunció el lunes Human Rights Watch.
Las presuntas violaciones de los derechos humanos se producen en medio de una ofensiva militar emprendida por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana contra un grupo disidente de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el estado fronterizo de Apure.
Los enfrentamientos, que han durado varias semanas, desplazaron al menos 5,800 venezolanos que han buscado refugio de la violencia en Colombia, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
En el nuevo informe sobre la situación en Apure, Human Rights Watch dijo que las violaciones a los derechos humanos detectadas forman parte de un establecido patrón de comportamiento dentro de los organismos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro.
“Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“Las investigaciones internacionales de estos crímenes son fundamentales ante el volumen creciente de evidencias que implican a los agentes que han cometido abusos, así como a los comandantes y altos funcionarios que sabían o deberían haber sabido lo que ocurría durante estos operativos”, agregó Vivanco.
Las fuerzas armadas venezolanas sostienen desde el 21 de marzo enfrentamientos con grupos armados irregulares en Apure, que tildan de terroristas.
Pero Colombia y sectores de la oposición venezolana aseguran que el régimen de Caracas pretende con la ofensiva ayudar a una facción de disidentes de las extintas FARC en la lucha que libran con otra facción por el control del narcotráfico. Ambos grupos se separaron del pacto de paz de Colombia con las FARC en 2016.
El informe de HRW fue elaborado en parte con los testimonios de 68 personas en el departamento colombiano de Arauca, 38 de las cuales huyeron de la violencia en Apure, además de abogados, peritos forenses, líderes comunitarios y autoridades colombianas locales.
La agrupación de derechos humanos también examinó información suministrada de las autoridades colombianas y venezolanas, así como fotos, videos y grabaciones de audio de ataques, de saqueos y de personas cruzando el río hacia Colombia.
La Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo de Venezuela no respondieron a los pedidos de información realizados por Human Rights Watch.
Muchos de los venezolanos desplazados dijeron que decidieron huir debido a los frecuentes ataques aéreos y los combates entre las fuerzas de seguridad venezolanas y los grupos armados, así como también por los abusos perpetrados por integrantes de las fuerzas de seguridad venezolanas, incluyendo a agentes de la Guardia Nacional y de otros componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Los testigos también atribuyeron las violaciones de derechos humanos a integrantes de las Fuerzas de Acciones Especiales, conocido por su sigla FAES, un grupo acusado por varios organismos internacionales de hacer uso de la tortura y de las ejecuciones extrajudiciales.
Los entrevistados manifestaron que soldados y agentes de las fuerzas de seguridad irrumpieron en viviendas de la localidad de La Victoria y en las zonas rurales de El Ripial, Los Arenales, La Capilla y La Osa y sin mostrar ningún tipo de orden de allanamiento sacaron a los residentes a la fuerza de sus hogares.
En los casos detectados, “los agentes ordenaron a los detenidos cubrirse la cabeza con sus camisetas y los golpearon, los arrojaron al suelo y amenazaron con matarlos”, señala el informe.
En uno de las incursiones denunciadas, integrantes de las FAES se llevaron el 25 de marzo a cuatro miembros de una familia de su vivienda en La Victoria, contó un familiar.
“Sus cuerpos fueron encontrados a un kilómetro y medio, en El Ripial, con cortes, heridas de bala y presuntas luxaciones óseas. Peritos forenses concluyeron que las fotografías de los cuerpos sugieren que habrían sido movidos y que las armas de fuego y granadas que se ven junto a sus manos pudieron haber sido sembradas”, resalta del informe.
Tras ingresar haciendo uso de la fuerza, los agentes en varias ocasiones “saquearon o destruyeron efectos personales, comida y enseres del hogar”, señaló el informe.
“Algunas familias se encerraron dentro de sus viviendas por varios días y luego huyeron a Colombia. Quienes tienen doble ciudadanía –venezolana y colombiana– temían que las fuerzas de seguridad venezolanas consideraran que eso era prueba de que tenían nexos con grupos armados”, agregó.
Las autoridades venezolanas no han proporcionado una lista oficial de detenidos ni de su paradero, pero familiares y organizaciones de derechos humanos indicaron que muchos de ellos inicialmente estuvieron detenidos en una base militar en la ciudad de Guasdualito, siendo trasladados semanas después a un área administrada por militares del Centro Penitenciario de Occidente, ubicado en Santa Ana, en el estado Táchira.
Dos detenidos que más tarde fueron liberados confirmaron que estuvieron retenidos en instalaciones militares. Múltiples entrevistados manifestaron que los detenidos no eran miembros de grupos armados.
En 2020, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional hallaron pruebas de que podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Sus informes implicaron a las mismas fuerzas de seguridad a las que se les atribuyen los abusos en Apure.
El 26 de marzo, el Fiscal General de Venezuela, Tarek Saab, designó a dos fiscales “de protección de derechos humanos” para investigar los sucesos en Apure y estableció una comisión conjunta de 12 expertos para investigar los asesinatos en El Ripial. La Fiscalía General de la República no ha respondido a una solicitud de información de Human Rights Watch sobre el estado de las investigaciones.
El poder judicial venezolano normalmente no investiga las denuncias de violaciones a los derechos humanos, señaló Human Rights Watch al advertir que ello “ha permitido que la impunidad de estos delitos sea la regla”.
Los abusos en Apure son similares a otros que han cometido en forma sistemática las fuerzas de seguridad venezolanas.
Entre 2016 y 2019, las fuerzas de seguridad de Venezuela, incluyendo fuerzas policiales, mataron a más de 19,000 personas en casos de supuesta “resistencia a la autoridad”, según datos presentados en varios informes de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU concluyó que las FAES eran responsables del 59% de todas las muertes causadas por las fuerzas de seguridad desde 2014. Human Rights Watch ha documentado casos de supuesta “resistencia a la autoridad” en el pasado, en los cuales no hubo un enfrentamiento y agentes de las FAES estuvieron implicados en ejecuciones extrajudiciales y manipulación de la escena del crimen.
Asimismo, concluyó que la información analizada “indica que muchas de esas muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales” y que agentes de las FAES a menudo alteran la escena del crimen y la evidencia, y plantan armas y drogas para insinuar que hubo un enfrentamiento.
Esta historia fue publicada originalmente el 26 de abril de 2021, 7:00 a. m. with the headline "Fuerzas de Maduro cometieron ‘atrocidades’ en la frontera con Colombia, denuncia HRW."
