Fiscal que investigaba la corrupción en Venezuela fue encarcelado por centrarse en Saab

Las amenazas de muerte no impidieron que el entonces fiscal venezolano Luis Sánchez investigara la corrupción en el gobierno, ni tampoco un intento de asesinato casi exitoso contra su supervisor, que trabajaba en un caso de malversación de fondos multimillonario. Pero estos esfuerzos se detuvieron en seco cuando el principal sospechoso fue nombrado fiscal general del régimen de Nicolás Maduro.

Sánchez, de 34 años, padre de un niño y una niña, se acerca hoy al cuarto aniversario de su detención, después de que el nuevo fiscal general lo acusara, irónicamente, de corrupción. Sánchez ha estado en prisión desde entonces, pero no ha sido acusado oficialmente de nada. Esas son las reglas del juego en la Venezuela de hoy.

Aunque los abogados han llevado la difícil situación de Sánchez a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el ex fiscal es en gran medida un hombre olvidado, en manos de un régimen libre para hacer con él lo que quiera con pocas consecuencias.

“Esto ha sido una pesadilla desde el principio”, dijo Gloria Pinho, la suegra de Sánchez, una ex jueza que se ha hecho cargo de su defensa. “Estamos solos tratando que salga en libertad y todo el proceso legal ha sido una tortura: todos los obstáculos impuestos para tener acceso al expediente del caso, a los informes policiales, a las pruebas, algunas de las cuales, según ellos, estaban retenidas en la caja fuerte del Banco Central”.

Las posibilidades de Sánchez de salir de la cárcel parecen escasas. Amenazó los intereses de personas poderosas que se fijan en demostrar que combatir la corrupción gubernamental en Venezuela es más quijotesco, y mucho más peligroso, que inclinarse contra los molinos de viento.

“Luis pagó el precio por investigarlos”, dijo Pedro Lupera, ex fiscal y ex supervisor de Sánchez quien fue el objetivo de la intentona frustrada y ahora vive exiliado en Estados Unidos. “Justo antes de la detención, le había dicho que la situación ahora era demasiado peligrosa porque tenía información de que planeaban eliminarlo”.

Ambos habían estado investigando varios contratos adjudicados sin subasta por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) a empresas controladas por el ex gobernador Tarek William Saab, quien fue nombrado fiscal general dos semanas antes que Sánchez fuera arrestado.

Fue sorprendente que Lupera, y luego Sánchez como su asistente, tuvieran la tarea de investigar la corrupción de PDVSA por parte de la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz. En ese momento, ella era una funcionaria de alto rango del régimen y era probable que la investigación condujera a otros funcionarios clave. Más tarde rompió con el régimen y huyó del país, al igual que Lupera.

Sánchez se acerca a su mes 46 de encarcelamiento, dijo su esposa, Mariangela Ramírez.

“El juicio ni siquiera ha comenzado. Hay una serie de mociones que no se han decidido, por lo que el caso está completamente paralizado”, dijo Ramírez.

El ex fiscal acusado de hacer cumplir la ley ahora pasa los días en una pequeña celda con otros cinco reclusos en la cárcel Helicoide de Caracas, administrada por el temido Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

Su familia tiene que llevarle regularmente comida y agua a la prisión, que Sánchez comparte con algunas de las mismas personas que había procesado. Pero lejos de protegerlo, los funcionarios de prisiones parecen haberse asegurado de que algunos de los reclusos que puso tras las rejas tuvieran acceso a él.

“Cuando llegó, un comisario lo esposó a unas escaleras para que otros reclusos pudieran alcanzarlo. Había personas contra las que había emitido sus órdenes de arresto”, dijo la esposa de Sánchez. “Él lo niega y no lo vi hasta que pasó un mes, pero otros reclusos más tarde me dijeron que le dieron una golpiza cuando llegó”.

Luz en lugares oscuros

La investigación por corrupción también se centró en el ex presidente interino Diosdado Cabello, a menudo descrito como el segundo hombre más poderoso de Venezuela, bajo la presunción de que era uno de los principales benefactores del esquema de corrupción. Otros investigados fueron el actual ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el ex vicepresidente Aristóbulo Istúriz, fallecido en abril pasado.

“El caso tuvo que ver con múltiples contratos adjudicados por PDVSA a empresas fantasma. Uno de ellos era Constructora Konkor, y cuando salimos a investigarlo, descubrimos que estaba vinculado a hombres de paja (socios a quienes usan como apoderados para ocultar al verdadero propietario) de Tarek William Saab, y cuando lo sumamos todo vieron que todos estos contratos ascendían a más de $3,000 millones de dólares“, dijo Lupera.

En algunos casos, los presuntos malversadores mostraron una total falta de sofisticación, como un contrato de compra de dos impresoras para PDVSA.

“Las impresoras adquiridas tenía un precio de mercado de alrededor de $1,000, pero ambas fueron marcadas con un valor de $153,000 cada una”.

En otros casos, a los contratistas se les pagaba por servicios que nunca se prestaban, dijo Lupera.

Venezuela es considerado uno de los países con mayor incidencia de corrupción gubernamental por el grupo Transparencia Internacional. Altos funcionarios del gobierno, incluidos Cabello y el propio Maduro, enfrentan en Estados Unidos cargos de narcotráfico y corrupción. En algunos casos, las supuestas ganancias mal habidas superan la marca de los $1,000 millones.

Además, decenas de altos funcionarios del gobierno han sido sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por cargos que van desde corrupción y narcotráfico hasta ayudar a Maduro a desmantelar la democracia.

Pesquisa improbable

A pesar de su fama como un paraíso de la corrupción, el país ha visto muy pocos casos de corrupción presentados contra funcionarios del gobierno en las últimas dos décadas, particularmente personas con altos cargos.

Ortega Díaz, la ex fiscal general, terminó rompiendo con Maduro en 2017, pero hasta entonces era una de las partidarias de confianza del régimen, asegurando que el sistema judicial no pudiera ser relegado. Incluso fue acusada más tarde de usar los tribunales para perseguir y encarcelar a los líderes de la oposición.

La investigación de Lupera y Sánchez levantó todo tipo de ampollas y enfrentó muchos obstáculos desde el principio, al punto que los fiscales recurrieron a engañar a los jueces para que autorizaran órdenes de allanamiento al no incluir el nombre de las empresas fantasma.

También se guardaban de proteger su información, evitando el uso de procedimientos regulares para obtener las órdenes, dado que la información se filtraba a los sospechosos casi de inmediato una vez que se presentara una moción.

Y desde el principio ambos hombres comenzaron a recibir amenazas de muerte, dijo Ramírez, quien no solo es la esposa de Sánchez, sino una de sus abogadas.

“Informar a Luis Rangel Sánchez ... que estamos al tanto de la información de Bariven (una filial de PDVSA) que obtuvo ilegalmente a través de los malditos traidores de R. Dígale que si toca eso lo volaremos con C4”, se lee en un correo electrónico enviado anónimamente a través de una cuenta de Hotmail.

El correo electrónico le advertía que dejara de investigar a INCAERO, un programa de ampliación de instalaciones petroleras, o “tendrá que metérselo en el c... porque lo vamos a matar por imbécil. Sabemos que está recibiendo órdenes de otro traidor y que no tiene ni idea de con quién está tratando. Ayer se hospedó en el Hotel Punta Palma en la habitación 1301 y conduce un Silver Runner con la placa AA947GC”.

Esa fue solo una de las muchas advertencias que recibieron los hombres. En algunos casos, provenían de personas cercanas a ellos que traían mensajes de terceros aconsejándoles que abandonaran la investigación. En otros llegaban en forma de mensajes anónimos escritos, diciendo que había planes para matarlos con bombas.

Salvado por un autobús

Pero el intento de asesinato, cuando llegó, no fue en forma de bomba.

Las amenazas habían hecho que ambos hombres tomaran precauciones, como cambiar de medio de transporte.

Pero Lupera dijo que un día fue interceptado mientras estaba atrapado en el tráfico en Caracas por dos hombres con uniformes militares que viajaban en una motocicleta.

“Se acercaron a mi vehículo y después de revisar las placas, se detuvieron junto a mí. Yo estaba justo detrás de un autobús y cuando los hombres sacaron sus armas, el autobús comenzó a moverse, revelando que a la derecha había alrededor de 10 policías nacionales parados allí mismo”, dijo Lupera sobre su golpe de suerte.

No queriendo iniciar un tiroteo que probablemente iban a perder, los dos sicarios se alejaron.

El hecho, presenciado por otro fiscal cercano a Ortega Díaz que también iba en el auto, llevó a la fiscalía a asignar dos guardaespaldas a Lupera. Los guardias, sin embargo, no siempre estuvieron presentes y en otro incidente varios asaltantes trataron de obligarlo a detenerse en su auto.

El caso de corrupción, sin embargo, se paralizó tan pronto como Ortega Díaz rompió públicamente con el régimen y Maduro nombró a Saab, aunque ilegalmente, como su reemplazo.

Ortega Díaz, Sánchez y Lupera, entre otros, fueron acusados públicamente por Cabello de dirigir una red de extorsión y dos de ellos huyeron. Sánchez era el único que aún quedaba en el país.

Casi cuatro años después de su arresto sin acusación oficial ni juicio, languidece en una celda de una cárcel venezolana. Es en gran parte olvidado por el mundo exterior e intocable dentro de su país, donde los aspirantes a simpatizantes temen la misma suerte del régimen.

“Hasta ahora, la única persona que ha estado abogando públicamente por la liberación de Luis he sido yo. Eso es todo”, dijo la suegra de Sánchez. “Nadie más ha estado dispuesto a ayudarnos”.

Esta historia fue publicada originalmente el 15 de junio de 2021, 4:05 p. m. with the headline "Fiscal que investigaba la corrupción en Venezuela fue encarcelado por centrarse en Saab."