Misión de la ONU responsabiliza a Maduro y a sus cortes por violaciones a derechos humanos
El sistema de justicia en Venezuela es sumamente injusto, siendo sus cortes utilizadas para castigar a activistas y opositores del régimen y obligadas a ignorar las denuncias de torturas y asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad, dijo el jueves una misión de Naciones Unidas.
En un informe de 200 páginas presentado el jueves Ginebra, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela también confirmó que los organismos de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro tienen como tarea principal la persecución de la disidencia política y de representantes de los derechos humanos, emprendiendo prácticas de arrestos arbitrarios y haciendo uso sistemático de la tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
La misión colocó la responsabilidad de las injusticias sobre la máxima cúpula del régimen, al igual que en los integrantes del sistema judicial.
“La misión tiene motivos razonables para creer que el Presidente, el Ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y el Ministro para la Defensa ordenaron la comisión de los delitos documentados en el informe o contribuyeron a ello y, pese a tener la capacidad efectiva de adoptar medidas preventivas y represivas, no lo hicieron”, señaló el informe.
“Jueces y fiscales han desempeñado a través de sus actos y omisiones un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidas por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositores supuestos o reales”, subrayó la presidenta de la misión, Marta Valiñas.
La misión también constató que “las vulneraciones” suelen dirigirse principalmente a críticos del Gobierno con perfiles públicos destacados, o a personas prominentes o “que representaban lo que se percibía” como una amenaza debido a sus acciones.
Entre estos se encuentran activistas sociales y líderes políticos al frente de las protestas, políticos de la oposición y disidentes militares acusados de rebelión, de preparar golpes de estado o de otro tipo de conspiraciones, señaló el documento.
Según el informe, los organismos de inteligencia también se centraron en otros perfiles que se consideraba que ponían en tela de juicio el discurso oficial, entre ellos determinados funcionarios públicos, jueces, fiscales, abogados defensores, defensores de los derechos humanos, periodistas, y blogueros y usuarios de los medios de comunicación social.
También han sido detenidos trabajadores de la salud y usuarios de redes sociales que criticaron la respuesta del Gobierno a la pandemia de COVID-19, agregó.
Valiñas dijo que las violaciones de los derechos humanos son facilitados en Venezuela por el estado de virtual inoperatividad de las cortes del país, cuyos jueces han sido obligados a obedecer ciegamente las disposiciones del régimen.
“En medio de la profunda crisis de derechos humanos de Venezuela, la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales”, dijo Valiñas.
“Según nuestra última investigación existen motivos razonables para creer que en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositoras y opositores, supuestos o reales.”
La misión — que realizó más de 170 entrevistas, muchas de ellas a miembros del sistema judicial, para elaborar sus conclusiones — detalló que los detenidos son procesados por razones políticas y obligados a enfrentar un sistema diseñado y manipulado para negarles el derecho a la defensa.
Para empezar, las órdenes que determinan quienes deben ser investigados provienen a menudo del propio Maduro o del presunto número dos del régimen, Diosdado Cabello, quienes imparten sus instrucciones al Director General del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), dijo el informe citando las declaraciones de un ex funcionario de la agencia de inteligencia.
Por otro lado, las detenciones son realizadas con frecuencia sin orden judicial, siendo las víctimas registradas judicialmente como detenidos en flagrante delito pese a que ningún delito había sido cometido.
En varios de los casos investigados, los funcionarios del SEBIN utilizaron la fuerza o la violencia durante las detenciones, a pesar de que los testigos declararon, o las imágenes de vídeo mostraron, que los detenidos no eran violentos ni se resistían a la detención, dijo el informe.
“La misión tiene motivos razonables para creer que en varios casos el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional falsificó pruebas, entre otras formas colocando algunas de estas junto a las víctimas, especialmente armas de fuego, y/o distorsionando los resultados de los registros de domicilios o automóviles”, reportó la misión.
Las detenciones luego fueron anunciadas por funcionarios gubernamentales de alto nivel, quienes públicamente han realizado comentarios sobre la responsabilidad penal del acusado, sin que esa responsabilidad haya sido determinada en un juicio.
La misión dijo tener motivos razonables para creer que algunos opositores políticos y personas relacionadas con ellos fueron objeto de desapariciones forzadas de corta duración y que documentó casos en que funcionarios negaron tener a la persona detenida o dijeron a los familiares y abogados que trataban de localizarla que no disponían de información alguna.
El paradero de los detenidos siguió sin conocerse durante períodos que iban desde unos pocos días, en la mayoría de los casos, hasta varias semanas.
“La misión encontró motivos razonables para creer que los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional torturaban o sometían a los detenidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Las torturas y los malos tratos se llevaban a cabo generalmente durante los primeros días de la detención, antes de la comparecencia inicial ante el tribunal, mientras los detenidos permanecían incomunicados”, dijo el informe.
Muchos de los detenidos dijeron haber presenciado la torturas de detenidos no políticos en las instalaciones del SEBIN.
“Los actos se cometían generalmente durante los interrogatorios para obtener confesiones o información, incluidas contraseñas telefónicas y de redes sociales, o para obligar a los detenidos a incriminarse a sí mismos o a otras personas, en particular a líderes prominentes de la oposición, en la comisión de delitos”, añadió.
“En el caso del diputado de la Asamblea Nacional Juan Requesens, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional supuestamente le administraron drogas psicotrópicas para inducir una confesión”, agregó.
Los casos que examinó la misión se produjeron principalmente entre el 2014 y el 2018. Las técnicas de tortura documentadas por la misión incluían posiciones forzadas; asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o en agua; palizas; descargas eléctricas; amenazas de muerte; amenazas de violación a la víctima y/o sus familiares; tortura psicológica, como privación sensorial, iluminación constante y frío extremo; y desnudez forzada.
Esta historia fue publicada originalmente el 16 de septiembre de 2021, 11:03 a. m. with the headline "Misión de la ONU responsabiliza a Maduro y a sus cortes por violaciones a derechos humanos."
