A la espera de ser confirmado embajador, Bernie Navarro llega a un acuerdo con la Reserva Federal
Mientras espera la confirmación del Senado como embajador de Estados Unidos en Perú, el prestamista de Miami Bernie Navarro resolvió una demanda presentada en su contra y contra su empresa por el Banco de la Reserva Federal de San Francisco.
Aunque la compañía, Benworth Capital, declinó divulgar los términos del acuerdo, el presidente de Benworth, Henry Jiménez, dijo en un comunicado que el arreglo no implicaba “culpa ni admisión de responsabilidad” por parte de la empresa. Señaló además que Benworth cree que la demanda tuvo motivaciones políticas, aunque no ofreció detalles.
La demanda fue presentada contra Benworth y Navarro en julio de 2024, cuando el secretario de Estado y amigo cercano de Navarro, Marco Rubio, estaba siendo considerado como la posible elección del presidente Donald Trump para vicepresidente.
El Banco de la Reserva Federal declinó hacer comentarios.
Un representante de Navarro remitió al Herald al comunicado de Benworth.
La disputa por los préstamos del PPP y millones en honorarios
La demanda surgió por los créditos otorgados por la Reserva Federal a Benworth, que ayudaron a financiar su masiva participación en el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) durante la pandemia de COVID-19. Benworth emitió más de $4,000 millones en préstamos perdonables a pequeñas empresas, lo que la convirtió en uno de los principales prestamistas del programa. La empresa recibió más de $680 millones en honorarios federales por procesar esos préstamos.
En la demanda de 2024, la Reserva Federal alegó que Benworth había incumplido su contrato y exigió el reembolso inmediato de $67 millones que, según el banco, se le debían. La acción judicial, presentada en Puerto Rico, también nombraba a la esposa de Navarro, Claudia.
Cuando Trump nominó formalmente a Navarro en junio como embajador en Perú, el pleito con la Reserva Federal aún estaba en curso.
Navarro no ha comparecido todavía ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que debe votar si su nominación pasa al pleno para su confirmación. El comité no informó cuándo podría considerar el caso.
La demanda de 2024 de la Reserva Federal fue incorporada a una disputa relacionada entre Benworth y la empresa tecnológica Womply, con la que Benworth se asoció para procesar los préstamos del PPP.
Según el acuerdo entre ambas compañías, Benworth transfirió más de dos tercios de los $680 millones en honorarios a Womply. Cuando un árbitro determinó el año pasado que Benworth debía pagar $118 millones adicionales, la empresa advirtió a la Reserva Federal que quizá no tendría fondos suficientes para devolver lo que debía.
Benworth y Womply resolvieron posteriormente su disputa.
Esta semana, la Reserva Federal de San Francisco, Benworth y los Navarro informaron a un juez en Puerto Rico que también habían llegado a un acuerdo, aunque sin revelar los términos.
Jiménez, presidente de Benworth, dijo en un comunicado que la empresa estaba complacida con la resolución.
“Si bien no podemos divulgar los términos del acuerdo, sí podemos afirmar que el arreglo establece explícitamente que no hubo hallazgo de culpa ni admisión de responsabilidad respecto a las alegaciones y reclamaciones en la demanda de la Reserva Federal”, señaló Jiménez. “Este resultado reivindica a Benworth Capital, que fue el único prestamista del programa víctima de una demanda política del Banco de la Reserva Federal”.
Investigación federal sobre fraude en los préstamos de la pandemia
Benworth fue uno de varios prestamistas que cooperaron en la investigación publicada en 2022 por el Subcomité Selecto de la Cámara sobre la Crisis del Coronavirus, que examinó cómo prestamistas en línea facilitaron fraudes en el PPP debido a controles laxos.
Womply, socio de Benworth, y otra empresa tecnológica llamada Blueacorn fueron suspendidas por la Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) para trabajar con la agencia tras los hallazgos.
Los esposos fundadores de Blueacorn, Nathan Reis y Jennifer Lockridge, enfrentan ahora hasta 20 años de prisión por su papel en lo que fiscales federales describieron como un plan para obtener fraudulentamente millones de dólares en fondos del PPP. Lockridge fue declarada culpable en junio por un jurado en Texas de conspiración para cometer fraude electrónico, mientras que Reis se declaró culpable del mismo cargo en agosto.
