Tácticas policiales de control de protestas pudieran propagar el COVID-19
El asesinato aborrecible de George Floyd a manos de un policía en Minnesota ha provocado protestas no solo en todo el país, pero también alrededor del mundo. Y con gran razón. Uno de cada 1,000 hombres y niños negros puede tener la expectativa de morir a manos de la policía en el transcurso de su vida.
Sin embargo, protestar durante una pandemia causada por una enfermedad respiratoria ha requerido algunas alteraciones: los organizadores recomiendan que los manifestantes protesten con máscaras quirúrgicas, mantenerse a seis pies de distancia mientras marchan, y que signos con mensajes antirracistas e instrumentos musicales —como tambores— sean empleados en lugar de cantar y gritar.
El gobierno se preocupa de que las protestas contribuyan a un aumento en los casos de infectados por el COVID-19, y algunos oficiales gubernamentales ya han utilizado el aumento de casos como justificación para condenar las protestas.
Quiero ser completamente claro: el racismo sistémico es una emergencia de salud pública y ha estado amenazando la salud de los afroamericanos por siglos. En varias partes de EEUU, un hombre negro tiene una probabilidad más alta de morir a manos de la policía que de sucumbir al COVID-19. Las protestas ahora pueden salvar la vida de miles en el futuro.
Innumerables fotos y videos de estas protestas en todo el país muestran que la mayoría de los manifestantes cumplen con las pautas de salud pública pero, dando por sentada la importancia de las protestas, el mayor obstáculo en la prevención contra el COVID-19 de los protestantes es la entidad que están protestando: la policía.
Las tácticas de control de multitudes son antitéticas a las pautas de distanciamiento físico que protegen a los manifestantes. Cuando la policía trata de acorralar a los protestantes en áreas estrechas, les niegan la oportunidad de mantener la distancia recomendada, promoviendo así la propagación del virus.
Incontables videos que circulan en las redes sociales muestran a policías quitándole las máscaras a los manifestantes por la fuerza y atacándolos con gas pimienta. Asustados y sin máscara, los manifestantes gritan en respuesta al ataque, expulsando lágrimas, moco y saliva como consecuencia del químico, todas fuentes potenciales del COVID-19.
Adicionalmente, si se toma en cuenta que las gotas respiratorias –saliva y mucosidades provenientes de la tos y los estornudos– son el medio principal de transmisión del COVID-19, el uso de gases lacrimógenos por parte de la policía parece especialmente violento. Además de las lágrimas, moco y saliva que se ven de manera similar al spray de pimienta, el gas lacrimógeno produce una sensación de asfixia, lo que hace que los manifestantes tosan sin cesar, ahogándose. En una situación con difícil acceso al agua limpia como lo es una protesta y donde algunos grupos policiales están destruyendo estaciones médicas y de agua, la tos en combinación con los fluidos corporales inducidos aumenta en gran medida el riesgo de transmisión, lo cual hace del COVID-19 un arma contra los manifestantes.
Aunque las grandes reuniones definitivamente aumentan el riesgo de infección por COVID-19, ha habido muy pocos casos documentados de transmisión al aire libre si las pautas de distanciamiento social son observadas. La mayoría de las infecciones ocurren adentro, en áreas estrechas. Áreas como cárceles y centros de detención donde las tasas de infección están entre las más altas del mundo.
Buzzfeed estima que más de 11,000 personas han sido arrestadas y detenidas por su participación en protestas antirracistas en las últimas dos semanas. En los centros de detención abarrotados, los manifestantes arrestados (probablemente sin máscaras o productos sanitarios fácilmente accesibles) enfrentan un riesgo de infección sustancialmente mayor.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) definen un posible contacto infeccioso como cualquier persona que haya pasado 15 minutos o más a una distancia de menos de 6 pies de otra. En Nueva York, por ejemplo, dado que un juez suspendió el hábeas corpus (las protecciones legales contra el arresto sin base), un manifestante podría ser detenido en cárceles y centros de detención con alto riesgo de transmisión de COVID-19 por más de 24 horas sin ser acusado formalmente.
Los arrestos de los manifestantes son peligrosos no solo para los mismos manifestantes, sino también para el resto de las personas encarceladas. Los otros carcelarios, como consecuencia de décadas de encarcelamiento masivo y vigilancia policial de las comunidades negras, son mayoritariamente afroamericanos. Y dadas las altas tasas de casos y muertes de COVID-19 entre las comunidades negras, y dentro de las cárceles, la rápida rotación temporal de manifestantes en las cárceles y centros de detención aumenta aún más el riesgo de que la infección por COVID-19 se agregue injustamente como parte de una sentencia de prisión, aumentando las inequidades en salud y las muertes de personas negras a manos de la acción policial.
Prohibir el uso de la fuerza policial contra los manifestantes no es una idea radical: la semana pasada, la alcaldesa de Seattle prohibió el uso del gas lacrimógeno por los próximos 30 días. Sin embargo, prohibir solamente un arma entre muchas no evitará completamente el aumento de riesgo de transmisión de COVID-19 a manos de la policía.
La brutalidad policial es violencia estatal. El control de multitudes sin seguir los estatutos de salud pública durante una pandemia es violencia estatal. Las ciudades de EEUU deben dejar el uso de la fuerza policial para detener las manifestaciones y, en cambio, centrarse en cambio político para la salud y sobrevivencia de las comunidades negras. Es hora de escuchar a los manifestantes: acabemos con la brutalidad policial; acabemos con el racismo sistémico.
Miguel Paredes, MPH., es un estudiante colombiano de medicina y de doctorado en epidemiología (MD-PhD) en la Universidad de Washington. Twitter: @miguelp1120.