El público pierde mucho cuando las autopistas y puntos de peaje están en manos privadas | Opinión
El proyecto de ley bipartidista de infraestructura de $1.2 billones, recientemente aprobado, proporcionará el dinero federal que tanto necesitamos para arreglar nuestras carreteras, sistemas de agua y otra infraestructura pública. Pero el proyecto de ley no es todo soles y arcoíris.
Una estipulación del proyecto de ley incentiva a los gobiernos estatales y locales a ceder el control de algunos de los nuevos proyectos a empresas e inversores privados. Y eso creará oportunidades para que ocurran cosas malas.
Gran parte del nuevo gasto federal se destinará a rellenar baches, reparar puentes, reducir el costo del internet de alta velocidad y construir otras cosas que nuestras comunidades necesitan. Pero en el caso de los grandes proyectos de transporte con apoyo federal, los gobiernos estatales y locales tendrán que considerar la financiación adicional de inversores privados.
El peligro es que esta financiación adicional viene con condiciones. Los inversores privados negocian contratos —llamados “asociaciones público-privadas”— que les permiten obtener beneficios aumentando las tarifas del agua, o incrementando los peajes en las autopistas, o cobrando al gobierno costosos pagos de arrendamiento.
Estos contratos no solo son más caros que si el Estado o la localidad utilizara la financiación pública tradicional, sino que además suelen dar a los inversores privados la posibilidad de configurar la política pública.
La ciudad de Chicago, por ejemplo, firmó en 2008 una asociación público-privada para arrendar sus parquímetros del centro de la ciudad a un grupo de inversores, entre ellos Morgan Stanley y un fondo soberano del Medio Oriente. Hoy, al faltar 62 años para que finalice el contrato de arrendamiento de 75 años, los inversores ya obtuvieron una rentabilidad del 143% de su inversión. Ese beneficio pudiera destinarse a inversiones en escuelas públicas o a la mejora de la seguridad pública, pero en lugar de ello está saliendo de la ciudad. Y no solo eso, la ciudad tiene que pagar a los inversores si hacen cambios que disminuyan los ingresos por estacionamiento, como la celebración de una feria callejera o la adición de carriles para bicicletas o carriles exclusivos para autobuses.
En Maryland, el gobernador Larry Hogan propone una asociación público-privada para construir nuevos carriles de peaje en los suburbios de Washington D.C. Para que el proyecto sea rentable para los inversores, el peaje de un viaje de 12 millas en hora pico y en un solo sentido pudiera costar $50 o más.
Estas cifras son asombrosas, pero no sorprenden. Las empresas privadas son responsables ante sus inversores y accionistas. Su objetivo es obtener beneficios, y a veces eso se interpone en la misión para la que existen nuestras instituciones públicas.
El sector privado es excelente para producir cosas como barras de pan y laptops. Pero cuando se trata de bienes públicos como la infraestructura —carreteras, sistemas de agua y puentes—, el afán de lucro de las empresas va en contra del interés público.
Como escribo en “The Privatization of Everything”, un libro del que soy coautor con Allen Mikaelian, los bienes públicos son las cosas que podemos usar todos juntos, cosas que no tienen ganadores ni perdedores. Desde escuelas públicas hasta agua potable y las vacunas contra el COVID-19, se supone que los bienes públicos benefician a todos.
Y son tan estadounidenses como el pastel de manzana. Hace tiempo nos dimos cuenta de que todo el mundo se beneficia de la educación pública, aunque no tengan hijos en edad escolar. También nos dimos cuenta de que un departamento de bomberos público disponible para todos, nos mantiene a todos seguros. Pudimos haber convertido todas nuestras carreteras en autopistas de peaje, pero decidimos que sería mejor para la economía y para cada uno de nosotros individualmente que el público controlara la mayoría de las carreteras.
Por eso no podemos dejar que nuestros dirigentes estatales y locales firmen costosas asociaciones público-privadas que ceden el control de nuestras carreteras, puentes y otra infraestructura. Nuestro país necesita urgentemente una reconstrucción. No podemos permitirnos estropearlo.
Donald Cohen es director ejecutivo de In the Public Interest y coautor de “The Privatization of Everything”.
©2021 Tribune Content Agency