Un freno a las cámaras en los semáforos

Quisiera unir mi voz y las de los residentes de mi distrito en la ciudad de Miami a la columna escrita por Bernadette Pardo en el Nuevo Herald el 6 de enero, porque es necesario ponerle fin al programa de las cámaras de luz roja de los semáforos. De hecho, me gustaría ir más allá que lo expuesto por Bernie Pardo, y en lugar de abogar por reducir las multas por infracciones, exigirle firmemente a la Legislatura de la Florida la prohibición del programa en su totalidad, como lo han propuesto el senador Frank Artiles y el representante Brian Ávila. El Proyecto de Ley Senatorial 178 y el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 6007 proponen anular la Ley de Seguridad de Tránsito Mark Wandall, desautorizando la instalación y el uso de cámaras de luz roja de los semáforos en ciudades a través del estado, incluida Miami.

Siempre he luchado contra las cámaras de luz roja, porque considero que este programa es abusivo. Con la excusa de que estas cámaras evitarían accidentes, hemos implementado un programa que en realidad hace más peligroso conducir en nuestras calles. Según el reporte sobre las cámaras de luz roja del Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida del 2015, el hecho es que ha habido un aumento de accidentes de tráfico en las intersecciones que tienen estas cámaras. Basado en estos datos me pregunto: si el programa no se trata de seguridad, ¿de qué se trata realmente? La respuesta es simple: dinero.

Mientras que las multas por la infracción de tráfico le cuestan a nuestros residentes $158, el gobierno local solo se queda con $75. La diferencia de $83 es depositada en el Departamento de Ingresos del estado, el cual lo distribuye de la siguiente manera: $70 para el Fondo General de Ingresos estatales, $10 para el Fondo Fiduciario Administrativo del Departamento de Salud estatal, y $3 en el Fondo Fiduciario para Lesiones de Cerebro y Médula Espinal. La investigación de la Oficina de Análisis de Políticas y Responsabilidad Gubernamental (OPPAGA por sus siglas en inglés) demuestra que de los $75 retenidos por los gobiernos locales que operan cámaras de luz roja, aproximadamente el 49% de la multa termina en los bolsillos de la compañía que vendió estas cámaras. Como dije antes, esto se trata de ganancias monetarias y no de seguridad.

Tres cosas son evidentes: (1) las cámaras de luz roja en los semáforos no reducen accidentes; (2) las únicas entidades que le sacan provecho son los vendedores de estas cámaras, que se benefician financieramente a costa de los residentes que pagan por a esta injusticia; y (3) la opinión pública rechaza abrumadoramente el programa. Lo que debe hacer nuestra Legislatura estatal está claro. Es hora de eliminar el programa de cámaras de luz roja de los semáforos.

Esta historia fue publicada originalmente el 12 de enero de 2017, 7:29 a. m. with the headline "Un freno a las cámaras en los semáforos."