Es hora de cerrar Alligator Alcatraz, la cárcel de inmigrantes de Trump y DeSantis | Opinión
Es hora de cerrar Alligator Alcatraz; no solo por las denuncias de condiciones insalubres y el maltrato a inmigrantes indocumentados, sino también porque resulta, sencillamente, demasiado costoso.
Llevamos meses sabiendo esto. El Miami Herald y otros medios de comunicación han revelado la asombrosa factura que se espera que asuman los contribuyentes debido a la apresurada apertura, por parte del gobernador Ron DeSantis, de una cárcel de detención de inmigrantes —compuesto por carpas y remolques— en los Everglades, con el fin de facilitar las deportaciones masivas del presidente Trump.
Se proyecta que el costo de funcionamiento de estas instalaciones ascienda a $1,400 millones, según documentos obtenidos por el Herald el pasado mes de marzo. Tan solo en los primeros meses de funcionamiento, la administración DeSantis ya había consumido $390 millones.
Ahora, al parecer, la administración Trump coincide en que Alligator Alcatraz podría no justificar su costo.
El New York Times informó el jueves 7 de mayo que Florida y el gobierno federal están en conversaciones sobre el cierre del centro. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional han concluido que administrar Alligator Alcatraz resulta demasiado costoso y lo consideran ineficaz, según reportó el Times basándose en fuentes anónimas dentro de la administración Trump y cercanas a la administración DeSantis.
Las conversaciones sobre el cierre definitivo del centro son preliminares, según el Times. Pero si esto llegara a ocurrir, representaría una victoria para los defensores de los derechos de los inmigrantes y los abogados, así como para los ambientalistas y la tribu Miccosukee, quienes interpusieron demandas para lograr el cierre de este centro de detención. O, en general, para cualquiera a quien le importe el hecho de que —tal como informó el Times— cerca de dos tercios de los detenidos en las instalaciones habían sido clasificados como personas sin antecedentes penales.
Asimismo, debería constituir una victoria para los defensores de la disciplina fiscal. La manera desenfrenada en que la administración DeSantis ha gastado fondos en iniciativas relacionadas con la inmigración —con una rendición de cuentas mínima— debería alarmar a cualquier conservador que desconfíe de la gestión gubernamental de nuestros impuestos.
El jueves 7 de mayo, DeSantis sugirió que está de acuerdo con los planes de cerrar el centro de detención, al declarar a los periodistas: “Sería estupendo para nosotros desmantelar esa instalación”.
Se supone que el gobierno federal debe reembolsar a Florida los gastos relacionados con Alligator Alcatraz. Sin embargo, el estado aún no ha recibido los $608 millones que solicitó. Esto significa que los contribuyentes de Florida podrían tener que asumir el costo de la construcción del centro. Según informó el Herald, DeSantis afirmó que el estado recibirá el dinero “muy pronto”.
Asimismo, DeSantis ha gastado más de $570 millones de los fondos de emergencia de Florida en la aplicación de las leyes de inmigración, sin que se hayan planteado demasiados cuestionamientos al respecto. Tal como informó el Herald en marzo, no está claro qué parte de ese dinero se destinó específicamente a Alligator Alcatraz.
La Legislatura de Florida creó el Fondo de Preparación y Respuesta ante Emergencias en 2022 para otorgar al gobernador acceso rápido a fondos —sin necesidad de aprobación legislativa previa— en caso de emergencia. Por lo general, esto se refiere a huracanes o desastres naturales; sin embargo, en 2023, DeSantis declaró el estado de emergencia a causa de la inmigración ilegal. Desde entonces, ha renovado dicho estado de emergencia en al menos 20 ocasiones.
El año pasado, DeSantis y el fiscal general de Florida, James Uthmeier, impulsaron la construcción del Alligator Alcatraz en el emplazamiento del Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier. La falta de infraestructura, así como la ubicación remota y pantanosa en pleno corazón de los Everglades, resultaban inquietantes en aquel momento; pero ese era, precisamente, el objetivo.
El nombre Alligator Alcatraz se convirtió en una broma recurrente de mal gusto —y en material para artículos de campaña— entre los republicanos de Florida y Trump.
“Muchos guardaespaldas, muchos policías en forma de caimanes”, comentó Trump sobre el centro durante una visita el pasado mes de julio. “No hay que pagarles tanto”.
Una camiseta con el lema Alligator Alcatraz, comercializada por la campaña de Uthmeier, reza: “Sin lugar a donde huir. Sin lugar donde esconderse”.
Desde la apertura del centro, han surgido informes sobre las pésimas condiciones que enfrentan los migrantes.
En abril, el Herald informó que los detenidos denunciaron haber sido objeto de palizas nocturnas, de permanecer en jaulas con un hedor insoportable a orina, de sufrir el impacto de “bombas” de gas pimienta y de recibir “comidas escasas, acompañadas de agua turbia que debían beber de vasos enmohecidos”.
El Herald basó su reportaje en grabaciones de llamadas telefónicas entre migrantes y sus familiares, entrevistas, llamadas al 911 y quejas por escrito. Una mujer alegó, en una queja presentada ante la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS, que su prometido había perdido más de 15 libras debido a porciones de comida persistentemente pequeñas y que estaba desarrollando “erupciones cutáneas y heridas abiertas” vinculadas al moho en su vaso para beber.
La administración de DeSantis ha negado reiteradamente las quejas sobre malos tratos. El DHS ha desestimado los informes sobre condiciones inhumanas, calificándolos de “farsas”. El centro conocido como Alligator Alcatraz albergaba a casi 1,400 personas hasta el mes de abril, según el Herald.
DeSantis ha afirmado que el campamento tiene carácter temporal y, tal vez, este vergonzoso y costoso experimento haya llegado finalmente a su fin.
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