Sur de la Florida

‘Sería formidable’: DeSantis respalda el cierre de Alligator Alcatraz y este es el motivo

El gobernador Ron DeSantis habla con los periodistas durante una rueda de prensa celebrada en la pista de aterrizaje de Alligator Alcatraz, en Ochopee (Florida), el viernes 25 de julio de 2025. FOTO DE AL DIAZ adiaz@miamiherald.com
El gobernador Ron DeSantis habla con los periodistas durante una rueda de prensa celebrada en la pista de aterrizaje de Alligator Alcatraz, en Ochopee (Florida), el viernes 25 de julio de 2025. FOTO DE AL DIAZ adiaz@miamiherald.com adiaz@miamiherald.com

El gobernador Ron DeSantis ahora respalda los planes para cerrar el centro de detención de inmigrantes administrado por el estado de la Florida en los Everglades, 10 meses después de que el estado lo inauguró y gastó cientos de millones de dólares en su construcción y funcionamiento.

El jueves, en Lakeland, declaró a los periodistas que “sería formidable para nosotros desmantelar esa instalación”, a raíz de un informe del New York Times que indicaba que el Departamento de Seguridad Nacional y los funcionarios estatales estaban considerando cerrar Alligator Alcatraz.

DeSantis afirmó que las conversaciones con el gobierno federal sobre el cierre de la instalación comenzaron después de que Markwayne Mullin fuera confirmado como el nuevo secretario del DHS a finales de marzo.

“Se ha discutido”, dijo DeSantis refiriéndose al cierre de la instalación. “Llegó un nuevo secretario y analizó estos asuntos con una perspectiva fresca”.

Reunión con el ‘zar de la frontera’

DeSantis se reunió el lunes por la tarde con Tom Homan, el “zar de la frontera” de la Casa Blanca, según consta en su agenda. El jueves comentó que hablaron sobre los $608 millones que DeSantis prometió a los contribuyentes que provendrían del gobierno federal para reembolsar al estado los costos de la instalación, pero que nunca llegaron.

“Lo vamos a recibir, y lo verán muy pronto”, aseguró DeSantis.

El gobierno federal ha declarado reiteradamente ante los tribunales federales que no reembolsará a la administración de DeSantis los costos de construcción del recinto, sino únicamente los costos por detenido. Esto podría dejar a los contribuyentes de la Florida cargando con la factura de los millones de dólares que el estado gastó en erigir rápidamente el recinto en medio de los Everglades.

Esta aparente disposición a abandonar la instalación marca ahora un giro repentino por parte de las administraciones estatal y federal, las cuales habían promovido este centro de detención como un modelo ejemplar de la agenda de deportaciones masivas de Trump. El estado gastó cientos de miles de dólares en los tribunales para repeler los intentos de cerrar el centro, incluida la reciente anulación de una orden de un juez de Miami que disponía precisamente eso.

Lo promocionaron como un lugar intencionadamente remoto e intimidante para disuadir a las personas de emigrar a Estados Unidos, incluso mientras se convertía —para sus críticos— en un ejemplo de la amplia red de detención y del trato cruel hacia los inmigrantes por parte de la administración Trump.

El posible cierre de Alligator Alcatraz forma parte ahora de un esfuerzo más amplio por parte del DHS para reorientar su enfoque en materia de control migratorio, según indicó DeSantis.

“A juzgar por mis conversaciones con Tom, la misión continúa. La forma en que se lleva a cabo esa misión es importante. Y en cuanto a cómo sucedieron algunos de estos hechos en Minnesota, creo que la agencia lo analiza y se dice a sí misma que tal vez podrían haberlo gestionado de una manera un poco diferente”, comentó, haciendo referencia a la masiva represión migratoria y al asesinato de dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra el ICE en ese estado.

En lo que respecta a Alligator Alcatraz, “si deciden que cuentan con los recursos y que esto ya no es necesario, bueno, sí, quiero decir, no tenemos por qué seguir haciéndolo”.

Gastos en disputas judiciales

El gobernador ha defendido las instalaciones desde hace mucho tiempo, y su oficina ha gastado más de medio millón de dólares en litigar contra las impugnaciones judiciales presentadas en su contra. Sin embargo, tras revelarse públicamente el jueves los planes para clausurarlas, afirmó que su propósito siempre fue ser una medida temporal.

“Nuestro objetivo con esto era que dichas instalaciones sirvieran de puente hasta que el DHS estuviera en condiciones de asumir esta labor”, añadió. “Seguiremos cooperando, si recibimos personas, las remitiremos al DHS. Pero, idealmente, deberían ser ellos quienes tuvieran la capacidad de simplemente retener, procesar y, posteriormente, repatriar a estas personas”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró al Miami Herald que no estaba “presionando” al estado para que cerrara las instalaciones, aunque tampoco desmintió la existencia de conversaciones sobre dicha posibilidad.

“El DHS está evaluando de manera continua las necesidades y los requisitos en materia de detención para garantizar que se ajusten a las últimas exigencias operativas”, dijo un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.

Reacción de los críticos

Activistas comunitarios y políticos celebraron el jueves la noticia sobre el posible cierre de las instalaciones.

La alcaldesa del Condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, manifestó el jueves a través de las redes sociales que la noticia sobre el posible cierre del recinto era algo “que se esperaba desde hace mucho tiempo”.

“Durante meses, miles de personas han permanecido detenidas allí en condiciones inhumanas y sin un debido proceso efectivo, todo ello mientras se despilfarran millones de dólares de los contribuyentes. Ha llegado el momento de restablecer la dignidad y la rendición de cuentas”, reza la publicación.

La representante federal Debbie Wasserman Schultz —demócrata por el Condado Broward, quien visitó las instalaciones el mes pasado— se sumó a las declaraciones de Levine Cava, escribiendo que “esta crueldad despilfarradora debe cesar de inmediato”. Katie Blankenship, abogada fundadora de Sanctuary of the South —una organización de servicios legales—, afirmó que, si bien tanto ella como sus clientes esperaban el cierre del centro de detención, “lo creeremos cuando lo veamos”.

El mes pasado, Blankenship presentó una declaración ante un tribunal federal en la que exponía que uno de sus clientes, recluido en dichas instalaciones, había sido golpeado y había quedado con un ojo morado. El jueves, declaró que el centro de detención estaba “plagado de abusos contra los derechos humanos”.

“No cabe duda de que debería ser clausurado de inmediato”, aseveró.

Claire Heddles
Miami Herald
Claire Heddles is the Miami Herald’s senior political correspondent. She previously covered national politics and Congress from Washington, D.C at NOTUS. She’s also worked as a public radio reporter covering local government and education in East Tennessee and Jacksonville, Florida. 
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