Las nuevas reglas de Trump para el ‘green card’ dejan pocas opciones a los migrantes legales | Opinión
El gobierno de Donald Trump está jugando un juego cruel con las personas que intentan convertirse en inmigrantes legales. Es un juego de reglas en constante cambio, de obstáculos que parecen tener como objetivo hacer que el proceso de inmigración sea tan confuso, costoso, intimidante y agotador que los solicitantes simplemente se den por vencidos.
El obstáculo más reciente que ha creado la administración tiene el potencial de afectar a Miami como pocos otros lugares del país.
Tal como informó el Herald, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) emitió la semana pasada un memorando sobre una nueva norma que exige a la mayoría de las personas que buscan la residencia permanente regresar a sus países de origen para solicitar la tarjeta de residencia (green card) en un consulado estadounidense. Hasta ese momento, los solicitantes tramitaban habitualmente su residencia sin salir de EEUU mediante un proceso conocido como “ajuste de estatus”, utilizado por más de 500,000 personas cada año, según reportó el Herald.
“Creo que este es simplemente otro intento de, básicamente, acabar con el sistema de inmigración en Estados Unidos”, declaró Ira Kurzban, un destacado abogado de inmigración de Miami, al Consejo Editorial del Miami Herald. El bufete de Kurzban se encuentra entre aquellos que impugnan el intento de la administración Trump de poner fin a la designación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití.
La nueva norma sobre la tarjeta de residencia podría separar a familias y afectar a profesionales y estudiantes, a menos que califiquen para “excepciones muy limitadas” que les permitan permanecer en el país, informó el Herald. Dichas excepciones incluyen a personas con casos de asilo o refugio aprobados que no pueden regresar a sus países de origen, así como a solicitantes que “aporten un beneficio económico o que, de otro modo, redunden en el interés nacional”, según explicó un portavoz del USCIS a Business Insider.
Kurzban afirmó creer que la administración está apuntando específicamente a las familias, incluidos los cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses que son elegibles para obtener la residencia permanente.
He aquí el inconveniente: tal como informó el Herald, países como Haití, Venezuela y Rusia no mantienen relaciones diplomáticas funcionales con Estados Unidos, lo que plantea la interrogante de sí las personas procedentes de esas partes del mundo pueden realmente solicitar una tarjeta de residencia.
La administración ha impuesto prohibiciones de viaje y de tramitación de visas a 39 naciones, incluidas Cuba, Venezuela y Haití. ¿Y qué sucede con quienes buscan asilo? Ese proceso se ha vuelto más difícil bajo la presidencia de Trump, ya que su administración rechaza sistemáticamente sus solicitudes, según el Herald. La administración suspendió el programa nacional de refugiados y ha admitido principalmente a sudafricanos blancos en calidad de refugiados.
El USCIS ha declarado que el propósito de la nueva norma es “garantizar que los extranjeros naveguen adecuadamente por el sistema de inmigración de nuestra nación”. Sin embargo, al sumar todas las medidas adoptadas por la administración desde que Trump asumió el cargo, el verdadero objetivo parece ser cerrar las vías de inmigración legal.
Los votantes —especialmente en Miami y en otros lugares que han prosperado gracias a la inmigración— deben preguntarse si esto está haciendo que el país sea mejor y más seguro, tal como prometió Trump durante su campaña electoral.
Todavía existe mucha confusión sobre cómo se aplicarán las nuevas normas —y los abogados han prometido impugnarlas—, pero así es como podrían funcionar:
Un ciudadano estadounidense contrae matrimonio con un extranjero; sin embargo, antes de que el cónyuge pueda obtener la tarjeta de residencia permanente (green card), debe regresar a su país de origen para esperar —durante meses, si no años— la aprobación de su solicitud, lo que podría implicar dejar atrás su empleo y a su familia.
Ahora bien, supongamos que el cónyuge ingresó a Estados Unidos con una visa de turista y permaneció en el país más allá del plazo permitido. Según Kurzban, dicho cónyuge seguiría siendo elegible para obtener la tarjeta de residencia; no obstante, si abandona Estados Unidos para tramitarla, activará una ley federal de 1996 que establece que las personas que permanecen en el país con la visa vencida durante seis meses y posteriormente se marchan, tienen prohibido reingresar por un periodo de tres años. Si la permanencia irregular se extiende por un año o más, la prohibición de reingreso se prolonga a 10 años, señaló.
El objetivo fundamental de esta normativa parece ser convertir a los familiares de ciudadanos estadounidenses en personas sujetas a deportación. Kurzban explicó que, si los agentes federales de inmigración deniegan la solicitud de ajuste de estatus de un cónyuge bajo el argumento de que este no abandonó el país para realizar el trámite, podrían determinar que el solicitante carece de estatus legal y, por consiguiente, queda sujeto a un proceso de deportación.
Para los trabajadores que cuentan con visas patrocinadas por sus empleadores, el panorama podría volverse aún más difícil. Salir de Estados Unidos para esperar la tarjeta de residencia podría poner en riesgo sus empleos y dejar a los empleadores sin mano de obra.
¿Acaso no iba Trump a deportar a “lo peor de lo peor” —en su mayoría, migrantes que cometen delitos—? Nos preguntamos cómo esta última medida contribuye a lograr ese objetivo, dado que el proceso de obtención de la tarjeta de residencia ya exige una exhaustiva verificación de los solicitantes. Si el objetivo es poner fin a las opciones de inmigración legal, entonces la administración parece estar más cerca de lograrlo.
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