Justicia para los médicos cubanos | Opinión
Un fallo de un tribunal estadounidense ofrece esperanzas a médicos cubanos que trabajaron en Brasil bajo un régimen de explotación, no solo del régimen de la isla sino con la complicidad tanto del gobierno brasileño de Dilma Rousseff como de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Dicho fallo, de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, ratifica la pérdida de inmunidad de una entidad extranjera que presuntamente participó como intermediaria financiera en un plan cuyo objetivo fue explotar mediante trabajo forzado a dichos facultativos.
“La OPS no tuvo ningún papel en la trata o el trabajo forzado”, afirma un comunicado de la organización publicado en este periódico, el cual agrega que el programa sirvió para que miles o millones de pobres pudieran contar con un médico, un servicio profesional al cual muchas de ellas nunca habían tenido acceso en su vida.
Sí, puede ser cierto, pero por un precio. El precio para el gobierno de Rousseff —y así evitar la supervisión del Congreso brasileño sobre el programa— y el precio de los $75 millones que se embolsó la OPS, según la demanda.
Ahora, la verdad y la justicia quedan en manos de la corte.
Por supuesto que el principal culpable, que es el gobierno cubano, no será juzgado de inmediato, pero asociarse con criminales implica una responsabilidad y un riesgo.
La práctica médica cubana en el exterior, beneficiosa para miles de ciudadanos de otros países, también contribuye al reforzamiento de un gobierno perjudicial para millones de habitantes en la isla.
Es parte de la lógica de un sistema, que para perpetuarse necesita tanto un objetivo internacional como un enemigo externo: un modelo que se repite en diferentes escenarios —y con diversos medios, tanto pacíficos como violentos— y que siempre se empeña en subordinar el destino nacional a un factor extranjero.
Miles de latinoamericanos han sido atendidos por facultativos cubanos. Las cifras son impresionantes. Pero no hay que olvidar que los servicios médicos en el exterior constituyen una de las principales fuentes de ingreso monetario de un régimen que mantiene el mito de sus profesionales de salud dispuestos a ir a cualquier lado y atender a cualquiera.
El sacrificio de miles de cubanos —en muchas ocasiones brindando asistencia médica en condiciones difíciles— ha sido utilizado para el mantenimiento de un gobierno dictatorial. Por supuesto que en contra de la voluntad —y la capacidad para reclamar sus derechos— de esos mismos profesionales que realizan una labor meritoria en el alivio del dolor y la cura de padecimientos.
Si una clase profesional ha sido hostigada en Cuba a partir de 1959 es la de los médicos. Estos han tenido que sufrir las órdenes y hasta los caprichos de un poder que siempre los ha considerado uno de sus recursos más valiosos.
Hasta en la conversación más simple sobre el tema sale a relucir el hecho de que el estudio de la carrera de Medicina en la isla es gratuito, mientras en Estados Unidos cuesta miles y miles de dólares.
Sin embargo, el régimen nunca necesitó de ese pretexto para retener a los facultativos. En la primera y segunda década tras la llegada de Fidel Castro al poder los médicos que solicitaban la salida del país eran “castigados”, rebajados de categoría, enviados a lugares remotos e impedidos de partir durante años, con independencia de dónde y cómo habían obtenido sus títulos, que por supuesto por aquel entonces no eran resultado de los “logros de la revolución”.
A estos “castigos” se agregó luego otro aún peor: el retener a los familiares —en particular los hijos pequeños— de aquellos que “desertaban“ en el exterior, luego de ser enviados a ejercer su profesión en otros países.
De hecho, el lenguaje establecido en estos casos por el gobierno cubano —y adoptado incluso en cierta medida por las agencias de prensa internacionales— establecía una connotación militar, guerrera de la labor: “misión”, “contingente”, “desertores”.
No estamos en la Edad Media, el gobierno cubano tiene un concepto feudal en muchas de sus decisiones, tanto en su concepción del tiempo como en los recursos a que echa mano en muchas de sus disputas.
En el caso de los médicos, la utilización de los familiares —particularmente de los niños— como rehenes ha sido una práctica execrable. El pago de salarios de miseria, a profesionales con una alta calificación, una norma de explotación inadmisible. Ya es hora que el régimen y sus acompañantes comiencen a pagar por ello.
Alejandro Armengol es un escritor cubano radicado en Estados Unidos. Director editorial de Cubaencuentro.com.