En Cuba acaban de condenar a 127 personas a 1,916 años de cárcel en total | Opinión

Ciento veintisiete cubanos han sido condenados a 1,916 años de prisión por participar en las protestas populares del 11 y 12 de julio pasado. Se incluye a dos menores de 18 años: Giuseppe Belaunzarán Guada y Brayan Piloto Pupo, sentenciados a 10 años. Piloto Pupo, por sedición. Las leyes del Estado Socialista de Derecho cubano aceptan juzgarlos y condenarlos a partir de los 16.

Estremecen los casi 2,000 años de condena a los acusados, y uno se pregunta sobre si dichos procesos judiciales fueron amparados por una apropiada ética judicial, un debido proceso, imparcialidad de los jueces y, sobre todo, la impecabilidad de los abogados defensores en la efectiva protección de sus clientes.

¿Se conocen los nombres de dichos abogados defensores? ¿Se les podrá preguntar cómo fue el proceso a su cliente?

La televisión cubana ha entrevistado a varios, lo sorprendente es que todos dicen que los procedimientos judiciales han sido impecables, ninguno lamenta el fracaso de su defensa. Ninguno tuvo queja de los procedimientos, ni siquiera como excusa de su pobre actividad profesional.

Sucede como en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), donde todos los delegados están siempre de acuerdo, en cómo votar sobre los proyectos propuestos.“¡Sí!”, “¡qué bien!”, abogados defensores y diputados a la ANPP deberían dar cursillos a las familias disfuncionales en cómo ponerse de acuerdo, siempre. Así, el Estado Socialista de Derecho seguirá siendo una joyita.

No es conveniente la impunidad para crimen alguno en una sociedad, eso la degrada, pero tal vez si sea conveniente excederse en las condenas, eso mete miedo, asusta. El gobierno puede mostrar así su mano de hierro, su fortaleza, su no titubeo en la administración de justicia. Aunque los cargos no merecieran tal castigo o no hayan sido probados en la corte; y aunque para algunos observadores, seguramente tan despreciables como los propios condenados, signifiquen en vez de fortaleza, fragilidad y en vez de justicia, abuso.

Ha habido voces tanto de aprobación, como de protesta en Cuba. El gobierno subraya que hubo asaltos a tiendas del Estado y violencia. Y es verdad. Pero sería bueno saber si había en La Güinera, Arroyo Naranjo y la Esquina de Toyo, municipio 10 de Octubre, donde los apresaron a todos, tantas tiendas como 127 o si los 127 condenados se metieron todos a asaltar la misma tienda, —¿cómo Piloto Pupo pudo cometer sedición en una tienda? — y en ese caso, ¿por qué unos salieron con seis años de condena y otros con 30 años?

Hay ciudadanos que apoyan dichas sanciones, encontrándolas incluso suaves, y otros las catalogan como definitivamente injustas y tiránicas. Las comparan con convictos de homicidio que no recibieron tantos años sobre sus espaldas; otros dicen que no son solo injustas, sino perjudiciales, porque los enemigos de la revolución las van a utilizar contra ella desde el extranjero.

¿Valdrá tamaño argumento? Los enemigos de la revolución la atacan siempre, tengan razón o no. Pero en este caso, ¿quién es el responsable de dichas condenas? ¿Es el Estado cubano o no? Es como decir una verdad con marcha atrás.

Son 127 convictos que pagarán cada uno, como promedio, unos 15 años de prisión. Aunque otros afirman, contentos con el “modus operandi”, que nunca se cumplirán esas condenas, que ya el gobierno “los liberará o los cambiará por algo o por alguien”. Estos son los que detectan el horror de esas condenas, pero se auto tranquilizan con la idea de que el gobierno cubano no es tan malo, y para los más pícaros, que representa solamente la franca oportunidad de obtener una plusvalía del dolor ajeno.

No existen medios para saber qué sucedió objetivamente en esos juicios. Aunque tales condenas son tan largas, que recuerdan a Jean Valjean, en Los Miserables, y al inspector Javert siempre detrás de él. El código penal vigente en Cuba admite 15 años de prisión como máxima pena para el delito de homicidio, y a 30 años como máxima para el de asesinato. En los procesos referidos resultaron dos condenas de 30 años, seguidas por 48 entre los 26 y 15 años. El equivalente a 50 muertes como resultado de las protestas.

Pero sin ironía, y un poco de conocimiento de causa, es fácil predecir lo que significarán esas condenas (nunca mejor catalogados: “fallos judiciales”): una nueva mancha de injusticia y abuso en la historia de Cuba, y otro revés lamentable para los intentos de organizar un país como una república institucionalizada; y un Estado Socialista de Derecho, como es, o cómo fue, el propósito original del general expresidente Raúl Castro.

Es la burocracia de nuevo, general, la burocracia con poder y con miedo.

Jorge Dávila Miguel es analista político y columnista de CNN en Español. Twitter: @jorgedavilaCNNE.

Esta historia fue publicada originalmente el 28 de marzo de 2022, 1:43 p. m..