Gina Montaner

Eutanasia, ¿la última libertad?

El científico australiano David Goodall descansa en Basilea, Suiza, junto a su enfermera, Carol O’Neil, el pasado 8 de mayo, dos días antes de fallecer por suicidio asistido.
El científico australiano David Goodall descansa en Basilea, Suiza, junto a su enfermera, Carol O’Neil, el pasado 8 de mayo, dos días antes de fallecer por suicidio asistido. AP

Madrid – Es llegar a Madrid y recuperar los viejos CD’s con temas de artistas que marcaron mi adolescencia. Volver a las canciones de Luis Eduardo Aute y escuchar una vez más aquello de “Vivir es más que un derecho, es el deber de no claudicar”.

No darse por vencido para desentrañar lo que significa “qué es nacer, qué es morir, qué es amar”. Así dice la letra del conocido cantautor. Y justo la escucho coincidiendo con una de las primeras iniciativas que impulsa el recién estrenado gabinete –todavía hay cierto estupor nacional por el cambio fulminante de un gobierno de centro-derecha a uno de corte socialdemócrata– de Pedro Sánchez: una proposición de ley para legalizar la eutanasia y el suicidio asistido en determinados casos.

La propuesta ha sido secundada en el Congreso por todos los partidos de la oposición, salvo el del gobierno saliente del Partido Popular (PP). Frente a lo que defendió la portavoz del Grupo Socialista, al reivindicar que se trataría de la conquista de “la última libertad, el último derecho”, el PP ha respondido que sería “reconocer una derrota política, profesional, médica”, esgrimiendo que la aceptación de la eutanasia es equivalente a no ofrecer otra solución que “la de morir”.

Es el eterno debate, siempre dentro del marco de una sociedad secular, de quienes defienden el derecho a elegir “una muerte digna” con la asistencia de expertos y de aquellos que consideran que el estado no debe, de manera alguna, prestar apoyo para facilitar el tránsito de la vida a la muerte a personas que por razones médicas o una condición crónica y debilitante quisieran contar con la ayuda de facultativos y expertos para morir.

Los socialistas han planteado un proceso “garantista”, en el que la persona que solicite la eutanasia o el suicidio asistido deberá exponer su caso a al menos dos médicos que lo valorarían; habría un plazo de un mes desde el momento en que se hace la solicitud hasta que se ejecute para presentar razones de peso que justificarían el proceso. Un proceso que sólo se admitiría en caso de enfermedad grave e incurable o discapacidad grave crónica. Además, se tendrían en cuenta cuidados paliativos. En un país donde hay medicina pública, la eutanasia y el suicidio asistido estarían cubiertos por la seguridad social, siempre y cuando el médico no tuviera problemas de conciencia para involucrarse y valorar el caso.

En un país como España, donde desde la instauración de la democracia hace ya más de cuatro décadas se ha dado un salto formidable en las libertades, el derecho a la eutanasia ha estado sobre el tapete como una asignatura pendiente. Tal vez el caso más sonado por su repercusión fue el de Ramón Sampedro, tetrapléjico desde los 25 años, convirtiéndose en el primer ciudadano en solicitar judicialmente el suicidio asistido. Sampedro, cuya vida se llevó al cine, no lo consiguió y al final, por medio de la ayuda anónima de amigos, murió al ingerir un veneno. De él se recuerda el lema de “Vivir es un derecho, no una obligación”.

Mientras que en España no ha hecho más que comenzar la andadura que podría establecer el derecho a una “muerte digna”, en Europa la eutanasia es legal en Bélgica, Holanda y Luxemburgo. También lo es en Canadá y Colombia. En cuanto a los Estados Unidos, Oregón, Washington, Montana y Vermont permiten el suicidio asistido.

Los Populares, solos frente a un bloque que, aún con diferencias y matices, coincide en que ha llegado la hora de regular este derecho individual, aseguran que su legalización daría paso a un incremento del recurso de la eutanasia en vez de esforzarse por alargar la vida de los enfermos. Para ellos no sería la normalización de un “fracaso”.

Sin embargo, recientemente el científico australiano David Goodall, quien a los 104 años viajó hasta Suiza para someterse a un suicidio asistido que se le denegaba en su país, explicó que su meditada decisión no surgía de una derrota existencial, sino de la voluntad de decidir cuándo y cómo morir. En una rueda de prensa Goodall dijo: “No soy feliz. Quiero morirme”, añadiendo que lo que le causaba tristeza era que se lo impidieran: “Una persona mayor como yo debe beneficiarse de sus plenos derechos de ciudadano, incluido el derecho al suicidio asistido”. El reconocido académico murió rodeado de sus seres queridos en una clínica en Basilea.

Siguiendo la línea de la canción de Aute, me atrevería a afirmar que en la vida el deber de no claudicar puede incluir el derecho a morir dignamente cuando las circunstancias nos llevan a una travesía que queremos concluir. Eso es lo que hoy está en juego en España.

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