JOSÉ MANUEL PALLÍ: La seguridad del estado (de y “del” derecho) en Cuba y en otros estados

Dedicado a los navegantes del barquito llamado libertad

Durante ya muchos años, ciertamente a partir del 11 de septiembre del 2001, hemos visto en los EEUU una progresiva erosión de nuestras libertades, en aras de una mayor seguridad, y en un proceso atizado por el miedo.

La Quinta, la Sexta, la Séptima y la Decimocuarta Enmiendas a nuestra Constitución, que garantizan (o garantizaban) al ciudadano de los EEUU el “debido proceso” y que no se aplican en el caso de terroristas musulmanes-americanos que viven en el exterior y que no por eso dejan de ser ciudadanos de los EEUU, y aun así son pulverizados sin más por nuestros drones, o confinados a prisión por años, todo esto sin garantías procesales de ninguna especie.

Lo mismo ocurre con la Octava Enmienda, que prohíbe (como lo hacen también una cantidad de tratados internacionales suscritos por los EEUU) el uso de la tortura –prohibida por Obama, pero en la “plataforma” de algún candidato presidencial en esta contienda actual signada por el absurdo.

Y ni hablar de la Cuarta Enmienda, que es ignorada de plano cuando el estado autoriza el espionaje colectivo e indiscriminado de las comunicaciones de sus ciudadanos, sin que medie orden judicial (warrant) alguna.

La propia libertad de expresión no parece sino un obstáculo sin sentido para algún candidato presidencial –abogado, graduado en Harvard nada menos (si yo fuera graduado de Harvard le haría juicio por difamación)– que pretende penalizar a las universidades que decidan boicotear al Estado de Israel apoyando la creación de un estado palestino.

Menciono todo esto no porque pretenda negarle justificación a algunas de esas medidas antagónicas de nuestras libertades que nuestro Homeland Security estima necesarias: cada quien maneja sus miedos como puede. Además, confieso que me parece fascinante la serie Homeland, y empatizo con el vaivén emocional y moral que atraviesa Carrie Mathison cada semana.

Lo menciono porque, en un artículo reciente, un destacado periodista relata como Raúl Castro dio instrucciones a la Fiscalía cubana de conculcar los derechos de propiedad inmobiliaria de una cantidad de sus vecinos habaneros, presumiblemente preocupado por su seguridad personal (y es que son muchos, aparentemente, los cubanos de Miami que compran propiedades en Cuba, poniéndolas a nombre de testaferros: imagínense si la vivienda de alguno de esos vecinos “perteneciera”, en realidad, a alguno de los cinco del Versalles).

Y lo menciono porque me han llovido (literalmente) copias de ese artículo que me envían personas interesadas en saber qué pienso del caso. Y lo primero que pienso es que es hora de que midamos a Cuba –Raúl incluido– con la misma vara que usamos para medirnos nosotros y para medir a nuestros aliados.

Prometo que indagaré más sobre el caso –es muy poquito lo que sé hasta hoy– y les reportaré a quienes estén interesados. Por lo pronto, me quedo con la respuesta que, según el artículo, les dio una joven abogada cubana a quienes le pedían que se encargara de desalojar a los vecinos del comandante: díganle que se mude, o que cambie la ley, pero que esta gente no ha hecho nada ilegal bajo la ley aplicable y no se justifica ninguna acción contra ellos…

Para quienes dicen que en Cuba no hay ni derecho ni abogados (una barrabasada), ni “estado de derecho” –en esto tienen razón probablemente–, esta muchacha colega mía demuestra que, ella al menos, entiende lo que es el “estado de derecho” mucho mejor que algunos de mis vecinos en Miami, no ya los de Raúl Castro en Cuba.

Esta historia fue publicada originalmente el 11 de diciembre de 2015, 11:55 a. m. with the headline "JOSÉ MANUEL PALLÍ: La seguridad del estado (de y “del” derecho) en Cuba y en otros estados."