EEUU sanciona a 8 jueces del Tribunal Supremo de Venezuela por decretos contra Asamblea
El gobierno del presidente Donald Trump sancionó a ocho jueces del Tribunal Supremo de Venezuela, incluido su presidente, Maikel Moreno, como castigo por quitarle todas las facultades a la Asamblea Nacional a principios de este año, una decisión que posteriormente echó atrás debido al amplio rechazo internacional.
Las sanciones incluyen prohibirles viajar a Estados Unidos y congelarles los activos en este país.
Las sanciones son las primeras impuestas por el gobierno de Trump contra miembros de alto rango del gobierno de Venezuela que no están relacionadas con acusaciones de narcotráfico. Las penalidades tienen el propósito de seguir aislando al gobierno del mandatario Nicolás Maduro, que ha estado asediado por semanas de fuertes protestas tras el colapso de la economía, que ha dejado miles de venezolanos con hambre, pocos recursos y exhaustos.
“Estados Unidos no va a permitir que los que obstaculizan la democracia y violan los derechos humanos queden impunes”, dijo al Miami Herald el senador federal Marco Rubio, republicano por Florida quien presionó a favor de las sanciones. Rubio criticó a varios de los jueces por su nombre el miércoles en el pleno del Senado, calificándolos de “marionetas a las órdenes de Maduro”.
El tribunal, compuesto casi en su totalidad por magistrados leales a Maduro, declaró en marzo que asumiría todas las funciones legislativas de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, que fue declarada ilegítima después que el tribunal la declaró en desacato por no obedecer fallos anteriores de la alta corte.
Aunque fue echada atrás, la decisión fue solamente la más reciente de varios fallos que socavaron la autoridad del poder legislativo, dijeron funcionarios del gobierno de Trump a los periodistas el jueves. Uno de ellos se refirió a la “ruptura del orden democrático”.
“Se han burlado de la separación de poderes y han negado al pueblo venezolano el derecho a decidir su futuro”, dijo el funcionario.
El despacho de Rubio trabajó tras bambalinas con la Casa Blanca y el Consejo de Seguridad Nacional para dar forma a las sanciones, que tienen por fin seguir penalizando al gobierno de Venezuela pero no a su pueblo y su economía. El enfoque estadounidense ha sido respaldar a la sociedad civil y pedir elecciones nacionales y la liberación de los presos políticos, a la vez que presiona a otros países de la región a que hagan lo mismo.
Los afectados por las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro son el presidente del tribunal, Maikel Moreno y los siete miembros de la Sala Constitucional: Juan José Mendoza, Arcadio de Jesús Delgado, Gladys Gutiérrez, Carmen Zuleta de Merchán, Luis Fernando Damiani Bustillos, Lourdes Benicia Suárez Anderson y Calixto Ortega.
Las sanciones fueron autorizadas a tenor con una orden ejecutiva de marzo del 2015, firmada por el entonces presidente Barack Obama, que en ese momento sancionó a siete altos funcionarios venezolanos, citando la erosión de las protecciones a los derechos humanos, persecución política y violencia en respuesta a las protestas de los opositores. El Congreso aprobó en diciembre del 2014 iniciativas que buscaban sanciones, y las prorrogó en julio pasado por tres años más.
El anuncio del jueves fue aplaudido por los legisladores republicanos de Miami, quienes junto al senador demócrata Bill Nelson han presionado al gobierno de Trump —al igual que hicieron con el gobierno de Obama— para tomar medidas. El miércoles, Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y amiga de Rubio, trató la situación en Venezuela por primera vez durante una reunión a puertas cerradas del Consejo de Seguridad.
“Es un paso en la dirección correcta pedir cuentas al régimen de Maduro y enviar un fuerte mensaje al pueblo de Venezuela de que no nos olvidamos de sus aspiraciones de un regreso al verdadero orden democrático”, expresó la representante federal Ileana Ros-Lehtinen en un comunicado. (En el 2015, Maduro la calificó a ella, a Rubio y a otros legisladores estadounidenses de “terroristas” y les prohibió entrar a Venezuela).
En Miami vive la mayor comunidad de inmigrantes venezolanos del país y se sabe que funcionarios venezolanos mantienen activos y viajan con frecuencia al sur de la Florida y a Orlando de vacaciones. Aunque las autoridades federales no han revelado qué activos pueden tener los ocho jueces venezolanos en Estados Unidos, las sanciones afectan las transacciones financieras que pasan por Estados Unidos aunque se originen en bancos extranjeros.
Más de 40 personas han fallecido en las últimas seis semanas durante protestas en donde cientos de miles de personas han abarrotado las calles de las principales ciudades de Venezuela.
El jueves por la tarde, el presidente Donald Trump recibió al presidente colombiano Juan Manuel Santos en la Casa Blanca.
“Vamos a hablar de Venezuela”, dijo Trump. “Lo que está sucediendo en Venezuela es muy, muy triste”. Trump dijo que la situación en ese país era “una desgracia para la humanidad” y que trabajaría para “arreglarlo”.
A solicitud de Rubio, Trump y el vicepresidente Mike Pence se reunieron en febrero con Lilian Tintori, la esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López, preso desde hace tres años. Desde entonces, Trump ha citado esa reunión al hablar de la situación en Venezuela con líderes de las Américas, según una fuente familiarizada con las conversaciones.
También en febrero, el Departamento del Tesoro sancionó al vicepresidente venezolano Tareck El Aissami, quien sigue siendo el funcionario venezolano de más alto rango objeto de sanciones. Tras una prolongada investigación, las autoridades federales identificaron a El Aissami como un jefe del narcotráfico y le congelaron activos a su principal colaborador, incluidas varias compañías registradas en Miami y un avión privado.
El Aissami calificó de “mentira grotesca” las alegaciones de narcotráfico.
Esta historia fue publicada originalmente el 18 de mayo de 2017, 4:04 p. m. with the headline "EEUU sanciona a 8 jueces del Tribunal Supremo de Venezuela por decretos contra Asamblea."