Estados Unidos sanciona a 13 importantes funcionarios chavistas
La administración de Donald Trump sancionó este miércoles a 13 venezolanos vinculados al régimen de Nicolás Maduro, cuatro días antes de que el país sudamericano realice unas polémicas elecciones que Washington advierte que convertirá su gobierno en una dictadura.
Con esta medida, Estados Unidos congeló los bienes y canceló las visas de 13 prominentes integrantes o ex miembros del gobierno bolivariano, las fuerzas armadas, y la compañía estatal de petróleo, en un intento de seguir castigando a los aliados de Maduro por participar en acciones antidemocráticas.
La Casa Blanca anunció el miércoles que el gobierno de Venezuela está expuesto a medidas adicionales si Maduro procede con la elección de la Asamblea Constituyente como ha prometido.
Ocho de los nombres anunciados coinciden con la lista de 10 venezolanos que los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez enviaron el martes al presidente Donald Trump como posibles blancos de sanciones.
Entre las personas sancionadas se encuentran Elías Jaua, quien se desempeñó como vicepresidente entre 2010 y el 2012, y ministro de relaciones exteriores entre 2013 y 2014; Néstor Reverol, ministro de Relaciones Interiores; Alejandro Fleming, quien se desempeñó como viceministro para América del Norte y Europa entre el 2015 y el 2016; Sergio Rivero Marcano, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana; y Franklin García Duque, ex director general de la Policía Nacional Bolivariana.
Los otros ocho funcionarios que fueron sancionados son Tibisay Lucena, presidenta del Concejo Nacional Electoral; Carlos Erick Malpica Flores, director del Departamento del Tesoro; Iris Varela, ministra del Sistema Correccional Venezolano; Tarek William Saab, defensor del Pueblo; Jesús Suárez Chourio, comandante del Ejército Bolivariano; Carlos Alfredo Pérez Ampueda, director general de la Policía Nacional Bolivariana; Simón Zerpa, vicepresidente de finanzas de la Compañía Estatal Petrolera PDVSA; and Rocco Albisini, presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior, conocido como CENCOEX.
Las dos personas de la lista de Menéndez y Rubio que no fueron incluidas son Carlos Alberto Osorio Zambrano, jefe de la región estratégica de defensa integral, y Rodolfo Clemente Marco Torres, general de brigada. No está claro por qué estos funcionarios fueron excluidos, pero Rubio y Menéndez dijeron el martes que planeaban ofrecer más nombres a la administración, que la semana pasada dijo que ya tenía una lista “amplia” de otras personas que podrían ser sancionadas.
Para mantener la presión sobre Maduro y sus seguidores cercanos —y quizás generar un distanciamiento entre ellos— más sanciones podrían ser impuestas incluso antes de la elección del domingo para escoger una Asamblea Constituyente que tendría pautado reescribir la Constitución del país. Esta decisión eliminaría efectivamente todo el poder de la Asamblea Nacional que fue electa democráticamente y en donde la oposición a Maduro es mayoría.
En declaraciones a los miembros del Congreso, la Casa Blanca dijo que ha tratado estratégicamente de enfocarse en los líderes militares y miembros del gobierno venezolano que estén involucrados en organizar la votación a la Asamblea Constituyente, así como individuos que según Estados Unidos han violado los derechos humanos y estén involucrados en casos de corrupción.
Después de que la semana pasada la oposición venezolana celebrara un voto simbólico masivo rechazando la Constituyente de Maduro, Trump advirtió que la Casa Blanca tomaría “acciones económicas fuertes y rápidas” contra “un mal líder que sueña con convertirse en un dictador”. Funcionarios de alto rango reafirmaron el miércoles que están considerando todas las opciones disponibles.
Además de castigos a individuos, la medida más drástica de la administración Trump después de la votación sería implementar sanciones directas a la industria petrolera venezolana, prohibiendo las importaciones de petróleo del proveedor número 3 a Estados Unidos.
Pero algunas figuras regionales, incluido el jefe de la Organización de Estados Americanos, se oponen a un embargo petrolero, y Rubio y otros, que han dedicado tiempo a persuadir a los líderes latinoamericanos para que presionen a Maduro, preferirían evitar una sanción petrolera que podría dividir a esta coalición.
En cambio, Estados Unidos podrían optar por restringir las transacciones financieras con Venezuela, un enfoque que intentaría limitar la capacidad del gobierno de Maduro para endeudarse para pagar los intereses de la deuda.
Estados Unidos comenzó a sancionar a algunos miembros del gobierno venezolano en 2015, acusándolos de vínculos con el narcotráfico. En febrero de este año, el gobierno de Trump añadió al vicepresidente Tareck El Aissami, calificándolo como un capo de la droga. El miércoles, un alto funcionario de la Casa Blanca por primera vez calificó los activos de El Aissami de “cientos de millones de dólares” —más de lo esperado por Estados Unidos— y dijo que fueron “escondidos en cuentas bancarias de todo el mundo”.
En mayo, Estados Unidos también penalizó a ocho jueces del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela después de que la corte, compuesta de seguidores de Maduro, intentó asumir las funciones de la Asamblea Nacional. El martes, diplomáticos venezolanos de algo rango acusaron a Rubio y a la CIA de conspirar secretamente para derrocar al gobierno de Maduro.
Esta historia fue publicada originalmente el 26 de julio de 2017, 11:57 a. m. with the headline "Estados Unidos sanciona a 13 importantes funcionarios chavistas."