¿Una conferencia insulsa?

Me dicen que pasó inadvertida en casi toda Iberoamérica. Y en Washington, D.C. Me refiero a la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica celebrada hace dos semanas en nuestra Florida International University. El vicepresidente Mike Pence, y los secretarios de Estado, Rex Tillerson, y de Seguridad Interna (Homeland Security), John Kelly, copresidieron la reunión con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray Caso, y su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. También asistieron los presidentes de Guatemala y Honduras, Jimmy Morales y Orlando Hernández, y el vicepresidente de El Salvador, Oscar Ortiz.

Tenía la esperanza de que el primer encuentro multilateral relacionado con América Latina que la Administración Trump convoca nos permitiría entender con mayor claridad la naturaleza de su política hacia una región que, para el Sur de la Florida, está mucho más cerca cultural y económicamente que Kansas o Montana. Pero salvando los casos de México y Cuba, la política latinoamericana del presidente Trump da la impresión de ser un proyecto embrionario en busca de definición y de padrinos y madrinas influyentes en la Casa Blanca.

La Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad no nos ofreció las claves de una nueva política centroamericana de Estados Unidos, sobre todo hacia los países que integran el infernal Triángulo Norte –Guatemala, Honduras y El Salvador–, una de las zonas más violentas del planeta y la fuente de casi toda la emigración ilegal centroamericana hacia Estados Unidos. Sabemos que el presidente y su fiscal general Jeff Sessions quieren eliminar este flujo migratorio. Y sabemos que ambos afirman que una de las prioridades de su política de seguridad es acabar con la Mara Salvatrucha, la MS-13. Esta repelente mafia transnacional nació en las prisiones de California, fue exportada a El Salvador y ahora depreda en el Triángulo Norte y Estados Unidos.

Quizás Pence, Tillerson y Kelly dijeron cosas de gran alcance a puertas cerradas en la Conferencia. Pero con algunas excepciones, de cara al público la reunión presentó temas empaquetados en las generalidades vacuas y altisonantes que suelen caracterizar los arranques retóricos en estos encuentros. Así, los asistentes discutieron “políticas y acciones para promover el desarrollo sostenible e incluyente, que atiendan los factores vinculados a la inversión, el crecimiento y la mejora de las condiciones de los ciudadanos de la región”. Todo eso está muy bien, ¿pero cómo se lleva a la práctica? ¿Y qué instituciones financiarán estas “políticas y acciones” ahora que la Casa Blanca está privilegiando recortes profundos en los programas estadounidenses de asistencia internacional?

Es cierto que los “entregables” (deliverables) que se difundieron en la conclusión de la Conferencia conforman una lista de objetivos loables. Por ejemplo, la eliminación de barreras no arancelarias, la integración de los mercados energéticos, la transparencia en los procedimientos comerciales y aduaneros, y lo más importante, el “reforzamiento” de la seguridad ciudadana (en una región con una de las tasas más altas de homicidios en el mundo) y el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones encargadas de la seguridad y la administración de la justicia para combatir las mafias y la corrupción rampante.

En lo referente al tema de la seguridad los representantes del gobierno mexicano señalaron que la migración ilegal desde el Triángulo Norte no sólo es un resultado de la terrible inseguridad que sufren salvadoreños, guatemaltecos y hondureños. También es una consecuencia de la falta de “desarrollo sostenible”. El secretario Kelly declaró más o menos lo mismo en un viaje reciente a Guatemala. Lo que los funcionarios mexicanos no quisieron reconocer es que su calamitosa cruzada contra los narcos ha contribuido decisivamente al aumento de homicidios y otros delitos violentos en el Triángulo Norte. La guerra que comenzó el expresidente Felipe Calderón aceleró el traslado a Centroamérica de muchas operaciones de poderosas mafias mexicanas: los Zetas, el cartel de Sinaloa y el cartel del Golfo. Su plata abundante paga asesinatos, la corrupción de funcionarios públicos a todos los niveles y el reclutamiento de maras locales.

La única política que puede contrarrestar los efectos de un cataclismo que también afecta a México y Estados Unidos, es la despenalización, regulación y tributación de las drogas ilícitas. Desgraciadamente, es una política que todavía no se atreven a discutir los participantes en conferencias como la que se acaba de celebrar en Miami.

Esta historia fue publicada originalmente el 25 de junio de 2017, 1:13 p. m. with the headline "¿Una conferencia insulsa?."